La falta de resultados y la cercanía de las elecciones puso de un lado y del otro a la justicia y a la política en Santa Fe. Cuando se habla de la justicia frente a la violencia que impone el crimen organizado, sobre todo en Rosario, se habla de la justicia provincial. Porque la federal, como lo admiten muchos desde dentro de ese propio fuero, no termina de definir jamás el objeto de persecución penal frente a la situación extraordinaria que se vive. La misma concentración, los mismos recursos y la misma enjundia se pone para condenar por narcotráfico a Javier “Morocho” Mansilla que para tramitar un expediente ordinario circulando de escritorio en escritorio. Y la falta de recursos y las vacantes que hay son sólo una parte del problema. Como lo confesó hace poco un fiscal federal de Rosario: “Es como si a un fitito le ponés un millón de dólares encima. Sí, va a andar bien pero va a seguir siendo un fitito”.

Entre esa falta de recursos y de definiciones se encuentra un contraste demasiado evidente como para dejar pasar. Mientras el municipio y el Concejo de Rosario acaban de anunciar como un rimbombante plan contra el narcotráfico la creación del Sistema de Control Financiero -sintetizado como la Agencia Antilavado municipal- el fuero que debe encargarse por competencia estricta de ese delicado y complejo delito que escapa a todas luces de las competencias municipales, la justicia federal de Rosario; no tiene ni un sólo contador público como para trabajar en las sutiles tramas financieras construidas para ocultar o blanquear el dinero mal habido. Si no es una completa vergüenza es, por lo menos, una contradicción.

Dicho sea de paso, ya empezaron a verse los primeros hilos de la discordia de la flamante agencia rosarina antilavado. La concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, consideró que “en términos jurídicos no tiene los atributos que debería tener una agencia”, y criticó el hecho de que la persona a cargo será designada por el intendente. “Lo que se votó es una oficina donde todo el sistema queda a cargo de una sola persona que es el jefe de la oficina y que es designado por el intendente. A esta persona no la controla nadie”, aseguró Gigliani. Y fue más dura todavía al señalar la ordenanza sobre el tema que ya regía desde 2014 y que la entonces intendenta Mónica Fein “tardó dos años en reglamentar”. La concejala sostiene que la actual agencia creada esconde “la falta de decisión política que tuvo el Frente Progresista para reglamentar aquella norma” de hace ocho años.

Santa Fe lleva 15 años hamacándose entre la reforma policial y la idea de “trabajar con lo que se tiene”. Y así le va. Es por demás ilustrativo el artículo que firmó estos días para el diario La Nación, el licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, Marco Iazzetta. Allí señala con claridad que a diferencia de lo que ocurre en otros distritos, donde las agencias policiales, a cambio de extraer una parte de las ganancias de dichos mercados, controlan el accionar de estas organizaciones y le garantizan a la política una gobernabilidad tranquila, sin la presencia de una violencia criminal extrema, “en Rosario se produjo una ruptura de la regulación ilegal que ejercía la Policía de la provincia de Santa Fe sobre el negocio narco y se desarrolló una competencia feroz entre diferentes sectores para apropiarse de la rentabilidad criminal”.

Y agrega Iazzetta que esta situación se puso en evidencia en una serie de procesos judiciales en los que se enjuiciaron al clan Alvarado y a Los Monos, y en los que se pudo observar “cómo, a diferencia de lo que ocurre en otras partes del país, la Policía no controla a estas organizaciones, sino que, por el contrario, éstas han logrado subordinar a funcionarios policiales y ponerlos bajo sus órdenes”. Y agrega que “Alvarado, incluso, logró cooptar a la agencia policial –la División Judicial- encargada de llevar adelante la investigación contra su banda rival, valiéndose de las instituciones estatales como un instrumento más para eliminar al clan Cantero”. Hasta ese punto se ha llegado lo cual da por tierra con el argumento de que lo que pasa en Rosario le va a pasar a otros. No está tan claro.

Ya está jugado

El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini siente que es el momento de su venganza contra las serias imputaciones que le hizo el Frente de Todos por su promocionada reunión con el aspirante a candidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de los fiscales de la provincia sabe que esa fue una foto de campaña y que no hay ninguna excusa institucional que la justifique. Pero como siempre en la política, la mejor defensa es un buen ataque. Por eso ahora Baclini sale a cuestionar, supuestamente desde la institucionalidad, la coordinación de tareas con el Ejecutivo provincial en el combate contra el delito.

"No es que no hay plan. No hay siquiera programas de trabajo. No hay interés político (del Ejecutivo santafesino) en el trabajo que hacemos desde el Ministerio Público de la Acusación, en lo que hacemos los fiscales", dijo Baclini en un escenario particular: una actividad organizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, organismo creado hace años por la OEA. La actividad contó además con el impulso de la Embajada de Estados Unidos. "No se toman definiciones específicas para cortar los delitos desde las cárceles. Las economías delictivas operan desde las cárceles, mueven mucho dinero para reciclar el delito violento e intentan penetrar el mercado lícito en forma de lavado de activos", siguió.

Más allá de los señalamientos técnicos puntuales, Baclini entendió que había llegado el momento para el enfrentamiento abierto. Las sospechas entre el gobierno provincial y la conducción del MPA no son nuevas y tienen sus motivaciones. Fue el actual jefe de los fiscales quien pretendió con su sola firma pasar 195 funcionarios del gobierno del Frente Progresista que se iba, a cargos judiciales. Y ese es un dato que está escrito en papel, no especulación. El peronismo pudo frenar esa movida pero muchos de esos funcionarios políticos identificados con el radicalismo y el socialismo terminaron en puestos de interés dentro del Ministerio Público de la Acusación. ¿Esto invalida todo lo actuado por los fiscales? De ninguna manera. Como tampoco es inválida la tarea realizada por el gobierno en perseguir el delito complejo y colaborar con las investigaciones judiciales.

Pero para que se entienda qué grado de institucionalidad aún pervive en Santa Fe, Baclini ocupa un cargo comparable al que a nivel nacional ocupó Alejandra Gils Carbó. La procuradora había sido puesta en funciones por la expresidenta Cristina Kirchner y tenía mandato hasta más allá de 2015. Apenas asumió el expresidente Mauricio Macri comenzó una tarea de hostigamiento político contra Gils Carbó como nunca se había visto. Esa presión la obligó a renunciar a su cargo mucho antes de que finalice su mandato asignado por el Congreso de la Nación.