La jueza interina de la Sala I del Tribunal de Juicio, María Victoria Montoya Quiroga, dio a conocer los fundamentos de la absolución a 20 policías por la represión en los asentamientos Parque La Vega y San Calixto en 2020. La razón más importante fue el retiro de la acusación por parte del fiscal Gustavo Vilar Rey y su pedido para que lxs efectivos fueran absueltos por la duda. Sin embargo, la magistrada, realizó sus propias valoraciones e interpretó el conflicto como un combate en el que los "usurpadores" atacaron con piedras y bombas motolov a los miembros de la fuerza.

La denuncia por la represión fue radicada por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, cuya delegada en Salta es María Martínez Morales Miy, luego de un relevamiento que realizado con las familias asentadas. En el juicio, el organismo se presentó como amicus curiae. La jueza señaló que el abogado que representaba a la institución, Fernando Ruarte, optó por no hacer uso de la palabra cuando le dio la oportunidad de hacerlo antes de dictar sentencia, aunque la magistrada contaba con la presentación por escrito.

Montoya Quiroga fundamentó que la conducta del personal policial "se ajustó a derecho (...) haciendo un uso legal, racional, congruente, oportuno y proporcional de la fuerza pública, mediante la utilización de armas incapacitantes no legales (...)".

La jueza concluyó que el 25 de mayo de 2020 durante la mañana se produjo "un primer altercado con personal policial cuando no se les permitió a los usurpadores el ingreso de materiales de construcción". Además de la denominación con que la magistrada eligió nombrar a las personas que ocuparon tierras fiscales en reclamo del derecho a una vivienda digna, llama "materiales de construcción" a pallets y cartones.

Las personas asentadas habían manifestado a la Secretaría de Derechos Humanos, y también en los medios de comunicación, que las tarimas eran usadas en la toma "como leña para preparar los alimentos", y en aquella ocasión la policía le habría pedido a la mujer que quiso pasar una que la desarmara "para que pudieran comprobar que era para leña”. La vecina les habría contestado que no contaban con las herramientas para esa tarea. Entonces una comisaria a cargo llamó a la Infantería y otros refuerzos, que se fueron agrupando alrededor del predio.

La jueza dijo que hubo varias reuniones entre lxs asentadxs, quienes "decidieron organizar la resistencia al desalojo". Según afirmó, "Incluso más de un testigo hizo referencia a la necesidad de agredir al personal policial para con ello atraer a los medios de comunicación y visibilizar no solo a la sociedad sino principalmente al gobierno, su necesidad de una vivienda digna".

A continuación, Montoya Quiroga analizó que "en ese estado de tensión generalizada, en horas de la tarde se produjo el segundo altercado, en oportunidad en que una asentada mayor de edad intenta ingresar nuevamente material vedado por la medida cautelar vigente". Indicó que "ello lógicamente desencadena la reacción del personal policial", que al verse "desbordados" convocaron al personal de la División de Infantería.

Lxs asentadxs contaron que alrededor de las 21 otra vecina intentó entrar al predio con un cartón por el vallado Nº 4, donde se le negó el ingreso. La mujer habría explicado a los policías que su colchón estaba mojado, por lo que quería usar el cartón para resguardarse del frío del piso y pidió que "por favor" tuvieran en cuenta que es discapacitada y de casi 70 años de edad en ese momento. Pero los policías se mantuvieron en la negativa y le quitaron el cartón con ayuda de los uniformados del vallado N° 5. Según testigos, en medio de ese forcejeo por el cartón, un policía le dió un golpe de puño a la mujer, que quedó tendida en el suelo. Esto generó que otras vecinas intervinieran tratando de defenderla. Fue en ese momento que varios policías comenzaron a dispararles con balas de goma.

Lxs testigxs habían relatado a la Secretaría que al escuchar los balazos, varios hombres trataron de defender a las mujeres con lo que encontraban a mano. La escalada violenta se acrecentó con el lanzamiento de gases lacrimógenos y el disparo de proyectiles. La represión policial se extendió por más de una hora, y de los testimonios de varias de las víctimas se desprende que cesó porque se quedaron sin balas. 

Sin embargo, en la reconstrucción realizada por la jueza, "los asentados ya organizados, ni bien se acercan los primeros efectivos de Infantería comienzan el ataque con piedras, palos y cascotes. Viéndose éstos últimos superados, inmediatamente piden refuerzos con carácter de urgente. Empiezan a llegar efectivos de todos los sectores cercanos, DSU y hasta del GOPAR en móvil de Caballería".

La magistrada señaló que mientras los refuerzos iban llegando a las cercanías, "los focos de ataque al personal policial comienzan a multiplicarse", y que en esos momentos "se produce un verdadero combate".

