El Equipo Especial contra la Corrupción del Poder de Perú pidió este lunes tres años de impedimento de salida del país contra la primera dama, Lilia Paredes, ante las investigaciones en su contra.

"El Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra la primera dama, Lilia Paredes, en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos de crimen organizado, lavado de activos y otros", publicó fiscalía en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Fiscalía añadió que este pedido también incluye a los hermanos de la primera dama Walter y David Paredes y también a Hugo Espino Lucana, quien se encontraba detenido, pero salió en libertad tras acogerse al recurso de confesión sincera.

Horas antes, Benji Espinoza, el abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, y de su pareja, Lilia Paredes, informó este lunes que la primera dama no entregó el pasaporte a la fiscalía, contrario a lo que había afirmado el mandatario días atrás.

Sobre esto, Espinoza dijo que la primera dama no entregó el documento y justificó para Latina Noticias que aún se encuentran "recopilando información". Por otro lado, el 19 de agosto, el representante legal de ambos dijo a la prensa que la pareja presidencial no tenía ninguna intención de salir del país.

Investigación contra la primera dama

El Ministerio Público anunció este sábado la apertura de una investigación contra Paredes y sus hermanos por presuntamente ser miembros de una organización criminal comandada por el jefe de Estado. Días atrás, Castillo, dijo que su esposa no tenía intención de salir del país y recalcó que, ante un pedido de impedimento de salida en su contra, ella estaría dispuesta a entregar su pasaporte en el marco de la investigación en su contra.

Según la investigación a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EECFP) de la Fiscalía, Paredes está siendo indagada por probables delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Según el documento presentado por el EECFP, la esposa de Castillo cumplía la función de coordinadora de la red criminal "para viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en las diferentes entidades de los gobiernos subnacionales" a través de su hermana Yenifer.

Además, detalla que llevaba a cabo "acciones de coordinación y concertación con los demás miembros de la organización criminal desde las etapas iniciales del plan criminal hasta la ejecución y concreción de actos propios constitutivos de delitos".

El EEFCP está investigando una presunta colaboración con funcionarios para direccionar obras públicas en municipios a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuando lo dirigía Geiner Alvarado, que en la actualidad es el titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones.

La disposición señala que los implicados en la mencionada red, entre los que se encuentra el propio Castillo y una serie de empresarios, se habría "favorecido y logrado hacerse de más de 6 millones de soles [cerca de 1,5 millones de dólares] en obras públicas para diversos municipios distritales, como el de Anguía, Chachapoyas, Chadín y Cajatambo".