El procurador general Eduardo Casal aportó su granito de arena a la estrategia de victimización de los fiscales federales que llevan adelante la acusación pública contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El eterno jefe interino del Ministerio Público difundió, tras recibir durante más de una hora a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, una carta al presidente Alberto Fernández en la que manifestó su “profunda preocupación” por lo que denominó “una clara perturbación en el ejercicio de (las) funciones” de los acusadores, en referencia a las declaraciones del jefe de Estado durante una entrevista periodística sobre una imputación que considera “insostenible jurídicamente” y sobre el rol subordinado de los fiscales en la “persecución judicial y mediática” contra CFK. Pese a que admitió reconocer “el derecho a expresarse libremente”, Casal consideró que “corresponde exclusivamente al tribunal” opinar sobre un alegato --que es un acto público-- y opinó que se trata de “una injerencia indebida en el trámite del proceso”.

A primera hora fue el propio fiscal Luciani quien calificó de “preocupantes” las expresiones del Presidente, quien había calificado como “un error estrepitoso” el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la ex presidenta. El jugador del “Liverpool de Los Abrojos”, como lo llamó CFK por los partidos en la quinta privada de Mauricio Macri, alertó sobre lo que llamó un “grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos”.

Más tarde Casal recibió a Luciani y Mola para brindarles su “respaldo institucional e interiorizarse sobre su seguridad”, según hicieron trascender sobre el encuentro en la Procuración, del que también participaron el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y su par de la Secretaría Disciplinaria y Técnica, Juan Manuel Casanovas.

Por la tarde, Casal echó a correr su carta al jefe de Estado, que prefirió no difundir desde el portal oficial del Ministerio Público. Allí expresó la “profunda preocupación que desde el punto de vista institucional han provocado sus expresiones en el programa ‘A Dos Voces’ emitido por la señal TN”. “Más allá del derecho a expresarse libremente de cada ciudadano en un ámbito de respeto y sin que esto implique una opinión sobre el fondo de la cuestión, es mi deber constitucional e institucional advertir que la vinculación que usted realiza entre ‘una persecución judicial y mediática’ y el debido cumplimiento de la representación que en nombre de este Ministerio Público ejerce por mandato legal el señor fiscal, implica una clara perturbación en el ejercicio de (las) funciones” de Luciani, actitud a su entender “agravada por las referencias peyorativas con que ha calificado su condición profesional”.

“Tampoco puede pasarse por alto que corresponde exclusivamente al tribunal interviniente, al momento de dictar sentencia, juzgar acerca de la procedencia de la pretensión acusatoria por lo que, además, esas expresiones no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía de este Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma institución también debe velar y que al mismo tiempo afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”, concluyó Casal, quien ocupa interinamente la jefatura de la Procuración desde 2017, tras la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó.