Una constitución feminista pueder reemplazar en Chile a la de Pinochet

"Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático". Así comienza la propuesta de Constitución Política que terminó de escribirse hace tres meses y que desde entonces se lee, se debate, se milita en todo el territorio vecino.
Es la primera Constitución con participación paritaria del mundo. De las 77 electas, 47 se definen feministas. Se dice también, por lo bajo y con orgullo, que es una constitución (en minúsculas), nacida con el buen signo que implican las faltas de ortografía cuando el lenguaje correcto es el del colonizador, escrita sin pretensiones de alta alcurnia, con participación de los pueblos originarios y con un horizonte claro: desarmar la arquitectura neoliberal-colonial y abrir las posibilidades para un nuevo modelo económico y social.

El 4 de septiembre lxs chilenxs deberán elegir entre las opciones Apruebo o Rechazo. Otra vez un plebiscito marcará un hito en la historia chilena. Fue un plebiscito, en 1988, el instrumento con el que dijeron NO a la continuidad del dictador Augusto Pinochet en el poder. Así se inició la llamada transición a la democracia. Una transición lenta, ralentizada por el peso de la Constitución de 1980, redactada por la junta militar con el apoyo incondicional de los economistas ideólogos del neoliberalismo que tomaron a Chile como laboratorio de operaciones.

Pasaron ya tres años desde las movilizaciones de octubre de 2019 que se iniciaron con el lema “no son 30 pesos, son 30 años”. En este tiempo se quebró el aparente sosiego de un pueblo al que se creía reducido a consumidor soberano y que, en cambio, se volcó a debatir cómo conquistar el derecho de vivir en paz y cómo hacer de la dignidad costumbre. Fueron tres décadas de hartazgo por una democracia maloliente, como diría Lemebel; una democracia dedicada a la administración de la precarización de la vida, como dirán las feministas. Fueron cinco décadas si nos remontamos al inicio de la dictadura. Cincuenta si se impugna también la herencia colonial.

En mayo de 2021, un año y medio después del inicio de la revuelta, hubo elecciones para definir a lxs integrantes de la Convención Constituyente (CC). Además de los partidos políticos, se habilitaron listas de candidatxs independientes. Se eligieron por voto directo 155 convencionales. Una abrumadora mayoría fueron convencionales en toda la acepción del término: llegaron al recinto lxs comunes y corrientes. Las12 conversó con una de ellas, Alondra Vidal Carillo, vocera constituyente de la Asamblea del Distrito 12 y de la Coordinadora Feminista 8M e integrante de Movimientos Sociales Constituyentes.

¿Cómo fue el proceso de arribar a la Constituyente después de las calles?¿Cómo lo vivieron dentro de la Coordinadora 8M?

--El Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución se firmó el 15 de noviembre de 2019, entre el gobierno de Piñera y parte de la oposición de aquel entonces en medio de la revuelta. Nosotras como Coordinadora 8M, junto a prácticamente todas la organizaciones del movimiento social, salimos con la misma posición: de crítica a ese acuerdo, que señalamos como un acuerdo de impunidad y que además buscaba limitar el proceso constituyente. Nos llamamos a superar ese acuerdo y mantener activa la revuelta, cosa que pasó. El 8 de marzo de 2020 fue la última gran movilización de la revuelta y demostró que la revuelta seguía abierta y que era eminentemente una revuelta feminista. Luego vino la pandemia. Todas las organizaciones sociales tuvimos que replegarnos y dedicarnos a las tareas que impuso esa situación sanitaria: confrontar la militarización del espacio público y enfrentar la situación sanitaria, y postergamos la discusión sobre el itinerario institucional que se había impuesto. Ya se habían definido algunos rasgos nuevos que iba a tener el proceso como por ejemplo la paridad, la presencia de escaños reservados para pueblos originarios y lo que iba a ser la puerta de entrada nuestra a este proceso: las listas de independientes. 

¿Cómo se organizó la Coordinadora Feminista 8M para participar?

--Tuvimos un largo proceso de debate político interno. Fueron 5 asambleas en las que debatimos cómo enfrentar el escenario institucional planteado y tomamos la decisión de desplegarnos simultáneamente en dos frentes: un proceso constituyente de nosotrxs mismxs como pueblo, como sujetos políticos; y en el nivel constitucional en que se iba a desarrollar la convención constitucional. Decidimos hacer esto último a través de listas independientes del movimiento social expresivas de la revuelta que pudiesen traer a la convención constitucional nuestras propias voces, sin delegarlas en otros sectores. Trayéndolas para defender ese programa aquí adentro. Así fue como llegamos hasta acá y nos presentamos a elecciones.

¿Qué implicó ese proceso constituyente “como pueblo”, distinto al proceso “constitucional”, que las convertiría en representantes de ese pueblo?

--Ha continuado como un ejercicio de articulación política y programática que se ha dado para determinar los contenidos constitucionales que hemos disputado. Se articuló a través de iniciativas populares de norma feminista como “Será ley” que llegó acá desde la articulación de la Asamblea Permanente para la Legalización del Aborto, que permite que la norma de derechos sexuales y reproductivos y del derecho al aborto haya sido la primera norma popular en conseguir las adhesiones para ser discutida por la convención. Las iniciativas que buscan resguardar nuestro derecho a una vida libre de violencias, sobre el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda. Fueron un trabajo enorme, por ejemplo, de cientos de comités de viviendas a lo largo de todo el país. Es una tarea que está abierta y va a tener como uno de sus momentos decisivos la articulación social y política de cara al plebiscito que viene. Y de cara posteriormente a este largo proceso histórico de implementación, de crear la realidad palpable que deviene de este proceso.

¿Podés contarnos en qué consistió el Programa feminista contra la precarización de la vida? ¿Cómo se gestó?

--Es un esfuerzo del movimiento feminista. Tiene su primera versión en el Primer Encuentro Plurinacional de Mujeres que luchan en 2018. Decidimos construir un programa porque íbamos a levantar la huelga general feminista para el 8M y sabíamos que iba a ser una de las movilizaciones más grande de la historia de nuestro país, y no queríamos que nadie más pudiera hablar por nosotras, que nosotras levantáramos todo este esfuerzo de articulación y movilización social y que fuesen otros los que dijeran por qué nos levantábamos. El programa tenía 10 ejes temáticos que se fueron desarrollando en los posteriores encuentros plurinacionales. Fueron traducidos en 3 niveles: el constitucional, el general y el inmediato o de urgencia. Fue lo que luego nos orientó dentro de la Convención. El programa transversaliza el feminismo al interior del movimiento social. Es un programa de síntesis del programa del movimiento social. Fue una parte ineludible de la discusión de derechos sociales en general. Lo hemos defendido con otras compañeras feministas que inicialmente conformamos un espacio: la plataforma feminista constituyente plurinacional, que no llegó hasta el final del proceso.

¿Qué balance hacen de lo que quedó del texto?

--El texto tiene una transformación que es muy propia del movimiento feminista que hemos levantado internacionalmente en el último tiempo, y que es la transversalidad. El feminismo no es un capítulo, no es una norma, no es un apartado, no es un título. El feminismo está presente en todo el texto constitucional. Da cuenta de esa potencia que se inaugura en este momento del movimiento feminista de masas. Alguna de esas normas constitucionales son la democracia paritaria que establece que en todos los órganos colegiados del Estado, nuestra presencia es de al menos la mitad. Garantiza además (porque la perspectiva que hemos defendido es transfeminista) la representación de identidades y disidencias y diversidades sexuales y de género. Los derechos sexuales y reproductivos quedan consagrados como norma constitucional incluyendo de manera expresa la interrupción voluntaria del embarazo, y el derecho a la protección de la maternidad, del embarazo y el derecho a explorar la sexualidad desde la perspectiva del placer. Todas cuestiones que quedan consagradas como norma constitucional. Las normas de vivienda fueron construidas también por comités feministas por la vivienda y revelan que una vivienda digna y adecuada tiene que tener el espacio doméstico y comunitario suficiente para la producción y reproducción de la vida. También que toda política de vivienda debe considerar la construcción de casas de acogida para mujeres en situación de violencia de género. La norma sobre trabajo y seguridad social ponen fin a la brecha salarial desde la perspectiva de consagrar los derechos sexuales y reproductivos en el lugar de trabajo. Y reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como socialmente necesarios para la vida en general, como una actividad económica que debe ser considerada por el Estado como parte de las cuentas nacionales para la planificación de políticas públicas, que debe ser redistribuida a través de un sistema integral de cuidados que hace parte de la seguridad social del país. Son algunas normas que dan cuenta de la capacidad enorme del movimiento feminista de quedar consagrado en sus perspectivas programáticas a lo largo de toda la Constitución.

¿Pensás que el texto de la nueva Constitución orienta un nuevo modelo económico?

--Hay sobre todo un cambio en el rol del Estado. Tendremos un Estado empresario que tiene iniciativa económica, que era algo que estaba prohibido en Chile desde la Constitución del ´80. Y además tendremos el establecimiento de una política de tributación progresiva que se propone de manera explícita reducir la desigualdad. Llegamos sin embargo a este proceso con una contradicción muy fuerte y propia de la organización económica de nuestro país y de las formas de movilización social que producen sus efectos. Tenemos un fuerte movimiento socio ambiental en un país cuya economía está determinada por la extracción intensiva de recursos naturales para su exportación al mercado mundial. Esa contradicción hizo imposible que quedara resuelto en este proceso constituyente como íbamos a encarar una política económica post extractivista. Quedaron establecidos límites para la actividad extractiva: límites ecológicos, zonas de protección ecológica para la minería, quedaron establecidos los derechos de la naturaleza, pero la pregunta respecto de cómo vamos a pasar de una economía rentista a una post extractivista, que sea capaz de articular un horizonte de socialización de la riqueza y no de la pobreza para la mayoría de la población, es una pregunta abierta que va a tener que encarar nuestro pueblo de cara a lo que viene.

¿Cómo se dió esa discusión sobre el extractivismo dentro de la Constituyente?

--Dentro de la Constituyente hubo además que discutir con sectores ecologistas que son de derecha. Que decían cosas tales como que no sirven de nada las nacionalizaciones “¿de qué sirve la nacionalización de la minería si la minería contamina? ¿Por qué no traemos a google? ¿Por qué no hacemos criptomonedas?”  Son gente de mucha plata, sectores independientes liberalales (Independientes No Neutrales). Los sectores ecologistas de verdad vienen representando otra realidad, de empobrecimiento producto de la actividad extractiva. Propusieron por ejemplo la “econacionalización”. Los sectores de los partidos (en particular del Partido Socialista) se negaron a introducir un marco de incerteza jurídica respecto de las inversiones económicas que se desarrollan en Chile. Respecto de los términos de la nacionalización, decidieron que no se cambiara la concesión a una administración de uso, a un título administrativo, en el caso de las mineras privadas. O que se estableciera un porcentaje de participación mínimo del Estado en la actividad extractiva. Fueron muchos vectores de resistencia que se cruzaron y que terminaron en esa imposibilidad de consagrar una norma transformadora en esta materia.

¿Cómo fue el debate sobre cuidados al interior del movimiento feminista? Se conformó una red feminista por los cuidados ¿Cuáles fueron las discusiones?

--Discutimos sobre cuidado en los encuentros plurinacionales de las mujeres y disidencias que luchan (hubo varios nombres en los intentos de nombrarlo). Había una discusión teórico-académica, otra política. Lo que llegó fue la definición más transversal de lo que hemos construido. Hubo una discusión sobre si poníamos en la norma que el trabajo doméstico y de cuidados crea valor. Lo dejamos como que es una actividad económica porque es una discusión abierta dentro del movimiento feminista el estatuto conceptual del valor. Discutíamos si el Sistema Integral debería ser comunitario y plurinacional. Desde la perspectiva de otras compañeras no necesariamente estaba procesada esta idea de un sistema plurinacional/comunitario de cuidados.

¿Cómo fue la estrategia para ganar esas posiciones?

