Según el Censo Agropecuario, en la provincia hay entre 12 mil y 16 mil familias que conforman el campesinado criollo. De esa cantidad, a un año de la creación de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), solo se recibieron 642 solicitudes de inscripción al Registro de Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales.
Esa fue la información que volcó ayer el coordinador de la UEP, Pablo Fernández Savoy, en una reunión de la Comisión Bicameral de la Legislatura que se constituyó a 12 años de la sanción de la Ley 7658. La normativa crea el Programa de Regularización Dominial para Pequeños Productores y suspende el desalojo de las familias campesinas.
El senador provincial por La Caldera, y miembro de la Comisión, Miguel Calabró, entendió que el bajo porcentaje de inscriptos se debe a la desconfianza de las familias campesinas pese a la existencia de la Ley. Esto, interpretó, sucede porque siguen siendo acorraladas por las decisiones judiciales que disponen desalojos.
Pero desde las organizaciones la explicación fue otra. La presidenta de Unión y Progreso e intergante de la comisión del Foro Nacional de la Agricultura Familiar (FONAF), Lucía Ruiz; el representante del campesinado en Los Blancos, Antolín Soraire, y la referente de esa misma zona por el Frente Nacional Campesino (FNC), Viviana Segovia, coincidieron en una misma manifestación: las inscripciones fueron muchas más pero solo algunas quedaron asentadas.
"Podemos hablar de desconfianza en 2010 o 2011, cuando había bastantes golpes (en referencia a los desalojos). Hoy ya casi no se los ve porque los jóvenes tomaron la posta y están interiorizados de cómo es el tema", dijo Ruiz al ser consultada por Salta/12.
La dirigenta campesina sostuvo que en el relevamiento e inscripción que realizaron desde la organización que representa se llenaron unos 500 formularios. Pero luego se dieron con que fueron menos los que quedaron inscriptos. "Cuando les preguntamos (a los técnicos de la provincia), qué pasó con las planillas no supieron dar una respuesta. Y quedamos en retomar las inscripciones", dijo.
"Hemos hecho 260 inscripciones en zona de Los Blancos y nos salieron que son 152 nomás", contó por su parte Antolín Soraire, de la zona de Los Blancos, en del departamento Rivadavia. Indicó que la explicación oficial fue que "una cosa es el registro y otra el relevamiento. Y hay que juntar todo de nuevo, y nos dieron solo dos meses para eso", sostuvo. Señaló que esto puede conllevar a una demora dado que la gente tiene que volver a movilizarse desde zonas lejanas para poder enviar los papeles e inscribirse.
Viviana Segovia, por su parte, contó a Salta/12 que para presentar el formulario de inscripción hay que cumplir con varios requisitos "y son 15 ítems de documentación a adjuntar". Entre las exigencias, contó, está la necesidad de añadir documentación que compruebe que viven en el lugar que reclaman como propio.
"Pero las solicitudes pasan todo un proceso de revisión. La vez pasada dijeron que había 4500 inscriptos pero solo la tercera parte llegaba a cumplir con los requisitos. Es difícil que se puedan conseguir esos papeles", consideró la integrante del FNC en Salta. Ante la situación sostuvo que empezarán a hacerse los listados nuevamente, esta vez con un duplicado para hacer un seguimiento de cada caso.
La "zona roja" de los conflictos
Por otra parte, Calabró afirmó que en la ruta 81 (que atraviesa los departamentos San Martín y Rivadavia) se asienta la llamada "zona roja" de los conflictos por la tierra.
El senador celebró la decisión política del gobierno a cargo de Gustavo Sáenz de disponer el presupuesto y crear la UEP para seguir adelante con las políticas públicas para el campesinado. El presupuesto para realizar el relevamiento es de 23 millones de pesos, y prevé también la compra de herramientas que permitan establecer cuántas familias campesinas se encuentran en calidad de poseedoras.
En la reunión en la Legislatura se manifestó que hay 45 casos judicializados, muchos con sentencia que implican desalojos, hoy frenados por el artículo 9 de la Ley 7658. Y aunque en la mesa de negociación los poderes Ejecutivo y Legislativo muestran su desempeño, aún queda por conocer qué sucederá con las determinaciones que toma el Poder Judicial. Más todavía en una provincia en donde la conflictividad por el territorio en los ex lotes fiscales 55 y 14, de Santa Victoria Este, tuvo que ser resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de 30 años de lucha por las tierras.
