“Tres últimos pedidos, señor ministro: Dé trámite al proyecto de Reparación Histórica para La Niñez Indígena, que ya se encuentra en vías de revisión en el Ministerio y que también fuera presentado por el diputado Daniel Arroyo, para afrontar el flagelo de las muertes de niñas, niños y adolescentes a causa de las condiciones de extrema pobreza que se viven en el Chaco salteño y que se vienen arrastrando desde hace siglos”, es la principal petición que realizó la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, en la extensa renuncia que presentó ante el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
Los otros dos pedidos fueron que se “eleven al Poder Ejecutivo los proyectos de ley para la instrumentación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que la democracia adeuda a las comunidades desde 1994, cuando se reformó la Constitución”, y que se arbitren “los medios necesarios para lograr los consensos a los fines de obtener la media sanción que resta en la Cámara de Diputados a la prórroga de la ley 26.160”, que declara la emergencia de la propiedad comunitaria indígena, ordena su relevamiento y suspende los desalojos.
Por último, solicitó que se impulse “el proyecto de formación integral para funcionarios públicos en derecho indígena, al estilo de la Ley Micaela, que nosotros hemos bautizado “Ley Darío Duch”, porque aún hay jueces y fiscales que parecieran desconocer la normativa indígena”.
Por el momento, la situación de las infancias originarias en general y la wichí en particular, continúa en riesgo. Esto pese a la confirmación de la Corte de Justicia salteña de dos medidas cautelares presentadas por la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ) y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), para dar algunas soluciones mínimas al problema de acceso a la salud de estos pueblos. Pese a los pedidos de informe remitidos por el máximo tribunal salteño al Ministerio de Salud de la provincia en cuestiones que enmarcan los amparos, hasta ahora no hubo respuestas. Se estima que son más de 50 las muertes de niños y niñas de las poblaciones originarias por causas evitables.
El Volcán de Llullaillaco, sitio sagrado
En el apartado que menciona la creación del Área de Identificación y Restitución de Restos Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados, Odarda se refirió también al alcance que tuvo la resolución que declara sitio sagrado al Volcán de Llullaillaco.
Esta posibilidad ya abrió la puerta al debate de la restitución de los cuerpos de las dos niñas y el niño extraídos del Volcán de Llullaillaco a las comunidades originarias de la zona de Tolar Grande, en la Puna salteña. Sin embargo, hasta el momento funcionarios de la provincia se mostraron reticentes a esa posibilidad, y se continúa erigiendo al Museo de Antropología de Alta Montaña (MAAM) como uno de los atractivos turísticos culturales más visitados en la capital salteña.
Acciones en territorio
Odarda recordó que junto a la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, en articulación con la Secretaría de Coordinación Militar en Emergencias del Ministerio de Defensa de la Nación, se sigue trabajando en la implementación del plan de contingencia para garantizar la provisión de agua segura en poblaciones rurales dispersas, además de la entrega de los primeros tinacos en las comunidades indígenas de la zona de Santa Victoria Este, ubicado en el departamento Rivadavia, en el extremo noreste de la provincia.
Referenció además que en el marco de la Mesa de Trabajo Interministerial vinculada al diseño de diagnóstico, planificación y ejecución de operativos de documentación y prestaciones sociales en la zona declarada en emergencia socio sanitaria en la provincia de Salta (los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia), se llevaron a cabo doce operativos para proveer DNI a personas de comunidades indígenas localizadas en Orán, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Tartagal, General Mosconi, Urundel, entre otras. “Aún falta mucho por hacer en este sentido e INAI seguirá siendo parte de los mencionados operativos”, añadió Odarda.
Proyecto Octorina Zamora
La ahora ex presidenta del INAI recordó además que también se llevó adelante la primera denuncia penal como organismo ante los tribunales salteños por los “aberrantes casos de abuso sexual en grupo en base a la discriminación racial” que sufren niñas y mujeres en distintas provincias del país.
Esta denuncia se hizo sobre la base del incansable trabajo de Octorina Zamora, mujer wichí fallecida en junio último. Odarda también reseñó que estaba en vista el trabajo del proyecto de ley Octorina Zomora, con el objetivo de que el Código Penal tipifique este delito en base a la discriminación por género, raza o etnia.
En el marco del diseño de las acciones orientadas a dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del "caso comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina", sostuvo que se continúa participando en la articulación con distintos organismos gubernamentales con el fin de planificar las distintas etapas del plan de acción exigido por la sentencia. “En este período, se trabajó en la producción de cartografía fija e interactiva, de las comunidades que se encuentran en territorio de Lhaka Honhat (ex Lotes 14 y 55 de la provincia de Salta)”, señaló. Destacó que “hace escasos días se firmó el convenio con la Provincia de Salta para iniciar los trabajos de relevamiento y demarcación territorial con fondos propios de INAI”.
