El diputado Pablo Carro, titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley que busca incorporar a las plataformas digitales que comercializan contenidos sonoros o audiovisuales a la regulación audiovisual en el marco de la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta manera se busca mayor equidad con las empresas nacionales y tutelar derechos de usuarios y audiencias, especialmente de niñas, niños y adolescentes. El anuncio de la iniciativa fue realizado la semana anterior en un encuentro del legislador cordobés con representantes de la Coalición por una Comunicación Democrática.

El proyecto contempla cuotas de producción nacional, visibilidad en catálogos y contribuciones con el gravamen creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, propone mejorar la competitividad de las grandes y pequeñas productoras y ampliar las posibilidades de trabajo de actores, músicos, periodistas, creadores, productores y técnicos argentinos. Estudios recientes señalan una presencia de menos del tres por ciento de películas y series nacionales en los catálogos de las principales plataformas de consumo en el país.

También actualiza el encuadre de televisión de pago, los servicios de streaming y otros de intercambio de audio y videos como servicios audiovisuales, lo cual equilibra las obligaciones e incentivos de productora, distribuidoras y plataformas. Estas últimas comercializan sus contenidos en el país sin aportar a los fondos de financiamiento de la producción audiovisual.

“La ausencia de un marco de normatividad nacional específico sobre los servicios de comunicación audiovisual reduce sus responsabilidades de curaduría o edición, tributarias, laborales e informativas, lo cual conspira con las condiciones de igualdad respecto de prestadores radicados en nuestro país, en cada una de nuestras provincias”, expresa el proyecto en sus fundamentos.

Con arreglo a lo expuesto, y sobre la base de la experiencia en la materia de países europeos y las recomendaciones de organizaciones como la Multisectorial Audiovisual y la Coalición por una Comunicación Democrática, el proyecto propone:

· Reencuadrar a la TV de pago (por cable) como servicio audiovisual (el DNU 267/15 lo pasó a la Ley Argentina Digital generando conflictos a la hora de tutelar derechos de audiencias, cuotas de pantallas y presencia de señales en la grilla)

· Actualizar la definición de servicios de audio y TV a demanda, para que sea operativa en su implementación.

· Incorporar la definición de servicio digital de distribución e intercambio de contenidos audiovisuales, como nuevos sujetos prestadores (sin responsabilidad editorial sobre el contenido).

· Precisar el cumplimiento de normativas antidiscriminación y de tutela de derechos de audiencias vulnerables como niños, niñas y adolescentes (calificación de contenidos, control parental, etc.)

· Establecer una cuota de pantalla de exhibición o catálogo de producciones audiovisuales nacionales (20%), al menos la mitad de ellas de producción independiente, o coproducidas con productoras independientes.

· Explicitar el alcance tributario a estos nuevos servicios de comunicación audiovisual siguiendo parámetros de gravamen similares a señales satelitales y TV de pago (artículo 94 LSCA). El proyecto propone un porcentaje diferencial entre plataformas extranjeras y nacionales (seis y tres por ciento, respectivamente) de la facturación, como gravamen deducible del IVA (no es un nuevo impuesto) como fomento a las industrias culturales argentinas.

* Integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática