La Cámara de Diputados buscará hoy sostener en el primer plano de la agenda el caso Vicentin. Y lo hará con una audiencia pública en la que está invitado todo el arco político con alguna cercanía e interés con el asunto. Hasta el propio directorio que tiene a la mayoría de sus miembros procesados por el fraude enviará un representante.

La audiencia se realizará desde las 9.30, a instancias de la comisión de Información y Seguimiento de las causas judiciales en curso contra Vicentin SAIC. La coyuntura en la que se produce esta convocatoria está formateada en los últimos días con la ratificación de la Corte Suprema de Santa Fe en avocarse al caso, suspender el concurso preventivo de acreedores y separar de ese proceso al juez civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, muy cuestionado por permitirle a la empresa maniobras prohibidas para su condición y que habrían perjudicado a la masa de quienes pugnan por cobrarle.

Se prevé que concurran a la audiencia representantes del Poder Judicial local, pero también ha sido invitado el fiscal federal Gerardo Pollicita. Están convocados los intendentes de Rosario, Santa Fe, Avellaneda y Reconquista, diputados y senadores, sindicatos afines, y directores del Banco Nación, incluido Claudio Lozano, que renunció a pedido de la actual presidenta, Silvina Batakis.

En el espíritu de la comisión persisten tres objetivos: despejar el futuro inmediato para las fuentes de empleo directo que dependen del universo Vicentin, procurar que el Banco Nación recupere los préstamos cedidos al grupo, y establecer el destino de esos y otros activos multimillonarios que desaparecieron en la declaración de default, en diciembre de 2020.

"La audiencia sirve para involucrar a todos los actores con interés en el default más grande de la historia de Santa Fe, 1350 millones de dólares, que debe salir a la luz por completo", consideró ayer el diputado provincial Rubén Giustiniani, miembro de la comisión investigadora.

En diálogo con Rosario/12, el legislador indicó que "lo que más importa son los puestos de trabajo en juego, luego el patrimonio del Banco Nación, y establecer dónde está plata". "¿Cómo se explica que una empresa que cobró 350 millones del Banco Nación, 500 millones de bancos internacionales, 140 millones por el 14 por ciento de la venta de Renova, que tomó granos de los acopios, que llegó a ser la primera exportadora de granos y la 11ª empresa más grande del país un día declarara el default?", agregó. 

La Corte debe resolver si designa un nuevo juez o si se lo devuelve a Lorenzini, pero hasta ahora rechazó el intento de los directores de la empresa de proseguir con los acuerdos que vino realizando con una mayoría de acreedores que otros impugnaron.

Además, el grupo enfrenta tres causas penales abiertas en el fuero de Rosario, por fraude fiscal, en Buenos Aires por las maniobras que perjudicaron al Banco Nación, y en Reconquista por el descubrimiento de facturas apócrifas con las que se simularon exportaciones con el fin de cobrar los correspondientes reintegros por 111 millones de pesos a 2020. Cabe recordar que hay 17 miembros del directorio procesados por estafas reiteradas y en libertad por haber pagado una caución de 10 millones de dólares.

"Los gobiernos nacional y provincial están borrados, y no hay ni una noticia sobre el dinero fugado a paraísos fiscales. Además, sigue la angustia por los 7 mil trabajadores de las 33 empresas que conforman el consorcio del grupo", planteó el diputado Carlos Del Frade.

La comisión no resigna la posibilidad de que el Estado tome el lugar de Vicentin con una empresa pública. El propio presidente Alberto Fernández vislumbró esa posibilidad hace dos meses cuando entrevió la alternativa del cramdown, una salida al concurso con el acuerdo con un tercero que puede ser el Estado en este caso. "Es un objetivo, pero hasta ahora no hemos visto voluntad política real, y sin eso, es inviable. Lo importante es evitar la quiebra y el desguace, ese sería el peor escenario", dijo Giustiniani.