La mesa de organismos de derechos humanos se sumó a la ola de repudios contra el proceso judicial que se sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de la obra pública de Santa Cruz y llamaron a "ganar pacíficamente las calles" mediante "la unidad" de organizaciones sociales, políticas y sindicales y de la ciudadanía "que aspira consolidar la Democracia y el estado de Derecho". Durante el día, los repudios sumaron otras adhesiones. Organizaciones sociales, políticas y gremiales como la CTA; referentes del mundo de la cultura y una carta abierta de un grupo de docentes, graduados y estudiantes de la Facultad de Derecho con la firma de Marisa Herrera, Alejandro Alagia, Cristina Caamaño, Luis Niño y , entre otros, Ricardo Nissen que le reprocharon al Tribunal de juicio la negativa de brindarle el derecho a defensa a la Vicepresidenta y criticaron el uso de la asociación ilícita, cuyo contenido elástico --dijeron-- es capaz de convertirse en un "formidable instrumento de persecución política".

La mesa de organismos de derechos humanos expresó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusan a la Vicepresidenta "de ser jefa de una asociación ilícita sin prueba alguna" mientras "le niegan el derecho a ser oída antes de los alegatos de su propia defensa". Esas irregularidades se dan en un marco de "notorias relaciones entre los jueces y fiscales, evidenciando la falta de imparcialidad en la toma de decisiones, lo que nos alerta acerca del posible resultado de la causa". También recordaron que en reiteradas oportunidades denunciaron que la figura de la "asociación ilícita" "ha sido arbitrariamente utilizada por este poder judicial para perseguir, criminalizar y encarcelar a referentes sociales y sindicales" y aseguraron que "esta vez la usan con el fin de inhabilitar a perpetuidad a la máxima dirigente política de nuestro país".

"Somos conscientes de que la guerra judicial en curso es parte del proyecto de las derechas, que tienen como primer objetivo la condena y proscripción de Cristina, para poder imponer un proyecto neoliberal cuyas funestas consecuencias las volverá a pagar nuestro pueblo", añadieron en el texto firmado por Abuelas, Madres Línea Fundadora, Familiares, H.I.J.O.S. Capital, APDH y, entre otros, el Cels.

Los profesores, graduados y estudiantes de derecho UBA con representación en el Consejo Directivo y agrupados en Unidad en la Diversidad publicaron una carta abierta en la que señalaron "la gravedad que tiene para el estado de derecho y el funcionamiento del régimen democrático" los sucesos "contra la principal dirigente política del partido de gobierno, expresidente de la nación y actual presidenta del Senado".

Sobre el derecho a la defensa, sostuvieron: "No importa que Cristina Kirchner tenga un abogado defensor, lo que nunca un tribunal o juez puede hacer es privar de la palabra a la persona acusada cuando quiere rebatir una prueba o toda la acusación". A continuación cuestionaron el uso de la figura de la asociación ilícita: "Se eligió una calificación jurídica cuestionada por la mejor doctrina nacional e internacional y se la aplicó a un gobierno. Ni en el juicio a las juntas de dictadores de 1976-1983, ni la Corte Suprema que la confirmó la sentencia aplicaron el delito de asociación ilícita, aunque se probara que unos de los objetivos del golpe cívico militar haya sido un plan sistemático de secuestro, torturas y asesinatos masivos contra una parte de la población nacional. El delito está en la ley, pero su aplicación siempre resultó arbitraria y, a veces, hasta irracional porque su contenido es lo suficientemente elástico para convertirse en un formidable instrumento de persecución política".

Durante el día se pronunció el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta desde Santa Cruz. "No van a proscribir a nadie ni van a proscribir políticas como esta, que garantizan el derecho al cuidado de quienes más necesitan". La CTA emitió un comunicado en el que llamó a realizar "cientos de asambleas populares". Y sobre CFK: "Tienen miedo de perder en las urnas y por eso pretenden a través del lawfare dejarla afuera del sistema político. No es justicia. Es odio, impotencia y desprecio por la democracia argentina".

El rectorado de la UBA publicó un comunicado en el que llamó a no expedirse sobre temas político partidarios ni judiciales. Ocurrió como respuesta a un comunicado previo del Consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras que salió a repudiar el accionar de la justicia contra la Vicepresidenta.