Doce horas después de la masacre en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew, el entonces dictador Alejandro Agustín Lanusse se reunió con los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Marina en la Casa Rosada. Los tres jefes militares tenían un objetivo claro: evitar que la matanza de los presos políticos no catalizara un levantamiento social. Para ello, decidieron apurar la entrega de los cuerpos y acelerar la realización de los funerales. Mientras tanto pusieron en marcha un plan para evitar que se hablara en los medios masivos sobre los fusilamientos y perseguir con la cárcel a quienes osaran “calumniar” a las autoridades con los “sucesos de Trelew”. La información surge de las actas secretas de reunión de la Junta de Comandantes en jefe en función de gobierno entre 1971 y 1973 que fueron relevadas por el Ministerio de Defensa –a cargo de Jorge Taiana– y desclasificadas por el presidente Alberto Fernández.
Un día antes se habían visto las caras Lanusse, el almirante Carlos Coda y el brigadier Carlos Rey. Habían estado discutiendo las alternativas que tenía el Chile del socialista Salvador Allende frente al pedido de la Argentina de extraditar a los seis líderes guerrilleros que habían logrado fugarse el 15 de agosto de 1972 del penal de Rawson. Según consta en las actas, para la Cancillería argentina, Allende enfrentaba una verdadera crisis con la llegada de los dirigentes del Partido Revolucionario del Pueblo (PRT), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros. “El gobierno de ese país, por primera vez en materia internacional, debe optar entre seguir las reglas de la ‘legalidad burguesa’ o elegir la vía de una clara actitud ‘revolucionaria’”, decía la dictadura de Lanusse.
El gobierno de facto de la “Revolución Argentina” planeaba, en ese escenario, presionar a Chile, aunque no quería imponer sanciones económicas que podrían ser más dañinas para Buenos Aires que para Santiago. La dictadura argentina buscaba la extradición de los seis jefes revolucionarios. Aún si Allende aceptara expulsarlos, eso sería una derrota para Lanusse y aliados. “El operativo de fuga y secuestro aparecerá como triunfante y el regreso clandestino de los prófugos al país se hace más probable”, evaluaban poco después del mediodía del 21 de agosto de 1972.
Poco más de 24 horas después, el affaire con Chile había quedado en último plano después de que la Marina fusilara a 16 presos y presas que no habían llegado a tiempo a tomarse el avión que llevó a sus seis compañeros del otro lado de la Cordillera. El encuentro del 22 de agosto comenzó pasadas las seis de la tarde y el tema que inevitablemente predominó en la discusión que se extendió hasta después de las 22 fue qué hacer frente a lo que había sucedido en Trelew.
El Ejército pedía que los sepelios fueran antes del 25 de agosto –era el plazo que la Junta había dado para que todo candidato para las elecciones estuviera residiendo en el país–. La Armada pedía retirar cuanto antes los cuerpos de Trelew. Coda relataba que se estaban concentrando familiares y abogados en la ciudad, lo que era claramente un tema de preocupación para la Marina –responsable de la masacre–. El brigadier Rey, por su parte, ofrecía los aviones de la Fuerza Aérea para trasladar los cuerpos de los militantes hasta los comandos de cada Cuerpo de Ejército para entregarlos a los familiares.
El otro gran punto en el temario fue la decisión de sancionar la ley de telecomunicaciones para controlar todo aquello que salía por los medios en relación a la masacre. Esa legislación estipulaba un control “estricto” de los medios de comunicación, que deberían “suprimir todo factor irritativo” y “destruir la imagen de todo aquel que se oponga al proceso de institucionalización”.
A nivel judicial, Lanusse, Coda y Rey decidieron poner a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a todos aquellos que “injurien o calumnien” por lo sucedido en Trelew, mientras tanto se discutían medidas de acción psicológica –que, para Rey, debían ser llevadas adelante por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)--. El control que se buscaba era total.
“Es interesante ver en las actas cómo se va acentuando el nerviosismo después de la fuga de Rawson. La dictadura prácticamente enloquece después de este hecho”, explica Eduardo Jozami, director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, que estuvo a cargo de la tarea de relevamiento del material que fue desclasificado por el Presidente a pocos días del 50º aniversario de la masacre de Trelew.
“Las actas fueron un hallazgo de 2018, pero el macrismo no se mostró interesado en difundirlo”, dice Jozami. “Nuestra prioridad fue tratar de recuperar este material y ponerlo en condiciones. La tarea fue difícil porque en el medio estuvo la pandemia”, suma Mariana Maurer, directora de Memoria Histórica de la cartera que conduce Taiana.
Las actas aparecieron en un placard del edificio de la Fuerza Aérea. Siguen la misma lógica que el hallazgo que se produjo en 2013 en el mismo edificio Cóndor con las actas de la última dictadura. En este caso, se trata de siete tomos de actas que recogen lo sucedido en 105 reuniones que se extendieron entre el 23 de marzo de 1971 y el 8 de mayo de 1973 –17 días antes de que asumiera el gobierno Héctor J. Cámpora y que fueran liberados, entre otros presos políticos, los tres sobrevivientes de la masacre de Trelew, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar–.
Las actas podrán consultarse en la web Archivos Abiertos del Ministerio de Defensa.
