El 19 de noviembre tendrán lugar en Chile las elecciones presidenciales para el período 2018-2022. Junto a las presidenciales, se desarrollarán también las elecciones de diputados y senadores y las elecciones de los consejeros regionales. Aunque la mayoría de las fórmulas que buscarán alcanzar la presidencia aún no están definidas, parecen surgir dos certezas. 

En primer lugar, por primera vez desde el retorno a la democracia en Chile, el juego estará más abierto que nunca. Habiendo pasado más de 25 años desde el fin de la dictadura, el bipartidismo ofrece síntomas de agotamiento derivado de que el estado neoliberal no consigue responder a los nuevos dilemas planteados por la sociedad chilena. Y en segundo lugar, la disputa en el plano económico, que a grandes rasgos se circunscribe a una batalla por una mayor equidad social.

Chile es un país profundamente desigual, resultado del modelo de acumulación surgido durante el laboratorio de pruebas del neoliberalismo mundial que significó la dictadura pinochetista, y que no se ha visto modificado sustancialmente desde el retorno a la democracia. En cuanto a la distribución del ingreso, Chile es el país más desigual de toda la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). El 1 por ciento más rico de la población concentra el 30,5 por ciento del ingreso total incluyendo ganancias del capital. Y los super-ricos, el 0,1 por ciento de la población, concentra el 17,6 por ciento del ingreso total.

Es importante analizar el origen de esta desigualdad. Para esto es fundamental distinguir entre la distribución primaria y la distribución secundaria del ingreso.

La distribución primaria del ingreso es la que se origina con el proceso de producción y queda determinada por la porción del valor agregado que se distribuye entre los propietarios del capital y los trabajadores. Algunos de los aspectos claves que determinan esta distribución están relacionados con la propiedad de los medios de producción o con el poder de negociación de los trabajadores, y en consecuencia, con las regulaciones sobre el trabajo.

Para entender lo que ha ocurrido en Chile sobre la propiedad de los medios de producción, basta con tomar el ejemplo de lo que ocurrió con el sector más importante en cuanto a ingresos generados de la economía chilena, la minería, y, más concretamente, la minería del cobre. Como resultado de la larga lucha del pueblo chileno, el 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la nacionalización del cobre. De este modo, el sector que más importantes beneficios pasaba a ser propiedad de todos los chilenos. Posteriormente, en 1981, la dictadura de Pinochet iniciaba el proceso de privatización y desnacionalización del cobre. La apertura del sector se ha ido incrementando durante los sucesivos gobiernos democráticos y fruto de esto es la cada vez menor participación de la estatal Codelco en la explotación del cobre. Mientras que en 1973 la participación de Codelco representaba el 94 por ciento, para el 2016 sólo representaba el 33 por ciento, frente al 67 por ciento de la minería privada, principalmente extranjera.

En cuanto al poder de negociación de los trabajadores, también es muy limitado como resultado de la profundización del modelo de flexibilización laboral. Chile, es según los datos de la OCDE, el quinto país sobre treinta y cinco que más número de horas trabaja, con un total de 1990 horas por trabajador/año, muy por encima de las 1770 horas que representa el promedio mundial. Además, la flexibilización se manifiesta en diferentes facetas como los tipos de contrato, la facilidad del despido o las posibilidades para el capital de organizar el trabajo. Si a esto se añade que la reforma laboral de 2006 reguló la subcontratación, diferenciando entre trabajadores de primera y segunda, y que la legislación laboral ha limitado profundamente la capacidad y la cobertura de la negociación colectiva, el saldo es que existe una fuerte preponderancia del capital sobre el trabajo.

Por otro lado, la distribución secundaria del ingreso es aquella que viene determinada por la política fiscal que se realiza desde el Estado. Está principalmente ligada con la recaudación de impuestos y las políticas redistributivas que se pueden llevar a cabo desde el sector público. Dentro de las políticas redistributivas se encuentran las trasferencias directas del Estado a las familias, o la prestación de servicios básicos como la salud, la educación o el pago de pensiones.

La capacidad de llevar a cabo estas políticas redistributivas está directamente relacionada con la capacidad que tiene el Estado para recaudar vía impuestos. Sin embargo, esta es otra de las facetas en la que el modelo económico chileno muestra sus carencias. Según los datos de la OCDE para 2015, la presión fiscal de Chile era del 20,7 por ciento, lo que supone la segunda menor presión fiscal de toda la OCDE, solo superada por México. La evolución histórica desde el retorno a la democracia muestra que la presión fiscal se ha incrementado muy levemente desde el 17 por ciento de 1990. Esto contrasta con la evolución que la presión fiscal ha experimentado en otros países de la región, que se han caracterizado por reducir fuertemente sus niveles de desigualdad económica a través de la redistribución de la renta vía impuestos. Igualmente, si se analiza a los países de la OCDE, Chile aún permanece muy lejos de países como Dinamarca o Francia, con una presión fiscal del 46,6 y del 45,5 por ciento, respectivamente, y que lideran el ranking de estos países.

Conflictividad  

Esa incapacidad para generar ingresos públicos que posteriormente se traduzcan en inversión pública vía transferencias o prestación de servicios básicos, es la que está llevando al modelo chileno a un creciente nivel de conflictividad social en áreas como la educación y el sistema previsional de pensiones y la salud. Servicios básicos que han sido mercantilizados y puestos bajo el control del capital privado y que en los últimos tiempos están viendo como una cada vez mayor proporción de chilenos se ve incapacitada para acceder a los mismos.

La ausencia de políticas distributivas o redistributivas de la riqueza por parte del Estado es la que ocasiona que el modelo de desarrollo chileno sea enriquecedor de las minorías y empobrecedor de las grandes mayorías. Ante las elecciones presidenciales que se atisban ya en el horizonte, sin duda la desigualdad será una de las principales problemáticas que tendrán que abordar los candidatos al Palacio de la Moneda, siendo cada vez más consciente la población chilena que aquellos que han gobernado el país desde el retorno a la democracia, no sólo no han podido solucionar, sino que además han agravado, los grandes problemas referentes a la desigualdad social.

* Investigador Celag.

@Sergio_MartinC