La Sala VII del Tribunal de Juicio, presidido por el juez Federico Diez, e integrado por Paola Marocco y Francisco Mascarello, condenó ayer a Gregorio Osvaldo "Goyo" Suárez (32) a prisión perpetua por el femicidio de Martina Juliana Díaz, quien tenía 25 años cuando fue asesinada y era madre de cuatro niñxs. Esta joven pertenecía a la comunidad indígena diaguita calchaquí de Jasimaná en el municipio de Angastaco, departamento San Carlos. 

El fallo fue el que esperaba la familia de la víctima. La hermana, Amada Díaz, dijo a Salta/12 que están conformes con la sentencia porque es lo que habían solicitado al Tribunal. 

La familia de Martina tuvo que hacer un gran esfuerzo para presentarse a declarar el primer día de este debate, realizado a más de 240 kilómetros de donde sucedieron los hechos, y debió volver el mismo día, porque no podían quedarse hasta la sentencia en la ciudad de Salta por falta de recursos económicos. 

La madre y el hermano de la joven hicieron un largo viaje, desde el paraje Vaca Corral, caminando alrededor de 10 horas hasta Pampa Llana, desde donde pudieron salir en un vehículo hasta el pueblo de San Carlos, lugar donde se encontraron con Amada para tomar un colectivo hasta Salta Capital.

En el juicio se determinó que Suárez fue autor material y penalmente responsable de homicidio calificado agravado por la relación de pareja, por haber mediado violencia de género y por el uso de arma de fuego. También fue condenado por la tenencia simple de arma de uso civil. 

El Tribunal ordenó que el ahora condenado permanezca alojado en la Unidad Carcelaria 1, más conocida como cárcel de Villa Las Rosas, ubicada en la ciudad de Salta.

Además, el tribunal rechazó un planteo de inconstitucionalidad a la pena de prisión perpetua formulado por el defensor público Marcelo Di Bez, quien representó a Suárez.

La fiscala de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, consideró probada la acusación contra Suárez y pidió prisión perpetua. En sus alegatos, escuchados ayer mismo, recordó que el ataque fue el 15 de mayo de 2019, a las 23, en el paraje El Catrial, de Angastaco. En ese lugar residían Martina y su familia política Guitián- Suárez. El impacto de la bala fue en la zona abdominal y le produjo la muerte varias horas después, pasado el mediodía del 16 de mayo. Suárez dijo que el disparo fue accidental pero para la Fiscalía y la querella esa versión resulta inverosímil.

Díaz no tuvo atención médica, según señaló la Fiscalía, el lugar donde se hallaba era de serranías, de difícil acceso, no hay señal telefónica, tampoco caminos ni señalizaciones. La policía demoró varias horas en llegar. Uno de los baqueanos que guió al personal policial se presentó a declarar este viernes, pero como la etapa de la ronda testimonial ya había concluido no pudo aportar su testimonio en el juicio.

El baqueano contó a Salta/12 que aquel día los efectivos fueron desde Cafayate, no encontraban un guía, hasta que se lo pidieron a él y decidió acompañarlos por tratarse de una joven de su misma comunidad. Indicó que anduvieron varias horas, con trayectos en moto y otros a pie y que a su regreso cargaron el cuerpo de la víctima a lomo de burro para poder trasladarla. Contó que escuchó que los policías mencionaron que intentarían pedir un helicóptero, pero en su parecer la joven ya estaba fallecida, y finalmente el helicóptero no fue solicitado. 

La fiscala detalló que el acusado Gregorio, su hermano Pascual Suárez y el tío de ambos, Faustino Guitián, residían en El Catrial junto a la víctima. La joven tenía tres hijos en común con el hijo de Faustino, Mauro Guitián, con quien convivió más de 10 años, hasta que fue detenido y condenado por cometer un homicidio. Ella vivía allí, donde tenía su hacienda y temporalmente iba y venía entre ese lugar y Pampa Llana, donde sus hijos iban a la escuela con un régimen especial de verano y se quedaban en casa de su hermana melliza, Amada.

Según el informe ambiental, Martina y Gregorio Suárez comenzaron una relación sentimental en 2018. La fiscala recordó que luego del femicidio lxs hijxs de la joven contaron sobre este vínculo a su abuela y a su tía. Incluso mencionó que la hija mayor, de 14 años, relató que antes hubo situaciones de violencia y "amedrentantes, con arma de fuego", de parte del acusado contra su madre y dijo que por ello le tenía miedo.

Poma recordó que después del ataque, el hermano del acusado caminó 10 horas hasta Pampa Llana y allí avisó a uno de los hermanos de la víctima. Este hombre fue primero a El Catrial, la vio herida, en un catre, Martina le pidió que cuidaran de sus hijos y dijo que "quien la había lastimado era Goyo Suárez". 

La fiscala señaló que la madre y lxs hermanxs de la víctima hicieron largos trayectos caminando para llegar al lugar, y lo primero que hicieron fue preguntar lo que había pasado. "Faustino y Pascual fueron contestes en comentar como habían sucedido los hechos, coincidentes", sostuvo Poma. Estos dos hombres no fueron ubicados por la Policía ni por el Tribunal para notificarlos de que debían presentarse a declarar en el juicio, pero ambos habían testificado durante la investigación penal preparatoria por lo que esas afirmaciones se incorporaron como prueba.

