El presidente de Perú, Pedro Castillo, se sumó a la lista de mandatarios que rechazaron este miércoles la "injustificable persecución judicial" a la que habría sido sometida la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que "toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el Estado de derecho y el debido proceso".

"Mi solidaridad con la vicepresidenta de la hermana República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el Estado de derecho y el debido proceso", publicó el mandatario en su cuenta de Twitter, donde también compartió la carta que fue escrita este miércoles por los presidentes, Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia).

La carta compartida horas antes rechaza la acción contra la vicepresidenta argentina, luego de que dos fiscales solicitaran 12 años de prisión en su contra por una causa vinculada a la obra pública durante sus gobiernos (2007-2015).

“Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”, acusan los mandatarios en una misiva que compartieron en Twitter.

“En los últimos años, el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”, denuncian los presidentes, que también aseguran que esto es perpetrado por adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales, que “vulneran el debido proceso y las garantías legales”.

La causa vinculada a la obra pública en Santa Cruz por la que la Fiscalía pide la condena de Fernández "resulta emblemática porque pone de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política", agregan.

“El tribunal negó a la vicepresidenta poder ampliar su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa”, enfatizan. Sobre esto, solicitan que se tomen en cuenta las conclusiones que emitió el Informe de Relatoría Especial de las Naciones Unidas en 2019, en las que se “cuestiona la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas”.

Finalmente, enfatizan su respaldo hacia la vicepresidenta y “condenaron rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar los contrincantes políticos”.

Acusaciones contra la vicepresidenta

El caso “Vialidad”, por el cual se solicitó 12 años de prisión para Fernández y su inhabilitación perpetua, indaga la adjudicación de 51 contratos de obras públicas durante su gobierno y el de Néstor Kirchner entre 2003 y 2015.

Previo a que comenzara la exposición de la Fiscalía en la última audiencia, Fernández solicitó ampliar su declaración previa “para poder ejercer efectivamente su derecho a la defensa”, sin embargo, se lo negaron. Seguidamente, la vicepresidenta acusó de estar ante un “fusilamiento mediático-judicial”.

“Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019”, dijo la vicepresidenta a través de su cuenta de Twitter.

Este martes, en un extenso alegato desde su despacho en el Congreso, Fernández respondió al pedido de la Fiscalía y denunció que la causa “está armada” y que “los fiscales no leen las pruebas que recaban”.

“No se me permitió televisar la declaración indagatoria. No debí sorprenderme porque la sentencia ya estaba escrita”, dijo, y añadió: "Hay una feroz campaña política y mediática".

"El juicio comienza con esta construcción, con esta ficción de rutas no hechas, sobreprecios. No eran acusaciones, era un guion, falso y bastante malo", afirmó refiriéndose a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Sobre la decisión de fiscalía, comentó: "Nos piden 12 años por cada uno de los 12 años de los mejores gobiernos que tuvo la Argentina" (en referencia al de ella y su esposo, Néstor Kirchner), y agregó que este no es un juicio en su contra, sino que "es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares; esto es (un juicio) a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública, que fue una formidable gestión del gobierno".

"Vienen por los salarios de los trabajadores y trabajadoras, por los derechos conquistados por el pueblo, por los jubilados. Buscan revancha, no justicia", concluyó la expresidenta.