El 29 de agosto de 2017 Wilfred Fidele, un hombre nacido en Haití, llegó a una dependencia de la Municipalidad de Lo Prado, en las afueras de Santiago de Chile. Horas antes había sido convocado para realizar una tarea de jardinería. A la hora pautada, le entregaron un uniforme y le pidieron que se cambiara la ropa para comenzar la jornada. Cuando salió del baño Wilfred estaba solo y todas sus pertenencias habían sido robadas.

Al día siguiente Joane Florvil, la pareja de Wilfred, fue a la municipalidad a denunciar el hecho. Como casi no hablaba español los funcionarios municipales no entendieron su relato. Dejó a su pequeña hija Wildiana, una beba de un mes, en brazos de un guardia municipal y comenzó a buscar a algún otro migrante haitiano que hablara creole y le sirviera de traductor. 

Joane tan solo necesitaba que una persona cuidara a su hija por unos minutos, pero los funcionarios municipales entendieron otra cosa y la denunciaron por abandono de persona. Joane fue arrestada y en su primera noche en la comisaría, desesperada, se autolesionó golpeando su cabeza contra una pared. Falleció un mes más tarde, luego de varias recaídas. Recién el 5 de noviembre Wilfrid recuperó la custodia de Wildiana.

Racismo estructural

El caso de Wilfred Fidele y Joane Florvil se convirtió en un emblema porque expuso las dificultades que atraviesan los cientos de miles haitianos que viven en Chile: la informalidad laboral, la barrera en el idioma y la falta de respuesta del Estado. “Haití es uno de los países más pobres de América y a partir de eso se instalan imaginarios colectivos. La afrodescendencia, el color de la piel, también es un tema”, cuenta Djimy Delice, migrante haitiano radicado en Chile, sociólogo y activista.

Otro hito de ese racismo estructural ocurrió cuando en la ciudad de Valdivia se registró un caso de lepra en un inmigrante haitiano. La revelación del origen del paciente por parte del sistema de salud, sumada a una cobertura mediática estigmatizante, exigió la aclaración de profesionales: “La enfermedad no tiene una predilección especial por ningún tipo de población, ni se caracteriza por estar en la raza negra, eso hay que tenerlo muy en cuenta”, tuvo que salir a explicar Paulina Abaca, investigadora del Departamento de Microbiología de la Universidad de Talca, en medio de la ola de estigmas.

Los primeros migrantes haitianos

La inmigración haitiana en Chile tuvo su primera ola en 2010, después de un devastador terremoto en Haití en el que, según números oficiales, murieron alrededor de 316 mil personas. Los destrozos del huracán Matthew en 2016 provocaron un nuevo envión: el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), basado en datos de la policía chilena, sostiene que solamente en 2017 ingresaron más de 100 mil haitianos a Chile. El Instituto Nacional de Estadísticas estima que residen en Chile más de 180 mil inmigrantes de Haití, lo que representa un poco más del 1% del total de la población y el 12,5% de los extranjeros en el país. Es la tercera comunidad de inmigrantes más grande de Chile, solamente superada por la venezolana y la peruana.

“Estamos aquí, allá y en todos lados. Desde hace un tiempo nos empezamos a mezclar y lo seguiremos haciendo”, expresa una voz masculina animada, con un acento parecido al francés, en un informe emitido por la TV chilena. Entre imágenes que exhiben a personas negras y mestizas compartiendo una misma calle, el informe cuenta el sueño de un niño de 6 años inspirado en Jean Beausejour, futbolista de la selección chilena de padre haitiano. Un piano de fondo ambienta el relato de la historia de amor entre Daniela Sanhueza y Jean Ronald: “No tenemos el mismo color, pero somos iguales”, dice él. “De lugares tan lejanos nos venimos a encontrar, eso es lo bonito de la migración”, responde ella.

Gran parte de la sociedad chilena rechaza la migración

Estar en todos lados y mezclarse no es una práctica bienvenida para todos. Una encuesta del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte refleja un rechazo a la inmigración de un 60%. Un estudio del Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló en abril que el 61% de los chilenos encuestados está en contra de cualquier tipo de inmigración al país, mientras que apenas un 8% apoya una política de completa libertad migratoria.

La migración fue un tema relevante en el debate público previo a las elecciones presidenciales de 2021. De hecho, el ultraderechista José Antonio Kast creció en las encuestas apalancado por un fuerte discurso anti inmigratorio que fue bien recibido por un sector de la sociedad.

Kast propuso cavar una zanja de tres metros de profundidad en una zona de la frontera norte, lindante con Bolivia, en la que se produce un gran porcentaje de los ingresos ilegales. “Regímenes dictatoriales y narcoterroristas provocan la huida de estas personas, y esos otros países también deben hacerse cargo de estas personas que vienen a Chile”, justificó en el debate presidencial. “Debemos evitar la confrontación entre estas personas que vienen migrando y los Carabineros que controlan la frontera. Una zanja de tres metros, cercada para que nadie caiga adentro, es factible y económico”, puntualizó sobre el proyecto.

Más barreras para los haitianos

Según la ley migratoria chilena un extranjero que ingresa al país puede autodenunciarse ante la policía. En teoría se trata de una gestión que deriva en una orden de expulsión administrativa, pero en la práctica durante los últimos años fue utilizada como trampolín para un proceso de regularización a través de una apelación.

La inmigración a Chile se cuadruplicó en la segunda década del siglo XXI: en 2010 vivían en el país 305.000 extranjeros (1,8% de la población) y en 2020 se registraban casi 1.500.000 (7,5%), según un relevamiento del SJM, basado en datos del Instituto Nacional de Estadísticas y del Departamento de Extranjería e Inmigración de Chile.

Una nueva Ley de Migraciones, impulsada por el gobierno de Piñera a principios de 2021 buscó agilizar las expulsiones administrativas. El desafío para los migrantes ya dejó de ser únicamente entrar a Chile, sino también lograr permanecer. Según información oficial brindada por el exsubsecretario de Interior Juan Francisco Galli de los 180 mil haitianos que vivían el país solamente habían conseguido la residencia definitiva hasta el año pasado alrededor de 70 mil.

“Quienes no cumplen los requisitos de la ley naturalmente no pudieron regularizarse. Y si no pueden regularizar su situación, van a tener que salir de Chile”, zanjó la cuestión en su momento el funcionario. Eso es justamente lo que comenzó a pasar: sin perspectivas hacia el futuro miles de haitianos comenzaron a salir. El SJM registró que en 2021 se fueron del país 3.032 haitianos más de los que ingresaron. Por primera vez, el flujo migratorio de fue negativo. La tercera comunidad de migrantes más grande del país comienza a achicarse.