A raíz de los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el avance de la Justicia en la Causa Vialidad con un pedido de cárcel y proscripción en su contra, esta semana el concepto del lawfare volvió a quedar en el centro de las escena, pero ¿qué es el lawfare?
Qué es el Lawfare
Para empezar, en términos etimológicos “lawfare” significa literalmente “guerra jurídica”. Es una contracción del término “law” (ley en inglés) y “warfare” (guerra). Se usa para hacer referencia a una persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial.
Es decir, se aplica ante la existencia de un abuso o una manipulación ilegal de las herramientas legales o judiciales para inhabilitar o provocar una imagen negativa contra alguna figura pública bajo el manto de una presunta objetividad o falsa legalidad.
Lawfare: cómo lo definen los especialistas
El Lawfare es “la manipulación selectiva del sistema penal para buscar la muerte política y jurídica de dirigentes populares y salvar de esa misma muerte política y jurídica a dirigentes funcionales al poder real, aun cuando sí hayan cometido delitos”, explica Valeria Vegh Weis, investigadora del Instituto Alexander von Humboldt Freie Universität Berlín y docente de la Facultad de Derecho de la UBA-UNQUI.
En la misma línea, la especialista agregó que mediante este “abuso del derecho penal” se “violan las garantías constitucionales básicas, se sobre-aplica el poder punitivo del Estado para acabar con la vida política y jurídica del contrincante legal”. Así como esa manipulación del poder jurídico se puede utilizar para sobredimensionar una causa, incluso con falta de pruebas, testigos y otros recursos legales, también se puede hacer lo contrario: optar por la “infra-criminalización”.
En cualquier caso, agrega, los protagonistas son las autoridades del Poder Judicial que aplican este tipo de procedimientos y, del otro lado, una figura pública de gran relevancia en la política, que debe defenderse en los tribunales. Vegh Weis destaca también que hay otros dos actores involucrados en estos casos: los medios de comunicación y las grandes corporaciones.
Por su parte, Baltasar Garzón —Jurista, presidente de FIBGAR y miembro del CLAJUD— cita la definición de Camila Vollenweider, que lo resume como "el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político”, en el que usualmente se combinan “acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que este sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba”.
Y resalta que si bien "en muchas ocasiones estas denuncias y querellas basadas en hechos falsos no prosperan, provocan un daño reputacional muy difícil de reparar en la persona imputada maliciosamente".
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