La Fiscalía de Paraguay anunció este martes la apertura de una investigación contra el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, para verificar si recibió un soborno, tal como lo asegura el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La decisión fue adoptada por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, quien recibió un "dictamen de análisis jurídico", indicó la oficina en un comunicado, sin profundizar en los elementos de ese análisis.

Quiñónez "dispuso la apertura de una causa penal para investigar los hechos con relación a la declaración del embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, en la cual se ponen a conocimiento hechos que pudieran ser de relevancia penal", agrega el comunicado.

La acusación estadounidense

Estados Unidos anunció el 12 de agosto que impediría el ingreso al país de Velázquez y del asesor legal de la entidad binacional de Yacyretá, Juan Carlos “Charly” Duarte, incluyendo a ambos y a personas cercanas a ellos en su lista de personas "significativamente corruptas". En esa misma lista Washington había sumado días antes al expresidente paraguayo Horacio Cartes, contra quien pesaban investigaciones previas en Paraguay.

Velázquez y Duarte son señalados por el Departamento de Estado estadounidense por participar "en actos de corrupción significativos, incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos".

Según Washington, Duarte es "un estrecho colaborador personal y profesional" de Velázquez y ofreció un soborno a un funcionario paraguayo "para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros".

En el comunicado del Departamento de Estado se indica que la corrupción "perjudica el interés público, obstaculiza la prosperidad económica de los países y reduce la capacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su gente". Sin embargo, no se agregan detalles sobre las acusaciones.

La reacción paraguaya

Velázquez, que se declaró inocente de las acusaciones, dijo en una primera instancia que renunciaría a su cargo y a su precandidatura a la Presidencia por el oficialismo. Si bien cumplió con esto último, dio marcha atrás con su dimisión una semana después, argumentando que ni en Estados Unidos ni en Paraguay había investigaciones en su contra. El presidente, Mario Abdo, dijo que el vicepresidente debería dejar su cargo, aunque aclaró que respeta su decisión.

En tanto, el gobierno de Paraguay solicitó a Estados Unidos más información sobre las acusaciones, pero Washington se negó a entregarla "por temor a que se pueda afectar a las investigaciones policiales en curso o futuras", según dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos a la agencia de noticias Efe.

La Fiscalía paraguaya también solicitó esos detalles al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se desconoce si recibió respuesta.