Tras el pedido de condena de la fiscalía contra Cristina Kirchner, dirigentes de la oposición de izquierda se diferenciaron de la derecha y cuestionaron la persecución a la vicepresidenta.
La diputada nacional del FIT-U Myriam Bregman señaló que CFK sufre una “persecución política” que además “incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación” para que no pueda acceder a cargos públicos. Para Bregman, el modo de evitar que las acusaciones de corrupción sean usadas “como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil", las causas "deben ser juzgadas por jurados populares”.
Desde la misma bancada, Nicolás Del Caño planteó su "rechazo al pedido de inhabilitación para CFK y que no le hayan permitido ampliar la indagatoria, elemental derecho de defensa”.
Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS, rechazó el pedido de la fiscalía contra la ex mandataria y lo consideró como un hecho de "persecución política", y agregó: "No tenemos dudas de los hechos de corrupción del kirchnerismo. Sin embargo, la Justicia aristocrática argentina pretende hacer un arbitraje desigual en relación con unos respecto de otros".
