Los senadores y las senadoras nacionales del Frente de Todos (FdT) se sumaron a la ola de cuestionamientos contra la persecución judicial a Cristina Kirchner. A través de un comunicado denunciaron la existencia de “una guerra no declarada” pero abierta contra la vicepresidenta, que busca “ejercer un control social” a través del “miedo y el castigo”.
"Este tipo de maniobras vulneran la vigencia de los derechos humanos, el republicanismo y el buen ejercicio de la justicia, además de estar profundamente reñidas con lo que debe ser la práctica política", expresaron a través de un comunicado.
La declaración pública fue firmada por el interbloque de legisladores del oficialismo en la Cámara alta, que se sumaron a la serie de apoyos que recibió CFK, horas antes de que los fiscales (uno de los cuales mantiene una relación personal con uno de los jueces de la causa y vínculos expresos con el macrismo) presenten su pedido de condena en el escandaloso juicio por Vialidad.
El interbloque del FdT sostuvo que la "persecución política" proviene de "una parte de la Justicia" y "en complicidad con los grandes grupos mediáticos, con el fin de desprestigiar, dañar la imagen y sacar de circulación a distintos referentes nacionales y populares".
"Nuestro interbloque se solidariza con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace años viene sufriendo una embestida mediática-judicial a partir de falsas denuncias, sin que existan pruebas fehacientes y sin que se le permita ejercer con plenitud su derecho de defensa, con jueces y fiscales que lejos parecen estar de la imparcialidad que demanda el ejercicio del derecho."
Aseguran que "desde hace años" asisten "a una guerra no declarada por parte de un sector de la Justicia y de una parte de la prensa, que responden, de forma cada vez más clara, a intereses políticos partidarios y de los grandes centros de poder".
Y advirtieron que esas maniobras tienen el fin de "eliminar todo tipo de adversario político” y “ejercer un control social, a través de imponer el miedo y el castigo a quienes intenten representar intereses distintos a los que el poder real ostenta".
Por esas razones repudiaron "la utilización de la Justicia para realizar acciones deleznables como las referidas, con las que buscan condicionar, ilegitimar y anular desde punto de vista político y social a una líder popular como es la dos veces presidenta de la Nación y ahora vicepresidenta".
Luego llamaron a los argentinos a "reflexionar y prestar especial atención a lo que está ocurriendo a nivel judicial para evitar que se concreten acciones vergonzosas como las señaladas" y afirmaron que "el país necesita de una Justicia que respete los derechos humanos y garantice un servicio de justicia imparcial".
