Nada. En tres años, los diarios alineados con el macrismo no publicaron ni una nota sobre el juicio de las rutas de Santa Cruz. La razón: audiencia tras audiencia la acusación fue recibiendo palizas catastróficas. Le declararon en contra hasta los propios testigos de la fiscalía. Ahora, esos mismos medios cubrieron extensamente el alegato de los fiscales que roza lo insólito: no pudieron recurrir a nada del propio juicio. La casi totalidad de sus argumentos provienen de otros expedientes que los jueces les autorizaron a usar el último día del juicio, o sea que no se discutieron nunca en las audiencias. 

Aun así, son argumentos que no demuestran nada. Los usaron para hacer ruido mediático. Los fiscales no se privaron incluso de hacer papelones descomunales equivocando pruebas como principiantes. Por ejemplo, dijeron que 17 obras no fueron votadas por el Congreso Nacional sin advertir que sí fueron votadas, pero con otra denominación, ésta última otorgada por la Comisión de Presupuesto del Congreso. O se plantaron en la ruta provincial 288 en la que se presupuestó un terraplen y se preguntaron "¿dónde está el terraplén? ¿Acá no se ve ninguna elevación?" La realidad es que en llanuras como las patagónicas, el terraplen se construye bajo tierra porque las elevaciones producen inundaciones y, por ejemplo, podría ahogarse el ganado. 

Nada importa. Tras la derrota en cada una de las audiencias desde mayo de 2019, Diego Luciani y Sergio Mola sólo se concentraron en producir humo, jueguito para la tribuna, tratando de presentar como flamantes las pruebas ya demolidas en el juicio.

El truco de la asociación ilícita

Todo el show mediático derivará en los pedidos de condena que, como ya se había adelantado hasta el cansancio en los medios que les marcan el paso, inclusive en las tapas de Clarín y La Nación de este domingo, serán altos y por los dos delitos en juego: asociación ilícita y defraudación al estado. Lo de la asociación ilícita, se sabe, es el truco que se usa cuando no hay pruebas para vincular a las personas con el delito y entonces se argumenta que pertenecer a la banda es el delito en sí mismo. Se creó para poder condenar a los miembros de los sindicatos o de las organizaciones guerrilleras, aunque no hubiesen cometido ningún delito.

Aún así, con Cristina Kirchner y también con Julio De Vido tienen un problema serio. No aparecen firmando ninguna resolución, ningún decreto, no hay un mail ni un whatsapp donde den una instrucción o una orden que favorezca a Lázaro Báez. 

Lo único que el dúo Luciani-Mola esgrimió --sacado de la causa en la que condenaron a José López por los nueve millones de dólares que tiró en el convento de General Rodríguez-- son dos (2) mensajes en los que López le dice a un gerente de Báez que hablará con CFK por una cuestión de pagos a Austral Construcciones. Un mensaje es de 2014 y el otro en 2015 de López y un secretario de CFK, es decir no hay siquiera algo de Cristina misma. Y, por su parte, existen registros de dos aparentes reuniones de Báez con CFK en Olivos, ambas en 2010. Esa es la curiosa  "prueba" de una "asociación ilícita".

Votadas por el Congreso, controladas por la provincia

La realización de las obras fue votada, en todos los casos, por el Congreso Nacional, en las leyes de Presupuesto. Las licitaciones las hizo la provincia de Santa Cruz, que también adjudicó las obras y ejerció el control. O sea, el gobierno nacional -CFK o Julio De Vido- nunca tuvieron ninguna intervención decisiva. Y, de acuerdo a la auditoría mandada a hacer por el propio macrismo, no se pagó nada que no se hubiera construido y lo construido fue de buena calidad. 

Parte de las obras fueron abandonadas porque el gobierno de Mauricio Macri canceló todo el financiamiento, de manera que las constructoras -la de Báez y la mayoría de las demás- tuvieron que frenar los trabajos. Eso mismo no ocurrió en 2019 cuando asumió el Frente de Todos: las obras se continuaron.

Los fiscales dijeron que los diputados y senadores votaron la mayoría de las obras, pero que no les mandaron toda la información. Es decir, los legisladores fueron ineptos y les pasaron por arriba. Hay que tener en cuenta que todos los miembros del Congreso pelean las obras para sus provincias, de manera que le dan muchísima importancia a las leyes de presupuesto. Pero, además, transcurrido el período se vota lo que se llama Cuenta de Inversión, que es la aprobación de lo que se hizo con los fondos. Todas las revisiones de la época de Cristina fueron aprobadas por el Congreso.

Cuando dependía del Gobierno nacional, Báez no ganó

Durante el juicio testimoniaron varios empresarios, incluyendo al primo de Macri, Angelo Calcaterra. Todos sostuvieron que no hubo irregularidades y que Báez ganó porque tenía todo el personal y toda la maquinaria disponible y habiendo sido el gerente general del Banco de Santa Cruz, jugaba muy de local en la provincia. Eso mismo ocurre en numerosos distritos, donde una empresa acumula algo parecido al 80 por ciento de las obras: ocurre en Jujuy, San Juan y Misiones, entre otras.

En Santa Cruz no sólo se hicieron rutas. También hubo un enorme presupuesto para obras eléctricas. Las licitaciones fueron hechas nacionalmente, no en Santa Cruz, pero bajo el mismo gobierno, aquí en Buenos Aires, y rigiendo la misma “asociación ilícita”, Báez no ganó ninguna obra, entre otras cosas porque no tenía la maquinaria adecuada. 

