La familia de una joven fallecida en septiembre de 2010 en el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, ubicado en el barrio porteño de Palermo, apeló la absolución de los funcionarios porteños que habían sido acusados por su presunta responsabilidad en la habilitación irregular del local.

Alberto Provedo, el padre de Leticia (20) --quien murió junto con Ariana Lizarraga (21) cuando la construcción se les cayó encima--, reclamó "la celebración de un nuevo juicio oral", a cargo de un tribunal diferente del que dispuso condenas solo para los empresarios que regenteaban el boliche, pero que absolvió a todos los demás imputados.

En tanto, la familia de Ariana decidió no apelar, pero denunció "los vejámenes" del proceso judicial a través de una carta presentada el pasado jueves al tribunal.

En su fallo, el Tribunal Oral Criminal N°7 condenó a los dueños de Beara y socios comerciales en "El viejo sabio" --Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila e Iván Andrés Fliess-- a tres años de prisión condicional y a cinco años de inhabilitación para ejercer el comercio, al encontrarlos responsables por la muerte de las dos jóvenes.

No obstante, los jueces decidieron anular parte del alegato del abogado Omar Benabentos, que representa a la familia de Leticia Provedo, al absolver a los funcionarios porteños encargados de controlar la habilitación, como también a los policías federales acusados por cohecho.

La apelación exige además que se "declare la validez de la acusación de esta querella, tome los agravios expresados en este recurso contra las absoluciones pronunciadas y dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión con las condenas del modo y forma que han sido solicitadas".

"El decisorio al que se arribó está preñado de invalidez por cuanto al declarar la nulidad de la acusación formulada por esta querella no abordó las razones expuestas en la requisitoria de elevación a juicio y en el alegato, por la que perseguía la condena de los funcionarios estatales", advirtió el escrito de 280 páginas.

"Se violó la igualdad procesal de las partes en el debate. No se han respetado por el Tribunal lo dispuesto por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y su interpretación de esas normas por la Corte Interamericana --que es vinculante para los tribunales nacionales-- y también se han violado artículos de la Constitución Nacional", añadió.

Alberto Provedo reconoció los trastornos que su decisión podría generarle a su propia familia, que lleva 12 años reclamando justicia. "Soy plenamente consciente que la reproducción de un nuevo juicio y debate oral, supone para mí, como víctima, una grave revictimización y agrediría una de las garantías centrales de todo proceso judicial: la de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable", destacó. Y para evitar esta situación --propuso-- que "la Sala anule la sentencia y dicte un pronunciamiento condenatorio".

Así, Provedo pidió para los ex funcionarios Diego Farrel, Pablo Saikauskas, Norberto Cassano e Isaac Rasdolsky la pena a cinco años de cárcel de cumplimiento efectivo e inhabilitación por el doble de tiempo o, en su defecto, tres años de prisión, que es lo que había pedido la fiscalía durante el juicio.

"Es imperioso que los funcionarios públicos integrantes de la cúpula de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes con su imprudencia provocaron la muerte de mi hija, sean alcanzados con los reproches penales, por el directo nexo causal entre sus conductas y la muerte de Leticia", concluyó.