--La oposición, el sector de la derecha que defiende la constitución de 1980, tuvo una representación que no le permitió cerrar ninguna discusión ni negarse a ninguna política. Fue inferior al 25%. Si bien se requiere un quórum altísimo, de 2/3 de la mayoría en ejercicio, eso lo conformamos con sectores progresistas gracias a la decisión de la votación popular. Entonces no hubo que convencer a nadie. Lo que hubo que hacer fue ponernos de acuerdo entre las feministas de todos estos diversos sectores progresistas sobre cómo íbamos a construir la norma y cómo íbamos a declararla. Ahí tuvieron el principal protagonismo las organizaciones de cuidadoras. Una de ellas está representada por Mariela Serey, constituyente, cuidadora ella misma, parte fundamental de la escritura de la norma. Si bien es cierto que hay un sector de derecha que no entiende el Sistema de Cuidados (creen que se trata de que “el Estado pague empleadas domésticas” –incluso lo dijeron mucho más brutal durante los debates) es irrelevante para la consagración de las normas constitucionales en términos de su peso democrático y porque ellas mismas han decidido sustraerse del debate democrático.

La paridad implicó que once mujeres deban renunciar a sus bancas porque fue leída como un techo ¿Hubo alguna particularidad con las mujeres representantes de la derecha que ingresaron y que también cuentan a la hora de la paridad?

--Yo creo que, por la composición de la convención, ese sector no tuvo un rol en el debate. Más allá de las posiciones, que las podemos imaginar: idealizar la labor de la maternidad, no considerarla un trabajo y burlarse de esa consideración. Creen que se trata de una aspiración infundada. Creen que queremos ampliar la burocracia del estado. Sin embargo, su rol fue imperceptible en este debate. También hubo un sector de la derecha que manifestó un genuino interés. Por ejemplo, no habían escuchado nunca el concepto de cuidado. Y estaban abiertas y abiertos a enterarse.

¿Cómo sigue la labor de les constituyentes una vez cerrado el texto?

--Va a ser una de las disputas políticas en Chile más duras y difíciles que le va a tocar al movimiento popular. Hay un sector que rechazó este proceso y decidió desde el inicio organizarse para el rechazo. Saben que todo está en juego. Les constituyentes vamos a compartir las buenas noticias que tenemos respecto del trabajo constitucional que se desarrolló con todas las personas de nuestro país. Hablarle especialmente a las mujeres para contarles todo lo que hemos logrado. El producto de la primera constituyente paritaria de la historia de la humanidad. Una parte importante del futuro se decide este 4 de septiembre.

Hubo gente que a partir del acuerdo de paz quedó desencantada ¿Qué diálogo establecen con esos sectores? ¿Cómo es también dentro de los movimientos sociales el diálogo para construir el apruebo?

--Una cosa es la posición en que quedaron algunos sectores luego del 15 de noviembre, y otra es la posición que asumió la enorme mayoría dentro del movimiento social respecto del proceso constituyente. Nosotras hemos intentado sostener espacios de articulación social amplios. Tanto aquellos que están dentro como quienes están fuera de la convención para poder articular y tejer ese trabajo político de cara a la apertura del momento que viene.

¿Te referís por ejemplo a asambleas que se hayan mantenido?

--Sí. Nosotras entramos con la asamblea del distrito 12 que se juntaba semanalmente a debatir, posicionar y mandatar mis posiciones acá adentro respecto del debate constituyente. Con las asambleas que no tenían representante, hubo distintos esfuerzos de articulación para mantener el canal de comunicación abierto. Yo soy parte de Movimientos Sociales Constituyentes. Ahora nuestra tarea es hacer un balance de esto. Agruparnos para llevar adelante con la mayor capacidad y potencia posible las tareas de cara al 4 de septiembre. Hay una profunda dispersión y fragmentación en nuestro país del movimiento social y las fuerzas transformadoras. Esta Convención sirvió para darle lugar y voz en el escenario público nacional a esas fuerzas. Pero lo cierto es que es novedoso para nuestro país, donde las fuerzas políticas han sido siempre las mismas que se han dedicado a administrar el legado neoliberal y la tradición pinochetista.

¿La constituyente sirvió para la articulación de esos movimientos dispersos? ¿Hay un acumulado para lo que queda del proceso?

--Sí. Tenemos por delante la tarea de que haya un sujeto que diga “esto tiene que traducirse en leyes y esas leyes tienen que tener este contenido”: esto es lo que hay que lograr. Hemos logrado un proceso de articulación que no puede retroceder, tiene que profundizarse. Las articulaciones que se han levantado tienen absoluta claridad sobre lo que está en juego el 4 de septiembre. La pregunta que aún está abierta es qué viene después.