Vecinos de la localidad de Cerrillos se oponen a la instalación de una metalúrgica en una zona rural del municipio. Aseguran que su puesta en marcha provocará un serio daño ambiental y afectará a la salud de las personas que se encuentran cercanas al predio de la firma.
El municipio convocó recién a una audiencia pública no vinculante para este miércoles 31 de agosto, a las 10. La convocatoria se hizo cuando ya la empresa Metalnor SA empezó a actuar en la zona.
En una carta que vecinos cerrillanos difundieron contaron que desde hace dos años viven con la "amenaza" y el "peligro" de la instalación de la planta de fundición de chatarras de la empresa Metalnor. Según relataron, la empresa cuenta con 42 hectáreas para el funcionamiento del proyecto, que están ubicadas cerca de los barrios de la zona. "Groseramente se encuentran frente a las casas con una separación de tan sólo 6 metros", denunciaron.
Los vecinos sostuvieron que, en una primera instancia, realizaron un gran número de gestiones, trámites y documentaciones para conocer la actividad. Después, denunciaron que la empresa no contaba con el estudio de impacto ambiental y social "para justificar el cerramiento que cumple las características de una gran industria y no de una casa de barrio" como justificaba la intendenta, Yolanda Vega.
Aseguraron que la jefa comunal le otorgó a la firma el permiso antes de que los vecinos pudiesen saber con exactitud qué era lo que se quería hacer, pues solo se les informó que sería un depósito de chatarra. Sin embargo, ahora supieron que se pretende instalar tres hornos de fundición de metales, dos eléctricos y uno a gas.
Esta última información derivó en que el municipio convoque a una audiencia pública para 31 de agosto, a partir de las 10, en el salón comunitario del barrio La Isla.
La referente de los vecinos, Milagros Avendaño, insistió en que el proyecto es una "amenaza real" porque se está hablando de un "emprendimiento metalúrgico industrial de 42 hectáreas". En ese sentido, manifestó que tanto la empresa como el municipio, llevaron adelante procesos irregulares para que la firma se instale en el lugar.
"Se instalaron de forma grotesca porque pasaron por encima por todo tipo de orden" y reglamentaciones que se establecen para estos casos, como el estudio de impacto ambiental, dijo.
En esa línea, añadió que la empresa ya construyó un paredón de 4 metros de alto por casi un kilómetro de largo sin mantener algún tipo de control al respecto. Incluso una parte de la infraestructura cayó, lo que generó malestar entre los vecinos.
"Ahora hacen un llamado a audiencia pública, cuando entendemos que el proyecto ya está en marcha", cuestionó Avendaño, reiterando que desde hace dos años piden información sobre el proyecto. "Lo único a lo que hemos podido acceder son informes escuetos, lo que resulta un ocultamiento de la información", dado que nunca se les mencionó la creación de hornos de fundición, denunció.
Afirmó que el proyecto en sí representa un perjuicio a la salud y al ambiente, puesto que se pondrán en funcionamiento tres hornos que pueden provocar enfermedades respiratorias. Sobre todo, por la cercanía con los barrios. "Tampoco estamos exentos de los posibles accidentes", agregó.
Con una ordenanza a favor
Los vecinos también denunciaron que en 2016 se modificó la ordenanza 383, que avaló que la zona involucrada deje de ser considerada rural para pasar a ser una zona mixta. Esta denominación permite que puedan instalarse en el lugar viviendas e industrias.
En esa línea, el concejal del Frente de Todos, Adrián Ustarez, contó que el año pasado los vecinos presentaron un proyecto pidiendo su derogación. Pero, al tratarse de una presentación que se hizo en la presidencia anterior, el pedido aún está en comisión sin ser tratado.
El edil reiteró que en un primer momento la empresa manifestó que no iban a instalar hornos. "Decían que iba a ser solamente un depósito de chatarra y ahora están avanzando con los hornos", cuestionó.
En ese sentido, afirmó que la actividad de la empresa implica un daño ambiental en la zona, ya que requerirá un excedente en luz, agua y espacio físico para el funcionamiento de los hornos. Ustarez adelantó que se presentará en la audiencia pública del miércoles.
