En un conversatorio sobre “Salud Mental y Derechos Humanos” se abordó la problemática relacionada con la violencia institucional y la demanda por la reglamentación de la Ley Provincial 8.323, que crea un órgano revisor para Ley Nacional de Salud Mental, 26.657.
El conversatorio fue organizado por la Asociación Miguel Ragone, las organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos de Salta, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta y la CTA Autónoma. La actividad tenía como finalidad "diagnosticar la evolución de la aplicación de la Ley de Salud Mental en Salta", y también elaborar recomendaciones que permitan mejorar la adecuación de la política pública y sanitaria que indica y prevé la legislación vigente.
La antropóloga e integrante de la Mesa de DDHH y de la Asociación Miguel Ragone, Blanca "Nenina" Lescano, explicó a Salta/12 que la actividad forma parte de un proyecto presentado ante el Comité Nacional de Prevención de la Tortura sobre la "incidencia de la violencia institucional y política en torno a la ley de creación 8024 del Comité Provincial de Prevención de la Tortura cuando este último todavía no estaba conformado". La salud mental es un eje de la propuesta de trabajo.
El presidente del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, Rodrigo Solá, dijo a Salta/12 que este conversatorio surgió ante “la carencia, una gran crisis en la salud mental” que se ha visibilizado por reclamos de trabajadores del Hospital de Salud Mental Miguel Ragone, y una sentencia dictada por la jueza de familia de Orán, Ana María Carriquiry.
Esta magistrada dictó un fallo que obligaba al gobierno provincial a presentar un plan de salud mental en un plazo de 10 días. La medida surgió en el marco de una acción de amparo colectiva presentada por asesores de Incapaces del distrito judicial de Orán. Sin embargo, la provincia apeló el fallo y, mientras tanto, no cumple con la sentencia pese a que la impugnación no suspende la obligación impuesta por Carriquiry.
Solá mencionó la falta de presupuesto para la salud mental y la precarización en las condiciones laborales. Explicó que en la actualidad la provincia destina 0,4% del presupuesto cuando “debería llegar al 10%”.
El conversatorio se propuso problematizar la situación actual de la atención de la salud mental en la provincia, con especial enfoque "en el encierro y la desafiliación", como consecuencias de la violencia institucional y política. Las conclusiones de esta actividad serán integradas en el informe general de la violencia en instituciones de encierro en Salta, que se presentará ante el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
Reglamentación del Órgano de Revisión
La curadora oficial María José Miranda participó del conversatorio y señaló que tras 12 años de la ley nacional de salud mental, recién se aprobó en junio y se reglamentó en julio en Salta la creación de un órgano revisor, al que aún le falta la reglamentación.
El órgano revisor se creó en el ámbito de la Asesoría General de Incapaces del Ministerio Público de la provincia con el objeto de proteger los derechos humanos de usuarixs de salud mental en torno a lo que establece la ley nacional. Su intervención comprenderá a todos los servicios y establecimientos de salud, públicos y privados o del tercer sector, cualquiera sea su forma jurídica o de gestión.
Se prevé que la conformación del órgano de revisión comprenda a siete miembros titulares y siete suplentes. Éste deberá incluir un integrante por cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia; Ministerio Público; asociaciones de usuarios o familiares del sistema de salud mental, teniendo prioridad las primeras; y organizaciones no gubernamentales abocadas a la defensa de los derechos humanos.
También se prevé que el órgano revisor integre a dos miembros por los Colegios y las Asociaciones de Profesionales y otros trabajadores del sistema de salud mental.
En ese sentido, la curadora planteó algunas inquietudes que tienen relación con que puede haber una superposición de funciones, porque “todas las funciones que tiene el órgano de revisión son las que tiene la asesoría de incapaces”. Señaló que habrá dispositivos enfrentados. También indicó que “el controlador y el controlado estarán dentro de la misma esfera”.
También señaló que la salud mental no estuvo en la agenda de la provincia y que ha derivado en la falta de presupuesto, que por esto faltan casas de medio camino y también se dificulta la externación de lxs usuarixs de salud mental. Consideró además que deberá ser un abogado o abogada, quien esté a cargo de la secretaría ejecutiva.
Por su parte, Lescano manifestó que a nivel nacional ya se ha planteado la salud mental como parte de los derechos humanos, y que durante el gobierno de Cristina Kirchner se promulgó la ley nacional como “una política concreta”. En lo que respecta al ámbito de la provincia de Salta, señaló que “nunca se ha visto una política que se destaque” en esta materia.
Hospital Ragone
El mes pasado la Mesa de Derechos Humanos y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura realizaron una visita al Hospital Miguel Ragone, “vimos toda la situación de las falencias, está abandonado”, aseguró Lescano.
El Comité elaborará un informe oficial de esa actividad. Solá explicó que por una cuestión de protocolo esta semana lo presentarán primero ante el Ejecutivo y luego lo darán a conocer a los medios de comunicación y la sociedad. Por ahora, se refirieron a la situación del hospital de forma general.
Lescano dijo que tanto el personal de planta de la institución psiquiátrica, como las personas con padecimientos mentales internadas “sufren las consecuencias” del abandono estatal y la falta de presupuesto.
El hospital público Miguel Ragone es el único que se aboca a la salud mental en la provincia. Ahí son derivadas las personas con padecimientos mentales que requieren tratamientos con internación tanto de los hospitales de Capital como del interior provincial. “Se hacen derivaciones al Ragone que tienen una sobrecapacidad, eso genera una complicación”, señaló Solá.
También son internadas allí las personas con patologías psiquiátricas declaradas inimputables en conflictos con la ley penal. Lescano cuestionó que “la justicia deposita a la gente sin hacerse cargo”. Dijo que allí hay psiquiatras y psicólogxs y personal del Servicio Penitenciario de la provincia que realiza la custodia.
La institución además tiene consultorios externos, pero Lescano señaló que no hay “hospital de día”.
Por otro lado, añadió que la situación edilicia es preocupante, que en pleno invierno lxs internxs están en habitaciones heladas, tienen “colchones de espuma nomás”, "frazadas precarias, humedad, baños rotos, hay enchufes y cables rotos y al aire". Además, las paredes “se están cayendo a pedazos y el techo también”.
Dijo también que los hombres internados comparten todos una sala grande “helada”, que es un pabellón en condiciones precarias. En cuanto a las mujeres, están en habitaciones que comparten entre 3 o 4.
Solá agregó que en la provincia solo el hospital Ragone tiene un ala de desintoxicación para personas con consumo problemático o adicción a las drogas, que está cubierta, teniendo que usar otras áreas del servicio.
Respecto a las internaciones para los tratamientos en pacientes con adicciones, Solá indicó que la voluntariedad es la regla pero que las familias podrán hacer presentaciones ante el órgano de revisión que podrá opinar si se requiere una internación involuntaria.
Faltan planes de salud mental
Por otra parte, Solá resaltó la falta de planes de salud mental en el interior provincial y la necesidad de que se brinden los servicios de psicología y psiquiatría en los lugares de cabecera.
También indicó que se dialogó sobre la falta de cobertura de las obras sociales respecto a los servicios de salud mental, sobre todo en lo que atañe a desintoxicación.
Por último agregó que en el conversatorio se planteó la necesidad de que haya alguna forma de reglamentar o implementar un cupo para que lxs profesionales de salud mental residentes puedan ser absorbidos por el sistema público. Hasta ahora “ese personal termina en la parte privada”, indicó. Contó que esa propuesta se planteó al diputado provincial de la comisión de salud que participó de la actividad, Bernardo Biella.
