La defensa del exprocurador general de México, Jesús Murillo Karam, sostuvo que no hay "un solo indicio razonable" que señale su presunta responsabilidad por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Murillo Karam enfrentó este miércoles la audiencia en la que se determinará si se le abre un proceso penal por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa.

"No hay un solo indicio razonable para vincularlo a proceso", enfatizó su defensa legal durante su argumentación en la audiencia.

Murillo Karam hizo uso de la palabra para defender la llamada "verdad histórica", que establece que los 43 jóvenes fueron capturados por policías locales y entregados a criminales y que estos los mataron, los quemaron en un basurero y arrojaron sus restos a un río.

"Se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores, pudo haber fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar (la verdad histórica)", aseguró el exprocurador.

Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por el departamento que él mismo dirigió de 2012 a 2015 y está acusado por la Fiscalía Federal de "desaparición forzada, tortura y contra la administración de Justicia de crear una versión falsa sobre la desaparición de los jóvenes".

Tras su arresto, la defensa del exprocurador había solicitado prisión preventiva. El juez consideró que existía la posibilidad de que el exfuncionario se evadiera de la Justicia utilizando su red de amigos y familiares. Desde entonces se encuentra recluido en una cárcel del norte de la capital mexicana.

La semana pasada, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que investiga el caso desde 2019, señaló que la desaparición de los estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa fue un "crimen de Estado" en el que estuvieron involucradas autoridades "de todos los niveles".

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió que se castigue a los militares y funcionarios involucrados en el caso. "Dar a conocer la verdad y castigar a los responsables, fortalece a las instituciones", dijo.

El caso

El 26 de setiembre de 2014 los alumnos de la Escuela de Ayotzinapa emprendieron un viaje para participar de una gran marcha en reclamo de justicia por la "Matanza de Tlatelolco", una tradición que está vigente desde el 2 de octubre de 1968, cuando asesinaron a unas 300 personas en el marco de una represión que el Estado llevó a cabo contra una manifestación estudiantil.

Para llegar hasta la capital del país, los estudiantes tenían una modalidad que se aplica desde hace décadas: toman ómnibus de la zona que encuentran en la ruta y los utilizan para viajar. Terminadas las actividades, los devuelven. Cuando tomaron el ómnibus en la ciudad de Iguala, a 190 kilómetros de México, fuerzas policiales, militares y el grupo delictivo Guerreros Unidos dispararon hacia los ómnibus. Tras la balacera, hubo problemas para la atención de los heridos que terminó con la muerte de 9 personas y la desaparición de un ómnibus con 43 estudiantes.