La jueza Asusena Margarita Vásquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio, absolvió por la duda al ciudadano venezolano Wuisthon Antonio Díaz Solano (26), que había llegado a juicio imputado por el delito de "privación ilegitima de la libertad agravada por la minoridad de la víctima y en perspectiva de violencia de género", por el secuestro de una adolescente de 17 años, de la localidad de Aguaray, en el norte salteño.

Salta/12 consultó al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal, pero ambos organismos no informaron respecto a la sentencia. Sin embargo, quien informó su absolución fue el propio acusado, a través de una entrevista con el canal de noticias Video Tar, de Tartagal. La periodista Mabel Carrizo, que entrevistó a Díaz Solano, dijo a Salta/12 que la absolución a Díaz Solano fue por el beneficio de la duda.

En sus declaraciones públicas el joven insistió en que tenía una relación de pareja con la adolescente y que se fueron del país motivados por "los maltratos que ella sufría en el seno de su familia". Y contó que además de la causa que llegó a su fin el martes último, también tiene una causa "por abuso sexual que mi expareja la presenta en el mes de septiembre, fecha en la que teníamos la primera audiencia de juicio, a la cual el fiscal (penal de Salvador Mazza, Armando) Cazón ha suspendido porque él decía que yo tenía que firmarle un abreviado de tres años". Y puso en duda que la adolescente lo haya denunciado. 

Por otro lado, el ahora absuelto descargó una batería de acusaciones contra el fiscal que lo investigó en la primera parte de la causa por la privación ilegítima de la libertad. Sostuvo que este fiscal utilizó "la institución" para perseguirlo y hostigarlo. "Un año y 6 meses ha sido el resultado de persecución y ha quedado demostrado que lo que él estaba haciendo era cómo para salir del paso y tratar de que yo me callara porque lo que él buscó fue silenciarme totalmente", afirmó. Incluso aseguró que el fiscal "falsificó pruebas", y sostuvo que presentó denuncias formales contra él. "Hoy estoy en libertad y absuelto, no se ha corroborado nada, nunca hubo privación ilegítima de la libertad en perjuicio de mi novia", insistió. 

La desaparición de la adolescente fue denunciada por su madre, quien indicó que no sabía de ella desde el 17 de febrero de 2021. La mujer había conseguido localizar el celular de su hija y el de Díaz Solano.

En ese momento intervino en el caso el fiscal Cazón, quien dio intervención a la Brigada de Investigaciones de Tartagal, cuyos investigadores se contactaron con Díaz Solano y lograron convencerlo para que restituyera a la adolescente.

Recién el 24 de febrero Díaz Solano y la adolescente reingresaron al país por Aguas Blancas, que limita con la ciudad de Bermejo en Bolivia. El fiscal lo esperaba junto a miembros de la Brigada de Investigaciones de Tartagal, que detuvieron al hombre, que permaneció con prisión preventiva hasta ahora, que fue liberado tras el veredicto de absolución

La víctima, que ya es mayor de edad, declaró en el juicio. Según la información aportada por el Poder Judicial, contó que tenía una relación sentimental con Díaz Solano, aseguró que la decisión de escaparse e irse al extranjero fue del joven, y que una vez que cruzaron la frontera le impidió volver, hasta que estableció comunicación con los investigadores. 

La fiscala del juicio fue Lorena Martínez, mientras que la defensora oficial Lorena Babicz representó al acusado. 

Imputado por estafa en Aguaray

Díaz Solano está imputado en otra causa junto al exintendente Jorge Enrique Prado por estafa agravada y falsificación de documentos públicos y privados.

El hombre había engañado a las autoridades locales en Aguaray usando el nombre "Sebastián Solano Guzamana" presentándose como médico, politólogo y representante de Banesco, Banco Universal de Caracas, llegó a tener reuniones institucionales con el Concejo Deliberante y el ex intendente.

Cuando se hizo pasar por representante de Banesco, Díaz Solano dijo que esta entidad quería expandirse, que tenían buena información sobre el potencial del pueblo por su ubicación geográfica, cercana a las fronteras con Bolivia y Paraguay, y que iban a construir una clínica de alta complejidad, con una inversión de 60 millones de dólares. A cambio, solo pedían la cesión de un terreno.


El ex intendente fue imputado junto a Díaz Solano por haber anunciado oficialmente que "un holding venezolano está dispuesto a construir en Aguaray una clínica de alta complejidad, diseñada en un edificio de 8 plantas en la que prestarán servicios médicos argentinos y provenientes de otros países". Prado hizo ese anuncio presentando "a un supuesto médico de esa nacionalidad y politólogo quien se reunió con algunos concejales que aceptaron la invitación y algunos vecinos de esa misma localidad donde ambos anunciaron la multimillonaria inversión".

Incluso los acusados habían solicitado al Concejo “un pedido de autorización para que el Cuerpo Deliberativo permita la recepción de una dializadora para extracción de plasma, una centrifugadora para extracción de sangre, 30 mil pruebas rápidas para detección de covid-19, 30 mil barbijos y 30 mil guantes quirúrgicos”.

Banesco “publicó un comunicado advirtiendo al público en general que las noticias publicadas vía digital sobre una supuesta donación y/o inversión por parte de la entidad bancaria Banesco son falsas como así también la documentación y firmas concertadas en dicha documentación”. El banco incluso informó que había iniciado acciones legales ante la justicia venezolana, y que había presentado una denuncia ante el fiscal superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas en contra de Díaz Solano, "atento a que dicha entidad no tiene ningún tipo de actividad en la República Argentina ni directa ni a través de terceras personas”.

Estafas internacionales

Díaz Solano tiene otras denuncias por estafas a nivel internacional y se hacía pasar por vicecónsul de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador. Dicha embajada tuvo que aclarar la situación mediante un comunicado el 20 de mayo de 2020 e instó a la comunidad a "abstenerse de celebrar ninguna transacción con esta persona".

La Embajada venezolana sostuvo que Díaz Solano "no pertenece, ni ha prestado servicios en esta Misión Diplomática".

Además, Díaz Solano tiene denuncias por estafa en Quevedo, Ecuador, donde llegó en 2019, y se hizo pasar por un abogado que salió huyendo porque lo perseguía el gobierno de Nicolás Maduro, a pesar de lo cual contó a la gente que iba a asumir como vicecónsul. Un ciudadano venezolano con residencia en Ecuador contó en su momento a Salta/12 que este hombre llegó a entrar a la Asamblea Nacional en Ecuador, habló con diputados y también con diplomáticos de la Embajada de Venezuela. 

Acusado por estafas, Díaz Solano se fue de Quevedo a la localidad de Durán, donde armó una oficina de atención al migrante venezolano y habría estafado a más personas. Después se fue a Perú, se cambió el nombre por Walter Sebastian Díaz, se hizo pasar por presidente de la fundación Nos Mueve Venezuela en Perú, a través de la cual gestionaba recursos y pedía "ayuda humanitaria".