Pese a que la mayoría de los especialistas coincide en que no hay información suficiente para sacar conclusiones definitivas, el gobierno nacional salió abiertamente a plantear la necesidad de eliminar o modificar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La hipótesis oficial es sencilla: las primarias son caras y no sirven. Se basa centralmente en el caso de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, donde en estas elecciones no existirán internas competitivas al interior de los distintos frentes. “La evidencia de esta PASO demuestra que este experimento único del planeta no estaría cumpliendo el objetivo que dijo que iba a cumplir”, afirmó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificando lo dicho días atrás por el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez.
Fracasada la reforma electoral con la que Cambiemos trató de imponer el voto electrónico, ahora volvió a la carga con la idea de alterar, durante el año próximo, las reglas de juego establecidas en 2009. “Yo creo que, efectivamente, lo que corresponde es que, después de las elecciones, lo debatamos. Sale lo mismo o más que hacer una elección general; tiene un costo muy alto y hay que evaluar la utilidad”, planteó Pérez. Según fuentes del gobierno el “costo” de las primarias es de unos 2600 millones de pesos.
Distintos analistas consultados por Página/12 plantearon varios reparos respecto de las afirmaciones del oficialismo. La primera es que es al menos apresurado hablar de un fracaso o un éxito de las PASO ya que sólo hay un antecedente de elección legislativa (2013) con este sistema de selección de candidatos. “Más que las PASO fracasaron lo que sucedió es que los actores de ambos lados jugaron con tanta decisión para que no hubiera PASO que lo lograron”, advierte Julio Burdman, doctor en Ciencia Política y docente de la Universidad de Buenos Aires. La referencia obligada son los casos de Unidad Ciudadana y el Frente Justicialista en la Provincia de Buenos Aires, coaliciones encabezadas por Cristina Fernández y Florencio Randazzo, respectivamente. También la situación de Vamos Juntos y Evolución, cuyas listas son lideradas por Elisa Carrió y Martín Lousteau. “La idea de que no hay PASO es ‘buenosaires’ y ‘porteñocéntrica’”, insiste Burdman, poniendo de relieve que en otros distritos sí hay competencia interna.
“Sorprende que estén tan molestos si ellos son los que están desalentando la competencia interna en Cambiemos”, asegura el politólogo Andy Tow. Según Tow, al macrismo le conviene mantener las PASO porque “el oficialismo nacional es el principal beneficiario” de esta institución tal como existe hoy ya que “las primarias incrementan las chances del gobierno nacional para imponer listas propias en todos los distritos”.
La investigadora del Conicet y docente de la Universidad de Buenos Aires, Paula Clérici señala que si bien las PASO pueden resultar en este turno electoral poco efectivas para resolver quiénes serán los candidatos (dada la ausencia de competencia interna real en muchos distritos), cumplen otras funciones que también son relevantes. “Hay una reducción de la oferta electoral”, explica Clérici, quien analizó la evolución de la cantidad de listas en las legislativas: 231 en 2001; 284 en 2005; 272 en 2009; 256 en las PASO de 2013 y 140 en las de 2013. Según su investigación, desde el regreso de la democracia las coaliciones electorales han tomado cada vez más protagonismo frente a partidos que se presentan de manera independientes. En ese contexto, las PASO han profundizado esa tendencia favoreciendo las coaliciones.
Como contrapartida, en un estudio realizado junto a Facundo Cruz y Lara Goyburu en los 135 municipios bonaerenses, los investigadores demostraron que a medida que la elección primaria de la coalición es más competitiva, disminuye su probabilidad de ganar la elección general. Esto demuestra los riesgos del “fuego amigo” del que hablaba el candidato a gobernador del FpV, Aníbal Fernández, en 2015.
En esto contexto, Cruz plantea la necesidad de incorporar reformas aledañas en las PASO pero no su eliminación. Estas apuntan a “reducir las ventajas para crear partidos”, “ordenar la política de alianzas” y “desarmar la figura del partido de distrito” que es el que tiene la potestad para fijar la política de alianzas.
