En un documento que lleva por título “La democracia en riesgo”, los Curas en la Opción por los Pobres expresaron su preocupación “ante la situación de profunda incertidumbre acerca del futuro de la democracia en nuestro país, de la libre participación política de los sectores populares y amenazas de proscripción a las personas que lideran espacios de participación popular”. En el texto, los sacerdotes católicos advierten sobre el peligro que implica que se niegue el derecho de defensa de cualquier persona y señalan que toda sentencia debe ser dictada “por certezas, no por sensaciones, por pruebas y no por tapas de diarios”.

Sin mencionarlo directamente, los curas aludieron al diputado conservador Francisco Sánchez para advertir que “no se puede permitir que un diputado, ni ningún otro funcionario o funcionaria, afirmen cosas como ‘lamentablemente no tenemos pena de muerte’ ”.

Para los sacerdotes que trabajan junto a los sectores populares, “no se puede dejar la democracia en manos del menos democrático de los tres poderes del Estado” y “no es tolerable que se niegue el derecho a la defensa a nadie, ni a los pobres que llenan nuestras cárceles, ni a Cristina Fernández de Kirchner, como tampoco se puede avalar la incorporación de pruebas en el alegato sin que ellas hayan sido incorporadas en etapas anteriores del debido proceso”. 

En el mismo sentido, agregaron que “una sentencia debe ser dictada por certezas, no por sensaciones, por pruebas y no por tapas de diarios, por dinámicas transparentes y no guiadas por el odio que no parece tolerar que los pobres tengan los mismos derechos, sino que parecen guiadas por racismo y clasismo”. Por eso –plantearon- “necesitamos transparentar y agilizar los procesos de justicia para que todos y todas puedan acceder a una defensa justa, donde lo que se pruebe es la culpabilidad y no la inocencia”.

Los curas consideraron que “no es ético ni procesalmente justo basar las acusaciones en un supuesto ‘sentido común’ o supuestas medidas de peso de pruebas no especificadas”.

Hay también una mención directa a los medios de comunicación. Los COPP sostienen que “no deben avalarse las acciones de medios de comunicación que recibiendo dinero del Estado por millonarias pautas hacen lo posible por desinformar, generar odio o bronca y más grave aún, violencia”.

Para el grupo “ningún país puede funcionar sin justicia, y sin ella la sociedad se desarticula”.

Finalmente los sacerdotes católicos exigen “a los funcionarios de cualquier poder del Estado evitar todo tipo de palabras que inviten a la violencia para con una o muchas personas”. A los medios de comunicación les solicitan que “cumplan la función de comunicar lo más y mejor posible” y se oponen “a que nuestro país siga reduciendo ayudas a los pobres y siga sosteniendo a quienes más daño le hacen a nuestra democracia”.

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