Más de treinta asociaciones de defensa de los consumidores de todo el país solicitaron formalmente a los ministerios de Economía y Obras Públicas que se realicen audiencias públicas para discutir la segmentación tarifaria antes de la aplicación del esquema anunciado la semana pasada. Según las asociaciones, en las audiencias anteriores se discutió la estructura de aumentos aplicada hasta junio, pero no la nueva segmentación. Qué responden desde el gobierno.
"Sin audiencia pública habrá judicializaciones masivas", aseguró el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, durante una conferencia de prensa en la puerta del Ministerio de Economía donde luego, junto con otros nueve titulares de entidades de consumidores, presentó un pedido formal para que se convoquen nuevas audiencias públicas para discutir la segmentación de luz y gas. Luego se dirigieron al de Obras Públicas para solicitar la audiencia de la segmentación del agua.
De acuerdo al reglamento, previo a realizar un aumento de tarifas en los servicios públicos el gobierno debe llamar a una audiencia pública que, si bien no es vinculante en la decisión final, hace las veces de testimonio de lo que reclaman los usuarios y lo que pretenden las empresas y el Estado. "Tenemos la expectativa de que no solo se escuche a las empresas", aseguró María José Lubertino, directora ejecutiva de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.
Las asociaciones afirman que el tope de consumo subsidiado para la luz y el gas y la segmentación en el servicio de agua no fueron planteados en las audiencias públicas que se llevaron a cabo a principios de este año. "Ningunas de estas propuestas anunciadas en conferencia de prensa formó parte del objeto de las audiencias celebradas en mayo de 2022", asegura la nota dirigida a Sergio Massa con copia a la Secretaría de Energía. Por ese motivo, solicitan la convocatoria a audiencia pública "con la finalidad de acceder a información adecuada y veraz en forma previa sobre la implementación del denominado ordenamiento tarifario", continúa el escrito.
"Cuestionamos que la instrumentación que se está haciendo alcanza cada vez a más gente llegando a este punto en el que hay una quita masiva de subsidios que responde más a necesidades financieras y económicas del Estado que a una injusticia en las tarifas. Si se quitaran los subsidios de esta manera implicaría una debilidad jurídica muy fuerte y existiría la posibilidad altísima de judicialización", aseguraba Bassano en la conferencia.
Ante la consulta de este diario, desde la Secretaría de Energía aseguraron que para el caso del gas, realizarán una audiencia posterior a la aplicación del nuevo esquema. Para la de la energía eléctrica aseguran que no hace falta la audiencia pública, ya que se trabajará sobre la realizada en el primer semestre. Para el caso del agua la propuesta presentada se encuentra en proceso por parte del Ente Regulador y la SIyPH (Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica) en su carácter de Autoridad de Aplicación y serán las autoridades las que determinen las distintas instancias del trámite.
Otros reclamos
Además de la audiencia, las asociaciones de consumidores solicitaron se deje sin efecto la medida de quita de subsidios a partir del 1 de septiembre a 4 millones de usuarios por no haber presentado la Declaración Jurada. "De aplicarse significaran aumentos de entre 200 y 300 por ciento en sus facturas, desconociendo la real capacidad de pago de esas familias, que suman 16 millones de personas", aseguran.
Durante la conferencia los oradores quisieron dejar constancia de que además hay irregularidades en los topes, porque "perjudican a usuarios, pymes, usuarios electrointensivos que no cuentan con servicio de agua ni de gas y grupos familiares de bajos recursos", detallan y agregan que este esquema perjudicial para los usuarios se aplicó "con el apuro del FMI". "En el formulario se consideran ingresos y no los gastos que las personas tienen en alquileres, educación, salud. Es tramposa la manera de aplicar la segmentación", explicó Lubertino.
