Las mujeres de la Policía de Santa Fe, organizadas en red, reimpulsan en la agenda legislativa el proyecto de ley de creación del Centro Integral con Perspectiva de Género (Cipgen), que hace dos años Diputados aprobó pero naufragó en el Senado y así perdió estado parlamentario. Es un instituto con el que –esperan– la mirada de género podría abrirse más camino y llegar a naturalizarse en la formación de cuadros, en una fuerza de seguridad atravesada por hábitos y criterios de la hegemonía patriarcal, machista.

Por esa causa la Red de Mujeres Policías encaró la segunda encuesta al interior de la fuerza para demostrar las desigualdades de género que persisten. Discriminación en la carrera policial, acoso laboral, sexual y otras variantes de violencia machista. Pero necesitan engrosar la dimensión de ese sondeo para imponer un argumento de peso en la Legislatura que obligue en lo político a sancionar la ley de una vez por todas. A priori, esta vez trabajaron consensos para superar el trámite parlamentario. 

En este segundo intento, el colectivo feminista reingresó el proyecto a Legislatura por la Cámara de Senadores, la instancia donde antes se trabó, solo que esta vez lo hicieron por medio del bloque radical.

"La perspectiva de la gente del grupo cambió desde que se empezó a conocer la existencia de la Red. Hay compañeras comprometidas, con ganas de participar, pero también hay mucho desconocimiento de la organización y de los derechos que le asisten a las mujeres que integran la fuerza", señaló Tania, una de las referentes de la RMP.

En 2019 realizaron por primera vez en la historia policial santafesina una encuesta sobre funcionarias mujeres (oficiales y suboficiales de Policía, Servicio Penitenciario y el Instituto Autárquico de Industrias Penitenciarias). Respondieron unas 300 sobre un universo de alrededor de 7000. Entre las respuestas, el 52,8% reveló haber sufrido violencia de género en su trabajo; en el 56% de esos casos, fue de índole psicológica, pero también simbólica (25,8%), sexual (8,1%), económica (4,4%) y física (5,6%). En su mayoría (69%) el agresor fue un jefe. Y algo más grave aún es que en el 86% de los casos, esos ejercicios de violencia por parte de policías varones a sus compañeras mujeres no fue sancionado ni resuelto por parte de la institución.

En esta segunda edición, la encuesta también avanza con las dificultades que supone una temática tabú en la tradición del uniforme. "Contestaron más de 140 compañeras, pero sigue habiendo el mismo miedo, o falta de compromiso. Nos damos cuenta de que muchas no saben de varias cosas buenas que están pasando como la existencia de la Red, o resoluciones que las favorecen pero que no llegan a conocimiento del personal", refirió la portavoz del colectivo feminista.

Desde que empezó esta batalla, hace unos tres años, el Ministerio de Seguridad accedió a implementar un protocolo de procedimiento para que las agentes policiales y penitenciarias puedan denunciar hechos de discriminación o violencia machista sin riesgo. Pero la existencia de este paraguas administrativo no se difunde y –según las miembro de la Red– hay unidades regionales en donde campea cierta resistencia a cumplirlo. "Hay compañeras que no saben siquiera que dentro del Ministerio existe la Subsecretaría de Bienestar y Género", puso Tania como ejemplo.

Un caso habitual de agresión para con la trabajadora policial, que ya había surgido en la encuesta anterior, consiste en el reproche de superiores para con la maternidad de las empleadas y la interrupción laboral que ello conlleva. "Para qué tienen hijos", suelen escuchar. Haber visibilizado esto hizo que se impusiera como norma el protocolo de traslado en comisión de una mujer policía a la ciudad donde reside mientras materna, es decir, el tiempo de lactancia necesario más otros seis meses más.

"Una chica se enteró tarde, en la comisaría de Rosario donde trabaja nunca le habían notificado esa posibilidad, y cuando pudo tomar ese derecho, el jefe ya le estaba reclamando que se reintegrara a trabajar allí", contó la vocera de la RMP.

Ahora quieren sumar conciencia y recoger la mayor cantidad de testimonios posibles para el sondeo, y así darle espesor argumental al proyecto de creación del Cipgen que ingresó en el Senado el senador radical Germán Giacomino, del departamento Constitución.

"Necesitamos que las mujeres policías participen, lo hacen de manera anónima, no se da ningún nombre y solo nosotras tenemos acceso a las respuestas. Es para justificar que el Cipgen es necesario, y que se cree externo a la fuerza de seguridad, pero con el fin de contemplar nuestras realidades", concluyó.