También perdió la licitación más importante de la historia de Santa Cruz, referida a las centrales Jorge Cepernik y Néstor Kirchner. En ese concurso fue asociado al primo Angelo, el hombre del Grupo Macri.

Los fiscales, 3 años de papelón en papelón

A lo largo del juicio quedó evidenciada la mala investigación original -sin siquiera una pericia- y la desastrosa preparación de Luciani-Mola. Página/12 publicó no menos de 50 notas sobre las audiencias, mientras los medios alineados con el macrismo escondían el papelón.

Como estaba cantado, también en los alegatos los fiscales cometieron auténticos bloopers.

  • No hay terraplén. El geógrafo, especializado en obras viales, Guillermo Sordo, reflejó el grotesco de una presentación de Luciani sobre la ruta provincial 288. Exhibió fotografías de un técnico --los fiscales nunca fueron a las obras-- y sostuvo que el terraplén presupuestado nunca se hizo porque no se veía ninguna elevación. Sordo --reflejado por los periodistas Ariel Zak y Juan Amorín--, tuvo que explicarle al fiscal que en una llanura no se hace el terraplen por elevación, sino que va bajo tierra. Si fuera una especie de montaña, provocaría inundaciones, muertes de ganado y juicios contra el estado. “Se excava un cajón para meter los cimientos”, sintetizó Sordo en diálogo con Página/12. “Es obvio que no se puede poner asfalto sobre la tierra. Debajo tiene ese compactado que evita que el agua se filtre y se produzca una depresión. Pasan camiones por ahí”. La conclusión de Luciani fue que el terraplén no se hizo y, por lo tanto, hubo sobreprecios.
  • El Congreso no autorizó. Luciani anunció con pompa que había descubierto que una parte de las obras -17- nunca fueron votadas por el Congreso Nacional. Por ejemplo, la ruta provincial 25 no figura con ese nombre en el presupuesto, sino que se votó en el llamado "Inciso 5, transferencias a instituciones provinciales". Dentro del inciso 5 figura efectivamente como ruta Provincial 25.
  • El testamento de Báez: Como sucede con las otras pruebas metidas improvisadamente en el alegato, Luciani quiso dar a entender que las propiedades de Báez son de los Kirchner. El análisis de ese documento fue hecho en su momento por el juez Sebastián Casanello en la causa de La Ruta del Dinero. Los beneficiarios del testamento son los cuatro hijos del constructor, pero tiene una cláusula que les impide dividir los bienes por 30 años. El objetivo es evitar las peleas entre los hijos y mantener la empresa y los bienes como una unidad. Pero no significa que Báez no puede disponer de los bienes o que los bienes son de otro. Es una cláusula habitual en testamentos de empresarios.
  • Hoteles: Luciani-Mola utilizaron en el alegato que Lázaro Báez y Néstor Kirchner tuvieron relaciones comerciales. Es público y notorio. Con contratos en blanco, escrituras y transferencias bancarias. Y que Valle Mitre, de Lázaro Báez, le pagó a la familia Kirchner el alquiler mensual del hotel Alto Calafate. Según la defensa ejercida en esa causa --ya en 2015-- era el valor de mercado y un cálculo hecho por este diario, implicaba unos 129 pesos por cada una de las 103 habitaciones. Por entonces, había cuartos que se alquilaban a 1.600 pesos. Los Kirchner se dedicaron al alquiler de propiedades desde antes que Néstor Kirchner tuviera su primer cargo: intendente de Río Gallegos.

Antes de manejar los expedientes judiciales más conocidos de Comodoro Py, el mismo juez, Julián Ercolini, sostuvo en otra causa que un presidente puede mantener su actividad comercial. Fue en relación a un contrato de la familia Kirchner con un importante contratista de obra pública, ya fallecido, Juan Carlos Relats. El tema motiva muchas polémicas a nivel mundial, por ejemplo, cuando Donald Trump realizó actividades oficiales en sus resorts y hoteles.

Un juicio de fachada

Como se ve, los fiscales salieron a pescar en otros expedientes porque no pudieron conseguir pruebas en este juicio. Y las que exhibieron, fueron refutadas en las audiencias con el testimonio de empresarios, exfuncionarios, actuales funcionarios. Los contadores de los fiscales y de las defensas firmaron una pericia unánime de que no hubo sobreprecios y los ingenieros discreparon entre ellos respecto de esa cuestión, aunque los que dictaminaron la existencia de sobreprecios hicieron agua en las audiencias. El tema debió resolverse con más testimonios de peritos que dirimieran cuál era la metodología correcta.

Lo concreto es que Luciani-Mola tuvieron que traer pruebas de otras causas porque no había forma de encajar a CFK en el esquema. En el Frente de Todos dicen que ya todo está digitado: juegan al fútbol juntos, fueron de visita a Casa Rosada y, como ocurre en Brasil, Ecuador, Bolivia, lo que rige es la utilización de la justicia para la persecución política. Eso que el fiscal dice que no existe: el lawfare. Basta decir que lo que decida el Tribunal Oral será revisado por jueces que iban a jugar al paddle a Olivos o visitaban asiduamente la Casa Rosa. O sea, todo indica que el juicio fue solo una fachada y tienen el paquete atado.