El exgobernador del estado mexicano Guerrero Ángel Aguirre Rivero (2011-2014) negó este domingo haber colaborado en la creación de “la verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR); una versión sobre qué pasó en 2014 con los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa que desaparecieron. Asimismo, reiteró que tanto él como sus excolaboradores están dispuestos a declarar ante la justicia.

La afirmación de Aguirre Rivero surgió dos días después de que el exfiscal y extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fuera detenido por presunta participación en el caso de la desaparición de los estudiantes. Según Aguirre Rivero, nunca se reunió con Murillo y nunca tramó la versión del asesinato y calcinamiento de las víctimas en un basurero.

“Reitero, que nunca sostuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte”, enfatizó ante la prensa. Seguidamente, dijo tener la conciencia tranquila y que, desde 2014, cesó su relación con el gobierno de Guerrero para poder colaborar en las investigaciones.

Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de aclarar el motivo por el que se “desviaron las investigaciones”, y quiénes son los autores materiales e intelectuales de que obstruyen a la justicia.

Aguirre Rivero recordó que además de las 33 nuevas órdenes de aprehensión que informó el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, en las que incluye a funcionarios municipales, federales y miembros de la delincuencia organizada, hay otras 83 órdenes previas.

El exgobernador fue llamado a declarar en 2019 por el caso de la desaparición de los estudiantes, al igual que el ex procurador del estado, Iñaki Blanco Cabrera.

Comisión de la Verdad

Días atrás, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de México presentó las conclusiones de su trabajo y aseguró que la desaparición de los 43 estudiantes fue “un crimen de Estado” en el que están involucradas autoridades “de todos los niveles”.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de setiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano”, afirmó durante una conferencia de prensa el subsecretario de derechos humanos de México, Alejandro Encinas.

Las autoridades estatales y federales del más alto nivel "fueron omisas y negligentes" y llevaron adelante actos para “alterar los hechos y las circunstancias” y establecer una “conclusión ajena a la verdad”, detalló Encinas en la presentación de las primeras conclusiones a las que llegó la comisión, cuya conformación fue ordenada enseguida de la asunción del todavía presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Acciones, omisiones y participación (de las autoridades) permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes (al parecer por parte de integrantes del grupo armado Guerreros Unidos), así como el homicidio de otras seis personas”, señaló el subsecretario. En la misma línea, agregó que “no hay indicios” de que alguno de los estudiantes esté con vida o que sus restos estén juntos, ya que supuestamente separaron los ómnibus en la estación de Iguala esa noche. Hasta ahora fueron encontrados e identificados los restos de tres de ellos.

Los hechos

El 26 de setiembre de 2014, los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos emprendieron un viaje para participar de una gran marcha en reclamo de justicia por la “Matanza de Tlatelolco”, una tradición que está vigente desde el 2 de octubre de 1968, cuando asesinaron a unas 300 personas en el marco de una represión que el Estado llevó a cabo contra una manifestación estudiantil.

Para llegar hasta la capital del país, los estudiantes tenían una modalidad que se aplica desde hace décadas: toman ómnibus de la zona que encuentran en la ruta y los utilizan para viajar. Terminadas las actividades, los devuelven. Cuando tomaron el ómnibus en la ciudad de Iguala, a 190 kilómetros de México, fuerzas policiales y militares dispararon hacia los ómnibus. Tras la balacera, hubo problemas para la atención de los heridos que terminó con la muerte de 9 personas y la desaparición de un ómnibus con 43 estudiantes.