La Policía Federal (PF) de Brasil desplegó este martes un operativo en cinco estados del país contra ocho empresarios afines al presidente Jair Bolsonaro y que son acusados por compartir mensajes golpistas en redes sociales internas.
La órden de allanamiento e incautación de posibles pruebas fue liberada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal. Según un comunicado de la PF, los operativos policiales se llevaron a cabo en los estados de San Pablo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, Santa Catarina y Ceará.
Entre los empresarios investigados están Luciano Hang, dueño de la cadena de almacenes Havan; los constructores Meyer Nigri e Ivan Wrobel; José Isaac Peres, de la red de centros comerciales Multiplan; José Koury, dueño de Barra World Shopping; André Tissot, titular del Grupo Serra de Rio Grande do Sull; Marco Aurélio Raimundo, de la compañía Mormaii, y Afranio Barreira, dueño de la red de restaurantes Grupo Coco Bambu.
La información sobre estos mensajes golpistas fue informada el jueves 18 por el sitio Metropoles. “Prefiero un golpe de estado que el regreso del PT”, manifiestó el carioca José Koury en un grupo de Whatsapp de empresarios afines a la reelección, El mensaje fue celebrado y apoyado por los miembros del grupo denominado "Empresarios & Política".
Tras la filtración de los chats, el senador Randolfe Rodrigues denunció ante la Justicia las amenazas del golpe de estado si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quien lidera las encuestas, gana las elecciones.
La publicación periodística señala también al propietario de la empresa de ropa de surf internacional Mormaii, Marco Aurélio “Morongo” Raymundo. El empresario escribió en esa red social cerrada: “El 7 de septiembre se está programando para unir al pueblo y al Ejército y al mismo tiempo dejar claro de qué lado está el Ejército”, dijo Morongo, uno de los miembros más radicales y activos del grupo.
“El golpe tendría que haberse dado en los primeros días de gobierno. [En] 2019 hubiéramos ganado otros 10 años más”, publicó Tissot, del Grupo Sierra, una empresa especializada en la venta de muebles de lujo en Rio Grande do Sul.
Algunos de los empresarios sugirieron “dar un bono en efectivo o un lindo premio a todos los empleados de nuestras empresas” que voten por Bolsonaro, aunque también alertaron que habría que estudiar “si no está prohibido”. “Creo que sería comprar votos… complicado”, respondió Morongo.
Otro tema recurrente es el ataque al sistema electoral. Al igual que el presidente de la República, los empresarios aseguran que Brasil no cuenta con garantías electorales. Meyer Nigri, fundador de Tecnisa y uno de los empresarios más cercanos a Bolsonaro, manifestó que el Supremo Tribunal Electoral (STF) “será responsable de una guerra civil en Brasil”.
El actual presidente del STF, Alexandre de Moraes, a quien llaman “skinhead” del grupo criminal Primer Comando Capital, investiga a Bolsonaro en un caso sobre la divulgación de noticias falsas y ataques a la democracia al poner en duda el funcionamiento de las máquinas de votación electrónica y el sistema electoral.
