El clamor regresó al centro desde los barrios, y se hizo visible entre Tribunales y la plaza San Martín. Solo que la columna, de unas tres cuadras de largo, se nutrió como siempre de la misma gente, con víctimas de la violencia institucional y con los deudos de quienes pagaron con la vida esta calamidad que agrede casi en exclusiva siempre al mismo sector poblacional: los barrios, los pobres, los jóvenes la mayoría de las veces. El centro de la ciudad, casi indiferente a la manifestación popular. 

Fue la expresión rosarina de la 8° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, la sexta movilización a nivel local en su tipo, y se hizo con la consigna "Donde hubo fuego, luchas quedan", bajo la convocatoria de la Multisectorial Contra la Violencia Institucional. Participaron algunos gremios, algunos partidos, y mucha movilización de base, organizaciones barriales que tienen la violencia que ejerce el Estado como un tema acuciante, de la agenda diaria. También estuvo representado el colectivo travesti trans, que evocó el crimen de odio de la santafesina Alejandra Ironici esta semana y una grave denuncia en boca de su víctima, atacada a golpes el miércoles en la terminal de ómnibus por proxenetas y revictimizada luego por policías. 

Pero antes, Julieta Herrera (hermana de Jonatan Herrera, asesinado por la policía en enero de 2015, en Ayacucho y Seguí) leyó el documento de la Multisectorial. "Exigimos al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, requisar, de humillar, golpear, manosear, maltratar, torturar en cárceles y comisarías, y de ejecutar y desaparecer personas. La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia", dijo. 

El documento endilgó responsabilidad a todas las fuerzas de seguridad, provinciales y federales. Instó a "construir memoria, justicia y castigo a los culpables como tuvieron que hacerlo las Abuelas, Madres e Hijes". En eso puso como ejemplo el crimen de Carlos Bocacha Orellana (26/02/20, en La Fluvial). "Sus familiares y amigues padecieron un sinnúmero de irregularidades y hostigamiento en estos 29 meses de lucha", remarcó. Y agregó las dificultades que enfrentan ante el tribunal que debe dictar nueva sentencia en cuanto al crimen policial de su hermano. Siguió con el caso de Franco Casco (7/10/14, Comisaría 7ª), todavía impune 7 años después. Y la lista se le hizo infinita ante decenas de nombres de jóvenes muertos por mano del Estado armado.

El mensaje cuestionó la elección de Omar Perotti de designar ministro de Seguridad al policía retirado Rubén Rimoldi. "Es un gravísimo retroceso designar como ministro a un ex comisario y poner en manos policiales la conducción política de la seguridad santafesina", marcó. 

El documento denunció que "siguen siendo recurrentes los casos de violencia institucional, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones. Las fuerzas han profundizado sus prácticas represivas y delictivas en los barrios populares; nos preocupa el fuerte consenso social que legitima este accionar punitivista del Estado", marcó. La ausencia de otro actor social que no fueran víctimas, familias o militantes sociales, confirmó ese diagnóstico adverso.

El planteo de la Multisectorial concluyó con una apelación a "no criminalizar la pobreza, no militarizar los barrios". 

La manifestación concluyó a toda música, con DJ en vivo y feriantes de la economía popular en el centro de la plaza. A un lado, Julieta Herrera reflexionó la evolución de la Multisectorial, construida con el dolor por cada joven asesinado, como el propio que sublimó en esta militancia. "Los barrios son criminalizados y la solución no es con más policías. Venimos acá y se nota la desigualdad que existe, lamentablemente seguimos siendo nosotros quienes ponemos los muertos. Somos personas como todas y tenemos el mismo derecho, pero en los barrios seguimos con ganas de cambiar la realidad".