El pedido formulado anteayer por el gobernador Omar Perotti al presidente Alberto -Fernández para que las Fuerzas Armadas intervengan en el combate del fuego --especialmente en el área metropolitana de Rosario-- abre una instancia que, si bien tiene antecedentes en una situación similar en 2020, supone la habilitación de los uniformados en tareas que no les son propias. La "emergencia" y la insuficiente respuesta --por falta de recursos -- cifrada en el Ministerio de Medio Ambiente, abre una puerta que podría conducir a otros caminos, que nadie querría recorrer. A partir de esta situación es que los intendentes de las diferentes ciudades de la provincia emitieron un comunicado de respaldo (ver aparte), en el que solicitan además "actuaciones para que no se repita el cuadro en meses venideros, además de insistir en el requerimiento de la intervención de la justicia" y encuadran el accionar de las FFAA en "tareas de monitoreo", respetando el marco de la Ley de Seguridad Interior.
El fuego llegando a Escobar --provincia de Buenos Aires-- y el humo afectando el aire de CABA fueron los factores determinantes para que se dispusiera que las FFAA intervengan en el combate y prevención de los incendios forestales, en lo aparece como una repentina respuesta del gobierno nacional al pedido formulado el viernes por Perotti -por nota- a Fernández. En rigor, la confirmación de la asistencia -que partió del ministro de Defensa, Jorge Taiana- no hace más que ampliar la participación de efectivos que ya estaban actuando en la provincia de Buenos Aires, con aviones, helicópteros y logística, que se suman a los dispositivos del Ministerio de Medio Ambiente, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, con sus brigadistas.
En reuniones y contactos telefónicos, los intendentes de la provincia de Santa Fe acordaron hacer público el respaldo al gobernador (ver aparte). En ese sentido, Pablo Javkin fue uno de los primeros sostener que "esto es necesario, estuvimos hablando con los intendentes y el gobernador y coincidimos en que el aporte, sobre todo en tareas de monitoreo, como sucedió en 2020, podría ser de gran utilidad". Así le dijo el jefe comunal a Rosario/12, a la vez que insistió en la necesidad de "identificar a los responsables de los incendios y que la justicia haga lo que debe hacer".
En ese sentido, otros jefes comunales destacaron la necesidad de cubrir las vacantes en fiscalías federales -para aliviar el trabajo del fiscal Claudio Kishimoto, que tiene a su cargo tres juzgados- y exigir se cumplan las promesas realizadas el 12 de mayo en la reunión de más de un centenar de jueces federales, camaristas, y los ministros de la Corte Suprema, en Rosario, en lo que hasta el momento fue una "respuesta de gran impacto mediático" pero de nula efectividad en cuanto a la creación de juzgados y nombramiento de funcionarios judiciales. Cabe recordar que ese "montaje escénico" se dio luego de una seguidilla de crímenes vinculados a la narcocriminalidad, que no se ha detenido y ni siquiera ha cedido en los 100 días transcurridos desde entonces.
Para mañana se prevé una reunión entre los representantes del gobierno provincial, funcionarios del Ministerio de Defensa y no se descarta la participación de algunos referentes territoriales. Del mismo modo -tal como se expresa en el comunicado de los intendentes- se propiciará un inmediato encuentro con la autoridades entrerrianas, donde se encuentran los focos que afectan a Rosario y otras ciudades de la provincia, además del delta en Buenos Aires.
En los últimos días, a partir del información oficial emanada del INTA, se confirmó que el gobierno de Entre Ríos tiene el manejo del 20% de los establecimientos agropecuarios en su territorio (más de 70), del mismo modo que la propiedad de miles de cabezas de ganado en terrenos frente a Rosario. Esta situación, que involucra de manera particular a algunos funcionarios de Entre Ríos, es otro elemento que complica una situación que requiere, necesariamente, de la intervención de la Justicia.
"El pedido del gobernador es pertinente, no solo porque ya había despliegue y logística en el norte de Buenos Aires, sino porque se encuadra en lo que la ley establece en cuanto a logística y monitoreo. De todos modos, es un tema que hay que seguir de cerca, otro tipo de 'emergencias' pueden llevarnos a tomar caminos que pueden resultar complicados" dijo a Rosario/12 una fuente encumbrada del Poder Judicial. "Una cosa es la ley, que claramente delimita las funciones de las FFAA, y otra cosa es la interpretación que pueda hacer algún oportunista, en momentos de crisis como los que vivimos. Este es un camino correcto, espero que nadie lo utilice en el futuro para ensancharlo y pedir otro tipo de intervención bajo ese pretexto", concluyó el magistrado.