Como si se tratara de un enfrentamiento entre iguales, la jueza señaló que por un lado "los asentados arrojan piedras y escombros de gran tamaño y hasta recurren a bombas molotov, obviamente no improvisadas en esos momentos sino preparadas de antemano". Mientras que por otro lado, "el personal policial intenta avanzar, se reproducen los disparos de armas largas (escopetas) con balas de goma y marcadoras, pero prontamente comienzan una retirada ante la cantidad de policías lesionados y la incesante lluvia de piedras. Se retiran incluso hasta cien metros pero los agresores siguen atacando mediante el uso de ondas".

La jueza sostuvo que muchos policías terminaron lesionados, muchos móviles "extremadamente dañados", aunque reconoció que también "una enorme cantidad de asentados recibe impactos de balas de goma en su cuerpo, incluso en la zona ocular. Esta batalla campal dura horas. La estrategia policial final para concluirla consiste en retirarse lo máximo posible".

"Una imagen vale más que mil palabras", sostuvo a continuación Montoya Quiroga. Con esa expresión se refirió a las filmaciones tomadas por las cámaras de los móviles policiales. "Allí se pudieron constatar todas las declaraciones de uno y otro efectivo policial que testimoniaron en esta causa. Y valga agregar, nadie pudo describir con precisión la sensación que produce ver con ojos propios la forma en que las personas asentadas, en medio del llamado combate, arrojan bombas molotov sobre los móviles policiales, poniendo en riesgo incluso sus propias vidas y las de mujeres y niños que permanecían dentro del asentamiento. Lamentable", afirmó.

Sin embargo, nada dijo de las fotografías que tomó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde se ven a hombres, mujeres, y un adolescente, lesionadxs con las balas de goma. 

Temor a denunciar 

La jueza dijo además que le llamó la atención que no existiera en la causa "ni siquiera un denunciante por parte de los asentados. Muchos de ellos recibieron más de diez impactos en su cuerpo, resultaron seriamente lesionados y ni aún así, se acercaron a la Fiscalía o a una comisaría lejana a formular su denuncia. Quien insta el inicio de las actuaciones es la Delegación Salteña de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación". 

Sin embargo, ya la delegada de la Secretaría había señalado que las familias asentadas tenían temor. Y uno de los motivos tenía que ver con que el delegado de la toma fue detenido por varios meses en condiciones irregulares, e imputado por el fiscal Horacio Córdoba con un cúmulo de causas judiciales, entre las que se cuentan, entre otras, dos por las marchas que hicieron las familias del asentamiento y otra por intentar conectar un caño de agua en el predio en que había más de mil personas.

Asimismo, la jueza cuestionó a la Secretaría de Derechos Humanos nacional porque, "de oficio, se acerca al lugar, recoge testimonios y toma fotografías que no han sido debidamente incorporadas a las actuaciones, más que remitiéndoselas a la Fiscal (Verónica Simesen de Bielke) de turno por whatsapp". Indicó que "se habla de un informe que esta Secretaría confeccionara al que ni siquiera el Fiscal de Juicio tuvo acceso. Aún así, los pocos testimonios recibidos en la Audiencia que no fueran de personal policial, confirman la versión aquí plasmada".

La jueza también afirmó que hubo discordancias entre la declaración de Martínez Morales Miy y las de lxs cuatro asentadxs que dieron su testimonio en el juicio. "Ninguno de ellos corroboró su miedo a testificar, ni siquiera quienes abiertamente pidieron la condena de los imputados, como López", aseguró.

Los efectivos absueltos son Federico Samuel Heredia, César Hugo Brizuela, Raúl Héctor Herrera, Diego Fernando Suárez, Marcos Guillermo Rodríguez, Hugo Ariel Troncoso, Carlos Eugenio Torres, Claudio Daniel Muruaga, Korge Enrique Acoria, Gustavo Adolfo Flores, Simón Antonio Cansino, Diego Gustavo Tolaba, Carlos Alberto Ríos, Claudio David Flores, Gustavo Ariel Quispe, Diego Aniceto Potosí, Mauro Renato Luna, Estela Margarita Ampuero, Daniel Fernando Mamaní y Cristian Gonzalo Blas Pereyra. 

En el mismo fallo fue absuelto Pablo Hernán Castillo respecto a los delitos de vejaciones calificadas y lesiones leves en concurso ideal, porque no fue incluído en el requerimiento fiscal y porque la magistrada entendió que el hecho por el que se lo acusó "no existió".

La defensa estuvo a cargo de los abogados de la Policía de Salta Pablo Alberto González y Pablo Albornoz. El fiscal penal de Derechos Humanos interino, Gustavo Vilar Rey, fue sumariado y removido de este cargo en 2020 por no investigar las denuncias de violencia policial. Salta/12 consultó al MPF cómo se resolvió el sumario pero no se aportó información al respecto.