La Fiscalía de Ecuador detuvo ayer a dos funcionarios de una empresa gasolinera estatal en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht en ese país, informó la entidad.

Los detenidos son funcionarios de Petrocomercial, entidad estatal dedicada a la distribución combustibles en el país. Odebrecht se adjudicó en el 2012 un contrato por 235 millones de dólares para la remoción de tierras destinadas a construir una refinería en la costa ecuatoriana. La Fiscalía asegura que la información y movimientos financieros permitieron confirmar que los ahora detenidos habrían tenido una participación directa en los hechos sometidos a investigación. “Los allanamientos efectuados en casas de los detenidos permitieron preservar y recabar evidencia adicional sobre posibles movimientos financieros y de intermediación ilegal de dinero”, agregó la Fiscalía.

“Noticia en desarrollo: 2do operativo #CasoOdebrecht, 2 detenidos para investigación por enriquecimiento no justificado y lavado de activos”, escribió el Ministerio Público en la red social Twitter y adjuntó fotografías del hecho. Asimismo, agregó un video del momento en que se le leen los derechos a Ramiro C., quien fue detenido por Fiscalía para investigaciones en el caso Odebrecht. “En el desarrollo de la investigación en #CasoOdebrecht se determinó que Ramiro C. habría sido beneficiario de pagos ilícitos”, apuntó.

El juez Rodolfo Navarrete dispuso medidas en contra de los dos detenidos. El magistrado determinó el arresto domiciliario, enajenación, incautación de bienes e inmovilización de cuentas de Ramiro Fernando C., ex gerente de Transporte de Petroecuador. Así también el juez dictó prisión preventiva e incautación de bienes y de paquete accionario de las compañías de Diego Francisco C.G. 

Antes de las dos detenciones, la policía de Ecuador había arrestado a cinco personas en relación con el caso Odebrecht, y una adicional está en arresto domiciliario. El vicepresidente del país, Jorge Glas, quien rechaza las pretensiones de la oposición de vincularlo por responsabilidad política en el caso, indicó que fue tremendamente duro para él conocer la detención de un tío suyo, ahora en arresto domiciliario por tener más de 65 años. 

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht había pagado supuestamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África. El informe del Departamento de Justicia indicó que en el caso de Ecuador, entre el 2007 y 2016 la constructora presuntamente pagó sobornos por valor de más de 35,5 millones de dólares a funcionarios del gobierno, lo que supuestamente le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares. 

La información de las dos nuevas detenciones se conoce la víspera del inicio de un juicio político contra el ex contralor Carlos Pólit, salpicado por el escándalo de presuntos sobornos de Odebrecht. El presidente de la Asamblea, José Serrano, puntualizó que en la audiencia en el pleno del Legislativo, que comenzará a las 15 (hora local) de hoy, podría tardar unas seis horas, aunque ello dependerá de la presencia o no del interpelado. Pólit dimitió el pasado 20 de junio y se encuentra hace varios días en Estados Unidos por razones médicas. 

El juicio político se producirá después de que la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea emitiese un informe por el cual recomienda al pleno de la Asamblea que de paso al proceso contra Pólit por un supuesto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley. El ex contralor, que había sido convocado el pasado martes a la Asamblea a fin de dar explicaciones en relación con las sospechas surgidas contra él en relación con el caso Odebrecht, respondió por escrito con documentos entregados a través de su abogado. 

El pasado 2 de junio, en el marco de varias acciones ejecutadas por la Fiscalía durante las investigaciones dentro del caso Odebrecht, la Policía ecuatoriana allanó una vivienda de Pólit en la ciudad portuaria de Guayaquil (suroeste). Hernán Ulloa, otro de los abogados de Pólit, dijo ese día a la prensa que durante el allanamiento se produjo una supuesta violación al debido proceso y defendió la inocencia de su cliente en un supuesto delito de concusión o prestaciones en provecho propio.