En la sesión de ayer, el Concejo Deliberante del municipio de Cerrillos rechazó la instalación de una "Planta de Fundición de Metales Ferrosos", que prevé ubicarse en ese ejido municipal. Los ediles afirmaron que tomaban esta determinación en defensa de los vecinos. 

Los ediles apoyaron de esta manera el reclamo que vienen manifestando desde hace dos años, los vecinos y vecinas de la localidad, en contra de la instalación de la empresa Metalúrgica Integral Sociedad Anónima, más conocida como Metalnor. 

La decisión de los ediles fue previa a la audiencia pública no vinculante que la municipalidad cerrillana convocó para este miércoles 31 de agosto, a las 10, con el propósito de que la ciudadanía pueda expresarse sobre el Estudio de Impacto Ambiental y Social (ElAyS) de la empresa, que aún no fue aprobado. No obstante, la convocatoria se hizo cuando la firma ya estaba en funcionamiento en la zona. 

De hecho en 2020 empezó la construcción de un paredón de 4 metros de alto por casi un kilómetro de largo, sin que los vecinos conozcan que haya habido algún tipo de control. Incluso una parte de esa infraestructura cayó, lo que generó más malestar. El proyecto cuenta con 42 hectáreas. 

Los concejales señalaron ayer que "en la zona de influencia del proyecto en cuestión residen más de 14.000 personas que se verán afectadas" por la puesta en marcha de la iniciativa. En un principio, los vecinos sólo supieron que la empresa quería tener un espacio para el depósito de chatarra. No obstante, hace unas semanas se enteraron que el fin era instalar tres hornos de fundición de metales, dos eléctricos y uno a gas. 

El concejal del Frente de Todos Adrián Ustarez dijo a Salta/12 que el rechazo se debió a que la postura de ese Concejo "es a favor de los vecinos". Contó que se dirigieron a la Municipalidad a buscar el expediente como lo establece el edicto de la audiencia, pero no lo encontraron. "Denunciamos que no estaba y recién el martes estuvo presente, pero nosotros lo fuimos a buscar a la oficina de Ambiente" de la provincia, expresó. 

Con las copias del expediente en mano, varios concejales consultaron a especialistas, quienes les explicaron "que hay varias cosas que presenta la empresa que no estarían de acuerdo a los procedimientos" correspondientes. 

Una de ellas, es que la firma presentó un estudio de impacto ambiental preliminar en la Secretaría de Ambiente de la provincia, que fue rechazado. No obstante, decidió seguir el trámite directamente con el Ejecutivo municipal, ya que de acuerdo a la Ley provincial 7070, el municipio puede otorgar el certificado de aptitud ambiental si da cuenta que tiene acompañamiento técnico en la temática. "La última palabra la va a tener el municipio", dijo Ustarez. 

Otra de las irregularidades, era la falta de claridad en el uso de los servicios, como el agua y la luz. El proyecto "dice que se va a hacer un pozo de agua, pero no se aclara si iban a utilizar las mismas napas que los vecinos", cuestionó Ustarez, adelantando que de ser así, llegaría un menor caudal de agua para los barrios cercanos a la empresa. Lo mismo pasa con la electricidad, ya que se tendrá que hacer una tirada de alta tensión y "se va a consumir más energía". 

"Hay ciertas cosas que vimos que estaban mal y ocurrieron desde un principio", denunció el edil, cuestionando que la intendencia de Yolanda Vega tiene la intención de "aprobar la planta de fundición". 

Los vecinos insisten en que el proyecto representa un perjuicio a la salud y al ambiente, puesto que se pondrán en funcionamiento tres hornos y temen que puedan provocar enfermedades respiratorias. Sobre todo, por la cercanía con los barrios, ya que el paredón se ubica a sólo seis metros de las viviendas familiares. 

También denunciaron que en 2016 se modificó la ordenanza 383, que avaló que la zona involucrada deje de ser considerada rural para pasar a ser una zona mixta. Esta denominación permite que puedan instalarse en el lugar viviendas e industrias de menor y mediano impacto. Sin embargo, Ustarez dijo que el propósito parece ser instalar una industria de gran envergadura. 

"Si hubiera sido de acopio, estaría bien, pero ya no nos parece que se tenga que seguir con un proyecto (por la fundición de metales) que pueda afectar la salud de las personas como nos dijeron los profesionales", expresó el concejal. 

En la actualidad, y sin seguir con el Estudio de Impacto Ambiental y Social (ElAyS), la empresa ya moviliza camiones que entran y salen de su predio. Incluso, el paredón construido también ocupa parte de la vereda del lugar. 

En ese sentido, el edil dijo que era preciso que el Cuerpo Legislativo sentara una postura y de manera previa a la audiencia convocada. De los 9 ediles, sólo dos votaron en contra: Javier Kairuz y Nélida Torres. Entre los argumentos expuestos, los concejales dijeron que se debía considerar que el proyecto metalúrgico iba a posibilitar fuentes de trabajo, a lo que Ustarez dijo que tampoco eran tantos, sino sólo 120. 

Los votos a favor del reclamo vecinal fueron del propio Ustarez, que fue acompañado por sus pares Enrique Borrelli, Juan Martínez, Adrián Lanriel, Ramiro Vallejo y Cristian Mariscal.