En la ciudad de Tartagal, ante la jueza Asusena Margarita Vásquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio, comenzó la semana pasada el juicio contra el ciudadano venezolano Wuisthon Antonio Díaz Solano (26), acusado por el delito de "privación ilegitima de la libertad agravada por la minoridad de la víctima y en perspectiva de violencia de género", por el secuestro de una adolescente de 17 años, de la localidad de Aguaray, en el norte salteño.
La desaparición de la chica fue denunciada por su madre. Según precisó, no sabía de ella desde el 17 de febrero de 2021. La mujer había conseguido localizar el celular de su hija en General Mosconi, a una hora de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia, y luego el del Díaz Solano, cuando ya se encontraban ambos en la ciudad de Yacuiba, ya en el país vecino, pero a solo 5 kilómetros de la frontera internacional.
En ese momento intervino en el caso el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, quien dio intervención a la Brigada de Investigaciones de Tartagal, cuyos investigadores establecieron contacto con Díaz Solano y tras días de conversaciones lograron convencerlo para que restituyera a la chica. El 24 de febrero el hombre y la adolescente reingresaron al país por el pueblo de Aguas Blancas, que limita con la ciudad de Bermejo, en Bolivia. El fiscal lo esperaba junto a miembros de la Brigada de Investigaciones de Tartagal, que detuvieron a Díaz Solano.
En el inicio del juicio que se realiza ahora, tras la lectura de la acusación fiscal, que sostiene la fiscala Lorena Martínez, Díaz Solano, que es asistido por la defensora oficial Lorena Babicz, se abstuvo de declarar. Entonces se leyó la declaración indagatoria que dió ante la fiscalía en el inicio de este trámite judicial. En aquel momento dijo que la chica le había pedido que se fugaran porque recibía maltratos de su madre y admitió que ingresaron a Bolivia por pasos ilegales.
En la primera jornada comenzó también la ronda de testimoniales, con la declaración de la madre de la adolescente. El Poder Judicial de Salta indicó que solo estuvo "unos momentos" y luego pidió retirarse.
Luego declaró la adolescente, que ya es mayor de edad. Para este trámite se retiró de la sala a Díaz Solano. La ahora joven contó que lo conoció en un merendero y tras un mes de amistad iniciaron una relación sentimental. Y lo contradijo: aseguró que la decisión de escaparse de su casa e irse al extranjero fue del ahora acusado, y que una vez que cruzaron la frontera por pasos no autorizados, viajaron a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y luego a Cochabamba. Agregó que cuando le pidió volver, el hombre se negó, pero finalmente accedió cuando estableció comunicación con el fiscal Cazón.
En la investigación que siguió al secuestro se supo que el hombre hacía tiempo que andaba en el norte salteño, donde había en engañado a las autoridades de Aguaray; se hacía llamar Sebastián Solano Guzamana y se presentaba como por médico generalista, politólogo, representante de un banco y vicecónsul de la Embajada de Venezuela en Ecuador, lo que fue desmentido por la Embajada venezolana en este país, en un comunicado del 20 de mayo de 2020.
Díaz Solano tiene además denuncias por estafas en Quevedo, Ecuador, a donde llegó en 2019, y se hizo pasar por un abogado perseguido político. Un ciudadano venezolano con residencia en Ecuador contó a Salta/12 que este hombre llegó a entrar a la Asamblea Nacional en Ecuador, habló con diputados y diplomáticos.
De Quevedo, donde fue denunciado, Díaz Solano se fue a la localidad de Durán, donde armó una oficina de atención al migrante venezolano y se cree que estafó a más personas. Después se fue a Perú, se cambió el nombre por Walter Sebastian Díaz, se hizo pasar por presidente de la fundación Nos Mueve Venezuela en Perú, a través de la cual gestionaba recursos y pedía "ayuda humanitaria".
Otra imputación
En Aguaray, con el cuento de que era médico y representante de Banesco, Banco Universal, de Caracas, Díaz Solano llegó a reunirse formalmente con el Concejo Deliberante, y con el entonces intendente Jorge Enrique Prado, que fue destituido, y luego condenado, a raíz del robo de caños del Gasoducto NEA.
El ex jefe comunal terminó imputado en diciembre de 2021 por sus negocios con el ciudadano venezolano. El fiscal Cazón le atribuyó estafa agravada y falsificación de instrumentos públicos y privados, porque en octubre de 2020 anunció, junto a Díaz Solano, la construcción de una clínica de alta complejidad en su municipio con aportes de capitales de Venezuela y para ello pidió al Concejo Deliberante que aprobara la donación de un predio de dos hectáreas en el centro del pueblo.
Además, en aquel momento se difundió un audio de una reunión con vecinos de Aguaray en la que Prado presentó a Díaz Solano "como un inversor con intenciones de construir una clínica privada de nivel 3 de complejidad", de 8 pisos en la que trabajarían profesionales argentinos y de otros países con el objetivo de “captar pacientes en la región”. “La noticia la dio Prado acompañado por quien identificó como médico y politólogo venezolano ‘el doctor Sebastián Solano Guzamana'”, que en realidad era Díaz Solano, reseñó el fiscal.
Luego el entonces intendente envió una nota al Concejo Deliberante pidiendo que avanzara en la donación de un predio de 2 hectáreas a los supuestos inversores extranjeros.
Pero poco después Banesco publicó un comunicado advirtiendo que estas afirmaciones eran "falsas, como así también la documentación y firmas concertadas en dicha documentación”, que habían sido difundidas por internet. El banco incluso informó que había iniciado acciones legales ante la justicia venezolana, y había presentado una denuncia ante el fiscal superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas en contra de Díaz Solano, "atento a que dicha entidad no tiene ningún tipo de actividad en la República Argentina ni directa ni a través de terceras personas”.
