La Ley de Humedales establecería parámetros certeros sobre qué actividades productivas se pueden hacer y cuáles no en cada área donde funciona el ecosistema del humedal. Esto operaría como un desincentivo a realizar quemas intencionales. Pero además, ofrecería más instrumentos a la Justicia para que actúe, una vez que se produzcan incendios, sobre los responsables.

Página/12 consultó a dos expertos en el tema para que expliquen de qué manera una ley de Humedales podría contribuir a controlar un fenómeno que es multicausal y que está provocando no sólo un grave daño ecosistémico sino también un fuerte perjuicio en la calidad de vida de las ciudades y los pueblos cercanos a los incendios.

El tratamiento legislativo de la Ley de Humedales ya fracasó en tres oportunidades. En 2013 y 2016, el proyecto fue aprobado en el Senado, pero no llegó a Diputados. El año pasado, a pesar de que fue una de las promesas de la campaña legislativa del Frente de Todos, se hundió de entrada en Diputados. Con la actual crisis de las quemas que hicieron que Rosario se volviera irrespirable, el tema volvió a la agenda y surgió un nuevo proyecto que deberá surfear por tres comisiones de la Cámara Baja.

Fuentes legislativas del Frente de Todos advierten que el trámite no será nada fácil, no sólo porque Juntos por el Cambio no votaría a favor del proyecto, sino porque dentro del propio oficialismo hay posiciones encontradas. Muchos intereses económicos podrían verse afectados. Y además, la agenda de la "fábrica de dólares" de Sergio Massa, que implica concesiones a los sectores productivos, es un dato político en contra.

Condición necesaria

Para Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, "la Ley de Humedales es condición necesaria pero no suficiente para resolver los problemas de los incendios. Permitiría definir el fundamento de la existencia del humedal y restringir su transformación. Identifica el bien a proteger, le da entidad. Brinda parámetros sobre qué hacer y qué no".

"La realización de un inventario y la identificación de los servicios ecosistémicos que brinda cada uno de los humedales definiría fundamentos para la protección y para establecer criterios en distintos niveles para su uso. Esos criterios, hoy no existen", continúa el funcionario de la cartera que encabeza Juan Cabandié.

Por otro lado, Federovisky explica que la Ley de Humedales otorgaría a la Justicia instrumentos más fuertes para "perseguir a los dueños de campos o los que arriendan, que usan el fuego para modificar el paisaje del humedal". Agrega que también es necesaria la aplicación de la Ley de Fuego, sancionada en diciembre de 2020. "Pedimos a la Justicia que decrete cautelares sobre las tierras quemadas para que se impida el uso productivo durante el restablecimiento de los ecosistemas", indica. 

Otra herramienta que Federovisky considera necesaria es la tipificación del "delito contra el ambiente, o sea contra el bien común". "Muchas veces, los jueces te dicen que no existe la figura del delito ecológico. Entonces tienen que buscar artilugios para actuar ante las quemas intencionales".

Un trabajo sostenido

"La Ley alcanza a los humedales de todo el país, que representan el 21,5 por ciento del territorio. En primer lugar, plantea llevar adelante un inventario nacional de humedales, lo cual si bien en realidad ya está en proceso hace varios años, sería muy bueno que se ratifique por ley. Se trata de información científica necesaria para la toma de decisiones", explica Ana Di Pangracio, Directora Adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y especialista en el tema de humedales.

"El segundo punto --continúa Di Pangracio-- es el proceso de ordenamiento territorial. Esto es algo que tendrían que hacer las provincias, coordinado con Nación. Implica sentar a todos los sectores de la sociedad para definir qué actividades no pueden continuar y bajo qué condiciones sigue lo que sí se puede hacer. No es que todos los humedales se van a proteger estrictamente y que no se va a poder nada. Se pone un orden y se define qué tipo de actividades a gran escala no se van a poder hacer".

"Hay productores ganaderos que no necesariamente quieren hacer este desastre, pero que siguen usando el fuego para el rebrote. Con ellos se puede trabajar para definir la carga máxima de ganado y hacer tareas de concientización. Hay otro sector con el cual no se puede trabajar sino prohibir, porque quiere destruir el ecosistema para avanzar con relleno y darle otro uso, tal como pasó en Nordelta. Por otro lado, se necesita contar con un derecho ambiental más desarrollado Argentina, para que quienes atenten contra una ley como Humedales, o Bosques, pongan en riesgo su libertad", agrega.

"Son leyes que requieren de un trabajo sostenido, no solucionan, pero contribuyen. Por ejemplo, el panorama de los bosques nativos sería mucho peor sin ley. Pero además de la norma hay que destinar personal y recursos. También apuntan a un cambio simbólico, que es ver a los ecosistemas desde el punto de vista de la conservación y de la relevancia que tienen para la vida", indica la especialista.

Di Pangracio recuerda que en el propio Delta existe, desde 2008, el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP), que plantea el ordenamiento ambiental del territorio. "El plan estuvo virtualmente frenado durante la gestión de Macri. Recién se reactivó en mayo de 2020. Se generaron faros de conservación, dispositivos de detección temprana, cosas positivas. Después de muchos años de abandono, el Estado perdió presencia en el Delta".