La desaparición de Luis Ramón Aredez es un delito de carácter permanente, ya que al día de hoy se desconoce su paradero. Y por otro lado, hay seguridad de que "Juan Carlos Jones Tamayo, Juan de la Cruz Kairuz y Pedro Tadeo Blaquier tienen la información, que retienen y niegan", aseguró el abogado Oscar Rodríguez, en su alegato en la continuidad del sexto juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Jujuy. 

Rodríguez concluyó su exposición el pasado jueves, en representación de la querella de Teresa Adriana Aredez, hija de Luis Aredez. El abogado pidió al Tribunal Oral en lo Federal de Jujuy que considere estos hechos bajo la lupa del derecho internacional y que la desaparición del médico del ingenio Ledesma y ex intendente de Libertador General San Martín sea calificada como desaparición forzada. Y que Jones Tamayo, que fue jefe de la Central de Inteligencia Area 323, y Kairuz, que fue oficial auxiliar de la Policía de Jujuy, reciban "máxima condena". Sostuvo que está probado que hubo un plan sistemático represivo, donde cada autor individual fue parte de un colectivo criminal y hubo "coautoría común".

"Es un delito de carácter permanente" que "aún hoy se sigue cometiendo". Aredez está desaparecido, sus familiares no tienen información de su destino, mientras que "los aparatos represivos que funcionaron en ese momento, y que todavía funcionan en algunas de sus particularidades, saben donde está", sostuvo Rodríguez. Contó que Adriana Aredez cree que el médico está en Guerrero, "en el centro clandestino donde habría sido quemado vivo y que al menos uno de los autores sería Jones Tamayo".

"Lo que no tengo duda es que Jones Tamayo lo ha de saber, y que toda la inteligencia lo ha de saber". "Y el que debe saber también donde está (Aredez) es el señor Pedro Tadeo Blaquier", afirmó el abogado. 

También pidió que se forme un legajo por separado para investigar a Blaquier por la desaparición de Aredez, el 13 de mayo de 1977. 

Rodríguez aclaró que hacía un alegato "bifronte". Por un lado, adhirió a los dichos de la fiscalía, que pidió condenas para Jones Tamayo y Kairuz por allanamiento y privación ilegal de la libertad en relación a Luis Aredez, porque aquí se los juzga solo por su primera detención, el 24 de mayo de 1976 (aunque Jones Tamayo suma otros crímenes, entre ellos 15 homicidios). En este caso, el querellante pidió una pena de 21 años para Jones Tamayo y de 8 para Kairuz. 

Por otro lado, adelantó que acusaría por desaparición forzada y por utilizaría "los cánones del derecho internacional". En este caso pidió 40 años de prisión para Jones Tamayo y 20 para Kairuz y centró su alegato en explicar esta solicitud. Argumentó que los crímenes objeto de este juicio están comprendidos en las clásicas figuras penales del Tribunal de Nuremberg, que trata casos de trascendencia de la comunidad internacional, como los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra, de agresión. 

Entre los crímenes de lesa humanidad, recordó que se cuentan el asesinato, el encarcelamiento u otra forma de privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la violación, figuras que se vieron en este proceso. Así como la "persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada por motivos políticos, éticos, raciales, religiosos, que también lo tenemos acá, son universalmente reconocidos como inaceptables" en conexión, por ejemplo, con desaparición forzada, que se da en este caso. 

En ese contexto el abogado habló de "macrocriminalidad", que se diferencia de otras formas de criminalidad por "las condiciones políticas de excepción" y el "rol activo" que desempeña el Estado. Macrocriminalidad política significa "criminalidad fortalecida por el Estado, crimen colectivo políticamente condicionado, crimen de Estado, terrorismo de Estado o criminalidad gubernamental”. 

Se trata de juzgar actividades delictivas individuales en un contexto de conducta colectiva, crímenes de masa, explicó, y mencionó a varios autores para poner de relieve "la ilegitimidad" de un tratamiento que "ignore la dimensión extraordinaria" de estos hechos. 

Recordó los crímenes del nazismo, donde "Los imputados eran la clase dirigente de la conducción de ese Estado", para plantear el problema de cómo aislar el aporte individual en el resultado colectivo, en lo que el derecho nacional encuentra un límite. "Siempre estamos en la necesidad de considerar el elemento colectivo, al estado y los delincuentes en tanto funcionarios de ese estado", a la filosofía de este Estado y a "los delitos que no son otra cosa que la expresón de esa filosofía, con lo que se delata claramente la asunción plena de todas las consecuencias". 

Saben que son delincuentes 

El querellante aseguró que en el aporte individual "se denota claramente la asunción plena de todas las consecuencias", es decir que las personas que cometieron, que siguen cometiendo, estos crímenes "Saben que son delincuentes de una macrocriminalidad delincuencial, saben lo que prosigue". "Todo aquel que hizo el aporte sabía el recorrido que venía inclusive la posibilidad de la eliminación de la persona, no hay aportes individuales a secas en el marco de la macrocriminalidad. El dolo en todo su plenitud, la plena conciencia de estar inmerso en un aparato organizado del poder". "El pleno conocimiento de estar inmerso en el mismo estado productor de delitos y de la clandestinidad". 

