El gobierno de Luis Arce firmó este domingo en la Casa Grande del Pueblo un acuerdo nacional para resarcir a las víctimas de la dictadura militar que tuvo lugar entre 1964 y 1982.

“Nosotros en esta ocasión, con motivo de conmemorarse este 21 de agosto, 51 años de un nefasto golpe de Estado que se dio siete años de dictadura en nuestro país, donde (...) muchos compañeros tuvieron que huir, exiliarse, muchos arrestados, apresados, torturados y sentenciados por la dictadura militar", dijo el mandatario en rueda de prensa.

Además, dijo que este convenio se suscribió "en homenaje a todas esas víctimas" y para resolver "de una vez por todas" este problema que ha afligido "por más de 10 años".

Enfatizó, además, que el objetivo del gobierno es “luchar” para construir un Estado democrático para que “todos vivan mejor”.

En tanto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó que el acuerdo “es un paso muy importante en la búsqueda de la reparación integral de las víctimas de la dictadura y gobiernos de facto”, ya que fueron “períodos que dejaron dolor y graves vulneraciones a los derechos humanos”.

Por otro lado, subrayó que la cartera recibió la orden de Arce de “avanzar en el proceso de reparación de las víctimas de las décadas de los 60,70 y 80 y del nefasto período de 2019”, por lo que realizó reuniones con los implicados para alcanzar un acuerdo y reparar el daño que sufrieron durante ese período.

Recordó que en 2004 se promulgó la ley N° 2.640 para resarcir a las víctimas de violencia de 1964 y 1982, pero como no contó con los recursos económicos, se estableció un parámetro de calificación que en muchos casos no pudo ser cumplido.

“Esto derivó en que más de 6.177 solicitudes de las víctimas tengan calificaciones observadas. No contábamos con el 80% del monto comprometido para el resarcimiento pendiente, pero esto a partir de la decisión de nuestro presidente se reparó. La injusticia de ese 80% que había constituido un engaño para el pueblo ahora es asumida por el Tesoro General de la Nación”, indicó.

A continuación, reafirmó que el compromiso de trabajo del gobierno “es por la justicia y la atención primordial para las víctimas, y la memoria de los mártires”. 

 “En 51 años, no hubo en los tribunales de justicia una sola sentencia que determine lo fundamental para las víctimas; la justicia. Sin embargo, el gobierno de Arce emprendió una lucha por la memoria, verdad y justicia, y este momento marca ese compromiso para todos”, concluyó.

A su vez, la presidenta de las víctimas de las dictaduras, Victoria López,  dijo que confían en la firma del acuerdo y le pidió a Arce que "cumpla fielmente" para que las víctimas no sean borradas "de la histora". "Queremos que continúe esa investigación para que no queden impunes los que cometieron crímenes de lesa humanidad”, acotó.

Las víctimas tendrán, además de un resarcimiento económico, la posibilidad de acceder a un ambiente para poder reunirse, y se gestionará el uso de un espacio público conmemorativo “de la lucha por la recuperación de la democracia”.

El periodo 1964-1982

En 1964, el presidente René Barrientos Ortuño subió al poder a través de un golpe de Estado y posteriormente en 1966 fue elegido constitucionalmente como presidente. En abril de 1969 falleció en un accidente de helicóptero y asumió su vicepresidente, Luis Adolfo Siles Salinas. En setiembre de ese mismo año, en un nuevo golpe de Estado, asumió Aldredo Ovando, y un año después las Fuerzas Armadas provocaron otro golpe que concluyó con la asunción de Juan José Torres. 

Para mayo de 1971 se produjo otro golpe que llevó a Hugo Banzer Suárez como presidente y comenzó un periodo cargado de represión, supresión de derechos civiles y sindicales. Producto de la crisis económica, la presión internacional y la resistencia de los grupos populares, Bazner decretó amnistía y convocó elecciones en 1978. 

El candidato oficialista Juan Pereda ganó las elecciones de forma fraudulenta y asumió David Padilla, quien luego convocó nuevas elecciones en las que ganó Hernán Siles Zuazo. En 1980 se dio un nuevo golpe de Estado encabezado por Luis García Meza, quien gobernó hasta 1981. Tras su renuncia, asumieron los militares Celso Torrelio y Guido Vildoso y en 1982 entregaron el gobierno al ganador de las elecciones de 1980 y de esta manera se recuperó la democracia en Bolivia.