Un funcionario cercano al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) calificó como "persecución política" la acusación penal presentada por la Fiscalía que investiga una red de corrupción que presuntamente se apropió de más de 183 millones de dólares del Estado.

El exsecretario privado de Sánchez Cerén, Manuel Melgar, señaló mediante un comunicado que “en ningún momento el dinero señalado ha ido a parar a cuentas personales de ningún funcionario, ni personas fuera del gobierno”. Según dijo, se trata de una “persecución y descrédito político" contra la administración del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Este miércoles, el Ministerio Público salvadoreño presentó una nueva acusación penal contra el expresidente que incluye además a Melgar, al ex jefe del Estado Mayor Presidencial, Antonio Revelo Vega, la extesorera institucional de la presidencia, Daysi Armida Díaz y otras personas del gobierno del Sánchez así como también del exjefe de Estado Mauricio Funes (2009-2014).

Por su parte, el exsecretario señaló que “todos los exfuncionarios que trabajaron en la administración lo hicieron apegados absolutamente a la Ley", indica el texto al que accedió el portal El Salvador.

La acusación

“Los implicados están acusados de conformar una compleja red de corrupción dentro de la Casa Presidencial para sacar dinero de la partida de Fondos Reservados de la Presidencia hacia personas particulares y empresas que no tenían ningún vínculo comercial con dicha entidad del Estado”, indicó la Fiscalía de la Nación en un comunicado.

Según el medio local La Tribuna, en la acusación se detalló que Armida Díaz habría firmado un total de 193 cheques de cuentas institucionales y transferido esos fondos a seis cuentas particulares que reenviaron el dinero a otra cuenta.

Asimismo, se indicó que 155 millones de dólares fueron retirados en efectivo y el resto fue utilizado para pagar “supuestos proveedores” que no tenían ninguna vinculación con la Presidencia. También se habrían desviado 3,9 millones de dólares en donaciones hacia el gobierno de Taiwán, país con el que rompieron relaciones diplomáticas en 2020.

En junio de 2021, un juez solicitó la detención de 10 exfuncionarios del gobierno de Funes, entre los que se encuentra Sánchez Cerén, quien para ese entonces era vicepresidente. El magistrado pidió que fueran procesados por delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. A su vez, acusó a Sánchez de recibir fondos ilícitos por un total de 530.000 dólares mientras se desempeñaba como ministro de Educación.

Luego de que el juez dispusiera la orden de búsqueda y captura internacional contra Sánchez, el gobierno de Daniel Ortega (Nicaragua) le otorgó la nacionalidad nicaragüense al igual que a su esposa, hija y nieto. En Nicaragua está prohibida la extradición de sus ciudadanos.