"Nos quedamos en una privación ilegal" cuando esta figura "no tiene sustancia, no tiene capacidad explicativa, no tiene consistencia como figura penal", cuestionó. Dijo que ese mecanismo que se repite responde a las facetas del sistema que pujan por lograr la impunibilidad, algo que las querellas tienen que plantearlo "a los fines de que esa mirada sesgada, parcial y forzosamente simplificadora de una realidad compleja no se vea reflejada en algunas sentencias". 

E insistió en que "Para encuadrar correctamente la responsabilidad individual de cada uno de los imputados, sobre todo en su verdadera dimensión histórica, es preciso señalar que el accionar de cada uno de ellos se ha desarrollado en el marco de un aparato organizado de poder conformado desde el Estado, por la dictadura militar, en un contexto colectivo, generalizado y sistemático de criminalidad desatada desde el estado, en particular desde la organización criminal fortalecida por el estado". En el caso de Jujuy, "constituida por Blaquier" y los acusados en este debate, que "constituyeron un eslabón dentro de ese aparato organizado para ser una suborganización, la empresa criminal conjunta fue nacional, pero hubo sub-empresas criminales conjuntas en cada una de las provincias".

La empresa criminal conjunta implica que "hay un plan común de cometer delitos" por eso hay que hablar de coautoría común, porque fue un plan sistemático de exterminio. La coautoría supone una parte esencial en la ejecución del hecho y en las acciones siguientes. Todos los intervinientes coincidían en el dolo, en la voluntad de cometer el delito sabiendo del daño provocaban, y sabían sus consecuencias. "Han sabido del plan sistemático, tanto han sabido que se cobijaban, tanto sabían que buscaban impunidad y tanto sabían, que lo promovían, cuando hacían inteligencia".

Jones Tamayo fue el gestor de la inteligencia en Jujuy. Y está probado que Kairuz hizo inteligencia en varias ocasiones contra la familia Aredez. "Evidentemente estaba adscrito al plan común y lo hacía con total voluntad". "Kairuz era el que movía los dedos, el rango lo tiene Blaquier y lo tiene Lemos", afirmó Rodríguez. 

El querellante sostuvo que ya en la primera detención Aredez sufrió desaparición forzada. Y calificó de "una profunda injusticia (...) subsumir la desaparición forzada en la privación de la libertad", dado que "la privación ilegal de la libertad es un tramo de la desaparición forzada". En cambio, "el tipo penal desaparición es el que atrapa la conducta delictiva en su verdadera dimensión, optamos por la figura por un principio de realidad que tiene reconocimiento constitucional".

Respecto de Kairuz, ratificó que "no podía dejar de saber" que Aredez sería torturado en el penal de Gorriti, donde fue víctima de simulacros de fusilamiento, y bajó de peso de una forma ostensible, y donde a pesar de sus pésimas condiciones "se transformó en el padre de otros detenidos". 

Y como fue un plan sistemático que se aplicó en todo el país, las personas detenidas, estuvieran donde estuvieran fueron "torturadas", "bien sabían ellos de qué se trataba", insistió. Recordó que la primera vez el médico fue liberado porque intercedió el líder radical Ricardo Balbín, "pero no se lo perdonan" y después "el aparato organizado lo hace desaparecer". 

Los mismos procedimientos 

Al comenzar su alegato, Rodríguez señaló que “estos son juicios al poder de ayer, al de hoy y al del futuro”; tras señalar que funcionan a modo de espejo, reflejando el poder de las clases acomodadas y privilegiadas, y representan una interpelación directa a las relaciones de poder en la Argentina.

Además de homenajear a Olga Márquez de Aredez, la viuda de Luis Aredez, compartió un escrito de Adriana Aredez en el que se describe que el médico era “conocido por su coraje, compromiso, entrega a la salud pública y lucha por los trabajadores más desprotegidos “, y pidió que “los genocidas pasen todos los días que les restan en prisión por la barbarie de los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos”.

En el cierre el abogado destacó que "las grandes empresas, el capitalismo en su cara más feroz cuando ve peligrar o decaer algunos de los privilegios recurre a una forma desencajada delictiva y delictiva". Por eso las sentencias, "que son actos de gobierno", son tan importantes "Porque el empresariado descarado de hoy en día también continúa con ese tipo de actitud". 

"Por eso es interesante que las sentencias tengan esa mirada social y política y no se queden en el pequeño artículo del Código Penal", sostuvo antes de contar que en el norte del país "el empresario voraz con el agronegocio se apodera de las tierras campesinas e indígenas con el mismo proceder". "Veo una continuidad histórica política de un determinado sector social que es el que hemos tratado de enjuiciar en este proceso". "Esto es lo que hacía, mucho mayormente, Blaquier en Jujuy", resaltó tras pedirle al Tribunal que dicte una sentencia que transmita a ese empresariado: "Queremos paz".