Los testimonios del hermano y el tío del acusado fueron claves para determinar su culpabilidad. Pascual y Gregorio estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Pasadas las 21 llegó Martina, caminando desde Pampa Llana. Recibió reclamos del imputado, “cargoseadas”, "molestias", sobre por qué no había regresado días anteriores, en tono de “celos”. Se generó una discusión entre Gregorio y Martina, "en un escenario de celos", en el que el hombre le decía que no había vuelto porque tenía otra relación y le pedía el celular "para ver si tenía una relación paralela". "Según Pascual Suárez, la discusión subió de tono, con efecto violento. (Gregorio) intentaba quitarle el celular por la fuerza. Va escalando en violencia la discusión, (el acusado) sale de la vivienda, Martina (fue) detrás de él. En ese momento se escucha el disparo", detalló la fiscala.

Pascual dijo que vio a Martina lesionada, y a "Goyo" con el arma en la mano, se la quitó y la tiró en la parte de atrás de la casa. El agresor se escapó por una peña, levantó el arma y se la llevó, yéndose a los gritos con "dichos amedrentantes", refirió la fiscala. Faustino, que estaba acostado, se levantó y entre los dos asistieron a Martina. 

Gregorio Suárez permaneció 20 días prófugo por la zona de serranías, la Policía pudo apresarlo en jurisdicción de la provincia de Catamarca, cerca del límite fronterizo interprovincial.

La fiscala refirió que durante el período en que estuvo prófugo, "Muchos vecinos presentaron una carta manuscrita" en la que pedían que lo apresen por el temor que le tenían. Según indicó la policía de la localidad de Belén, en Catamarca, ese miedo estaba fundado en que el acusado tenía antecedentes de violencia contra su expareja con quien tiene cuatro hijxs, a quien ya había herido antes de gravedad con arma blanca, estos hechos se denunciaron en esa provincia. A criterio de lxs vecinxs, las autoridades no habían dado la respuesta necesaria ante esas denuncias, porque Gregorio Suárez estaba libre y luego mató a Díaz.

Prision perpetua

El defensor de Suárez había pedido el cambio de calificación a homicidio culposo y tenencia simple de arma y una condena de 4 años de prisión efectiva. 

En subsidio, Di Bez solicitó la declaración de la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y que se dictara una pena en la escala comprendida entre los 12 y los 35 años. El defensor consideró la perpetua como "una pena de muerte postdatada", también "cruel, degradante e inhumana", ya que dijo que con las últimas reformas del Código Penal, es vitalicia y no permite la externación, ni la resocialización, ni la libertad condicional o el otorgamiento de beneficios conforme a la progresividad de la pena.

Al decir sus "últimas palabras" al tribunal antes del veredicto, Suárez se limitó a pedir si le podían bajar "un poquito los años" de la condena. "De corazón le pido", le dijo al juez Diez.

La defensora de género Liza Medrano, constituida como querellante, también alegó de forma extensa adhiriendo a los pedidos de la fiscala. Además, señaló la necesidad de valorar la prueba en conjunto y "el contexto en el que ocurre la agresión" ante causas que implican violencia de género. La funcionaria indicó que en la zona donde fue asesinada la víctima, las mujeres indígenas no tienen herramientas ni acceso a lugares para pedir asistencia cuando sufren violencia de género. Señaló que el Estado no ha llegado hasta allí con herramientas humanas y técnicas para asistirlas.

Huérfanxs por femicidio

La hermana Martína Díaz, Amada (28), se hizo cargo de sus cuatro sobrinxs huérfanxs por el femicidio, para evitar que fueran institucionalizadxs. Lxs chicxs hoy tienen 14, 9, 7 y 6 años de edad, han accedido a la Ley Brisa, una pensión económica para hijxs de las víctimas de femicidio.

Además, Amada tiene tres hijxs, y con lxs niñxs de la víctima, está criando a 7 chicxs. La jove explicó que percibe también la asignación universal por hijo. Contó que todxs lxs niñxs van a la escuela en Pampa Llana, donde las clases empiezan el 25 de agosto y terminan a fines de mayo o junio.

Amada tiene su casa en Pampa Llana, pero en vacaciones, durante junio, julio y agosto, debido al frío extremo en los cerros, alquila una pieza en San Carlos o en Cafayate, para mitigarles a lxs chicxs el sufrimiento de la exposición a las bajas temperaturas, evitar que enfermen y también para que se despejen, y para que sus sobrinxs "se tranquilicen, no piensen en su mamita, para que estén bien". 

"Muchas veces me falta dinero para pagar una piecita más grande para poder tener a los chicos, me hacen falta camas, no tengo ni en qué traer de allá de Pampa Llana", contó Amada. Recordó que después del femicidio, una supuesta funcionaria de la que no recuerda su nombre fue a verla cuando estaba alquilando en Cafayate, dijo que le hicieron un informe con la solicitud de una mesa y camas pero hasta la fecha no le hicieron llegar nada. Añadió que lxs niñxs también tienen necesidad de abrigo.