La Defensoría del Pueblo de Bolivia pidió poner fin al “escarnio social” desatado sobre la maestra de biología que le pidió a sus estudiantes que llevaran una muestra de semen para una clase de educación sexual, hecho que ocurrió hace tres meses pero se hizo público en los últimos días.

Padres y estudiantes de la escuela Juana Azurduy de Padilla, ubicada en el municipio de Minero, a unos 100 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, realizaron una marcha para expresar su apoyo a la docente y pedir que se levante la denuncia penal en su contra.

"Yo apoyo a un ser humano que ha cometido un error en este sistema complejo de aprendizaje, en un mundo donde tenemos tabúes", dijo a los medios el alcalde de Minero, Salvador Torrejón. Torrejón cuestionó a quienes permiten que los adolescentes escuchen y bailen "canciones donde nos hablan abiertamente de sexo" pero luego se escandalizan ante la educación sexual.

Qué fue lo que ocurrió

La docente María Inés Peredo explicó a los medios que había pedido a sus estudiantes que sean "activamente sexuales que traigan un condón con semen" para que sus compañeras puedan conocer y prevenir algunos "embarazos no deseados", aunque aclaró que era una "sugerencia" por lo que nadie cumplió la "tarea" en su aula. Luego de la aclaración, pidió disculpas por la “malinterpretación” de su pedido.

El pedido sucedió hace tres meses pero salió a la luz el martes pasado luego de que el padre de un alumno de quinto de secundaria denunciara a la mujer ante el Ministerio Público por supuesta "corrupción de menores".

La maestra ofreció una disculpa por la situación y sostuvo que en ningún momento su intención fue "pervertir" a sus hijos, sino darles una clase sobre orientación sexual. La docente fue suspendida de sus labores mientras dura la investigación que llevan adelante la Policía y el Ministerio Público.

La reacción de la Defensoría del Pueblo

Desde la Defensoría del Pueblo aclararon que si bien es importante abordar la temática de derechos sexuales y reproductivos en las escuelas, "es cuestionable el método" adoptado por la maestra.

"No obstante, preocupa a la Defensoría del Pueblo, el escarnio social en contra de la educadora, así como la vulneración de sus derechos al debido proceso y al trabajo, al haber sido suspendida de su actividad laboral", indicaron en un comunicado, que también "rechaza el proceso penal iniciado por el Ministerio Público".

El organismo calificó la denuncia como una "medida extrema que solo refuerza los tabúes y estereotipos vinculados con la educación sexual y reproductiva".

También exhortó a las instituciones competentes "a cesar con la persecución administrativa y judicial" en contra de la docente y pidió que se garanticen sus derechos "al debido proceso y al trabajo" y a "desarrollar las acciones pertinentes" dentro de las líneas establecidas por el Ministerio de Educación para abordar estas temáticas, "libres de estigmatización, tabúes y estereotipos".