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La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenía derecho a pedir la ampliación de su indagatoria. Principalmente porque la Fiscalía presentó (o mencionó) pruebas que no habían sido agregadas antes. La procesada no pudo defenderse en la indagatoria previa porque no es adivina. Quedó en desventaja, una injusticia. Los jueces del Tribunal Oral le negaron su derecho. El acto no habría demorado el trámite. La pregunta es por qué lo hicieron.
Hay una palabra clave que mencionó el fiscal Diego Luciani en su acusación: “ostentar”. Según el funcionario, Cristina “ostentaba” la condición de presidenta. No es estricto: el fiscal falsea para variar. Cristina “ejercía” (o desempeñaba) la presidencia a la que llegó mediante elecciones democráticas. Quienes ostentan parcialidad son los jueces. No solo obran sin respetar la noble igualdad de las partes: se empeñan en ostentarlo. Cuando el juez Rodrigo Giménez Uriburu esgrime el mate del club Liverpool o cuando niega derecho a la procesada, hace alarde de su parcialidad.
La vicepresidenta se defendió en redes sociales. Habló durante una hora y media, haciendo gala de elocuencia. Su presentación contrastó con las de Luciani. Un hombre gris, sin lauros académicos, que leyó su parrafada. Se observó que sabe leer en castellano de corrido. No que sepa hablar de corrido… destreza tan esquiva a muchos macristas, empezando por su líder.
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Cristina analizó las pruebas intrusadas en la causa. El mayor aporte fue revisar el celular del exsecretario de Vivienda José López. De esa fuente brotaron chorradas de chats intercambiados con Nicolás Caputo, “hermano del alma” del expresidente Mauricio Macri y alto empresario de la construcción. El detalle se recorre en otras notas de esta edición, a las que remitimos.
Las evidencias no pesan una tonelada pero son muy sugestivas. Los vínculos entre López y Caputo tienen que ser investigados. Luciani podía no agregarlos al expediente de Vialidad porque sería extemporáneo, exótico… aunque lo hizo respecto de Máximo Kirchner demostrando cuan sesgada es su tarea. Como fuera, las sospechas derivadas de los intercambios tienen que ser objeto de pesquisa judicial. El deber de un funcionario que topa con ese material es denunciarlo. Así que una de dos: o Luciani cree que Caputo es intocable. O, tal vez, incumplió deberes de funcionario público. Por ahí surge una tarea para otro integrante del Ministerio Público: investigar el punto… Habrá que ver.
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La falta de profesionalidad de Luciani se refleja en la magnitud de las penas que reclamó. La clave para las sanciones superiores a la de un homicidio es la figura de la asociación ilícita que motiva malentendidos y bolazos. En otra columna escribimos que la asociación ilícita es un tipo penal persecutorio usado para perseguir al naciente sindicalismo en sus orígenes europeos y argentinos. Los fiscales echan mano a ella para engordar sus planteos de condena, encarcelar sin sentencia firme. Hay muy pocas condenas por asociación ilícita en nuestra jurisprudencia. Contra lo que escriben varios profanos en derecho, no se aplicó en el juicio a las Juntas Militares. Y se hizo en contadas sentencias por crímenes de lesa humanidad.
Luciani sostiene un disparate: un conjunto de funcionarios que gobernó doce años fue en realidad una mafia, un cartel. La Corte Suprema denegó un planteo similar en el expediente “Stancanelli” que investigaba la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. Luciani lo citó como convalidando su posición, macaneó otra vez. Los aplaudidores macristas ni se enteraron de la falacia.
La cifra cuyo decomiso se solicita es también un despropósito. Como apunta siempre Raúl Kollmann que siguió todo este juicio día tras día, solo se peritaron cinco licitaciones de las cincuenta y una que conforman la denuncia. La fiscalía, perezosa, rehusó hacerlo respecto de otras contra los pedidos de la defensa de la vicepresidenta. Le interesa más perorar que buscar pruebas. Cuesta imaginar cómo se llega a los 5421 millones de pesos que alucina el fiscal, basado en supuestos sobreprecios de apenas cinco licitaciones. La petición se parece como dos gotas de agua a la zoncera gorila “se robaron dos PBI”.
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Como explayó Cristina, el expediente respira venganza y persecución política. Ánimo de sacarla de la competencia política. Si se puede, proscribiendo. Si el tiempo no alcanza para llegar a una condena firme: para enchastrar su reputación, agredirla y ofenderla.
Cristina indicó que el juicio es contra el peronismo. Difícil refutarlo desde la cancha de Los Abrojos. Este cronista se permite agregar algo. Las campanas de la asociación ilícita no doblan solo para el peronismo. Anticipan qué hará Juntos por el Cambio si gana las presidenciales del año próximo. Macri lo sinceró ante Mario Vargas Llosa: lo mismo que la otra vez pero más rápido. En 2016 se apuraron a encarcelar sin proceso y sin condena a Milagro Sala. Si hay “segundo tiempo”, la vindicta punitivista caerá sobre más gente, luchadores sociales, opositores.
La solidaridad de dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) con Cristina no es, entonces, asombrosa ni tiene como trasfondo una confabulación extraña. Es pura coherencia, racionalidad… y defensa propia. La diputada Myriam Bregman, abogada ella, tuiteó en consecuencia; “Siempre sostuvimos que la figura de asociación ilícita es ilegítima e inconstitucional, destinada a la persecución política. ¡Lo seguimos sosteniendo y exigimos su derogación!”.
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La reacción de los medios dominantes tras la presentación de CFK cumplió con el manual de estilo. Repiquetearon verbos clásicos: “Atacó”, “fustigó”. Una espiral de silencio rodeó a Nicky Caputo.
Se cuestionó que Cristina no desplegó toda su defensa ni ofreció prueba. No se preocupen… Lo hará su abogado Carlos Beraldi en la audiencia respectiva, dentro de unos días.
Una última acotación, menor comparada con el resto. Luciani describió “su caso” como el más grande juicio de corrupción de la historia. OK, de acuerdo, el fiscal puede exorbitar un poco. Quizás anhele pasar a la política como el juez brasileño Sergio Moro aunque con mayor fortuna. Solo por debatir va un ejemplo en contrario. Hay más, por cierto. Rememoremos la aludida venta de armas a Croacia y Ecuador. Se violó la neutralidad argentina, se pertrechó a un país enemistado con Perú, un aliado histórico. Se burlaron reglas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Se hicieron estallar instalaciones en Río Tercero para ocultar pruebas causando un estrago atroz y muertes. La memoria corta en una de esas lo olvida. O prima el habitual desdén de la derecha argentina por la vida ajena… Compararlo con una acusación huérfana de sustento... en fin.
Es apenas una digresión. Módica. Lo fundante es que los adjetivos y adverbios no reemplazan a las pruebas. La presunción de inocencia es la viga de estructura del proceso penal. La semejanza con los procesos al expresidente brasileño Lula da Silva son gigantescas. Los peritajes demuelen las fantasías de Luciani, cofrade de los jueces y dirigentes políticos… El supuesto proceso funciona como un simulacro: con la cancha inclinada, arrasando a las garantías del derecho penal contemporáneo.
Los jueces quisieron amordazar a Cristina Fernández de Kirchner. Ella respondió como dirigente de primer nivel, como líder política y como abogada. Sus palabras de ayer no constarán en las actas del proceso capcioso pero posiblemente harán historia e incidirán en los años por venir. Algunos macristas lúcidos (una minoría de la que forma parte el ex senador Miguel Pichetto) emiten alertas, parecen percatarse.
