España endureció su legislación contra la violencia sexual, al establecer la obligación de un consentimiento explícito, una medida que el gobierno de Pedro Sánchez impulsó tras el antecedente de la violación en grupo de una joven en el año 2016. Conocida como la ley del "solo sí es sí", la nueva norma "de garantía integral de la libertad sexual" fue aprobada por el Congreso por 205 votos a favor y 141 en contra.

El texto, que implica una reforma del Código Penal español, sitúa en el centro el "consentimiento", que solo se entenderá "cuando se haya manifestado libremente mediante actos que (...) expresen de manera clara la voluntad de la persona". La utilización de violencia o de intimidación ya no serán, por tanto, necesarias para tipificar un delito de violación, como ocurría hasta ahora.

"Por fin nuestro país reconoce por ley que el consentimiento es lo que tiene que estar en el centro de todas nuestras relaciones sexuales", se congratuló Irene Montero, ministra de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez, a las puertas del Congreso.

Esta cuestión fue clave en el caso de la llamada "Manada", la violación grupal en 2016 a una joven de 18 años durante las fiestas de San Fermín en Pamplona por parte de cinco hombres que grabaron los hechos, se jactaron de sus acciones y compartieron las imágenes por WhatsApp.

Su condena en primera instancia, en abril de 2018, fue a nueve años de prisión por el delito de "abuso sexual". Definido por la ausencia de violencia o intimidación, este delito, que implicaba penas menos estrictas, desaparecerá ahora con la nueva ley.

Esa primera pena provocó masivas movilizaciones de mujeres en España bajo el lema "Yo sí te creo", además de numerosas peticiones para endurecer el Código Penal. El caso generó una gran repercusión internacional. Finalmente, en junio de 2019, el Tribunal Supremo español corrigió la sentencia y consideró que sí hubo violación, por lo que elevó a 15 años de cárcel las penas para los acusados.

Desde su llegada al poder en junio de 2018, el gobierno del socialista Pedro Sánchez prometió la adopción de una ley sobre el consentimiento explícito. 

La norma contempla también como delito el acoso callejero, desarrolla la educación sexoafectiva en la escuela y refuerza la atención y compensación de las víctimas de violencia sexual. 

Sobre la cuestión del consentimiento, el gobierno aseveró que se inspiró directamente en el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, un tratado internacional adoptado en 2011 que establece normas para luchar contra la violencia de género.

Irene Montero, la ministra de Igualdad, del partido Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez, reconoció haberse inspirado para su redacción en una ley sueca pionera que considera violación todo acto sexual sin acuerdo explícito desde 2018.

Según un estudio de Amnistía Internacional de 2020, 12 de 31 países europeos analizados definen la violación desde la falta de consentimiento, más allá de la coacción o la vulnerabilidad, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Suecia y Reino Unido.