Desde hace días que los principales diarios nacionales están plagados de artículos con un hilo rector: declaraciones de “arrepentidos” habrían dejado al descubierto el entramado criminal liderado por Milagro Sala. Estas notas son presentadas como el producto de investigaciones rigurosas e imparciales. Nosotros preferimos revelar todas nuestras cartas: somos abogados de Milagro Sala y estamos convencidos de su inocencia. Aun así, nos limitaremos a presentar ciertos datos sobre la nueva ola de denuncias, con la menor cantidad de valoraciones posibles, para que los lectores saquen sus propias conclusiones.

Los arrepentidos

Los presuntos arrepentidos son más una constante que una novedad en los procesos contra Milagro Sala. Ya en el primer juicio, el principal testigo de la acusación dijo que se había denunciado a Milagro tras haberse encontrado “por casualidad” con uno de los abogados de Gerardo Morales, que lo había guiado con la presentación. Además, declaró que nunca había trabajado para la administración pública: un informe reveló que trabajaba para el gobierno de Morales en ese preciso momento. Hoy, él y su pareja están imputados por falso testimonio.

Otro arrepentido estrella es Pilo Mancilla. Mancilla dejó la Tupac Amaru en 2010. Pocos años después, fue preso por abuso sexual con empalamiento. Cuando se le levantó la prisión preventiva, lo primero que hizo fue presentarse “espontáneamente” para declarar en una causa cerrada en 2012, en la que se había investigado el robo de un expediente. Dijo que sabía que todo había sido pergeñado por Sala. Esta es la única “prueba” de la causa. La semana pasada empezó el juicio por estos hechos: al mismo tiempo, la causa por empalamiento se elevó a juicio: ¿recordatorio? Mancilla es contratado por el gobierno provincial para realizar tareas de servicios en actos oficiales.

Las dos arrepentidas de la semana pasada eran personas muy cercanas a Milagro Sala. Mirta Guerrero, “Shakira”, estuvo presa con Sala por la causa conocida como “Pibes Villeros”. Es difícil hacer un reproche moral tras la injustificada persecución política y judicial que atravesó. Pero sus afirmaciones son falsas. No es verdad que se haya distanciado de Sala luego del juicio de “Pibes Villeros”, cuando dice que se dio cuenta de que pertenecía a una organización criminal. Hasta hace muy pocos meses seguía en contacto con ella. Patricia Jaldin se alejó de Milagro en 2015. Ya había declarado contra Milagro hace años, por lo que su testimonio no es nuevo. Trabaja en la órbita del gobierno provincial.

Jaldin y Guerrero comparten otro rasgo en común: están condenadas en una causa que se originó por una denuncia de parte del equipo de la producción de PPT en 2012, por el robo de una cámara. La sentencia, no obstante su condena, no está firme. Nobleza obliga: en C5N dijimos que Jorge Lanata es querellante en ese expediente. Se trató de un error, que deseamos corregir. Lo que sí surge de las notas de la época es que la causa se inició por la denuncia de parte del equipo de PPT. La declaración de Guerrero se dio, justamente, en PPT. La confirmación de la condena implicaría una pena de prisión efectiva para las dos arrepentidas.

Los nuevos hechos denunciados

En el derecho procesal penal rige la máxima que impone que quien tiene que probar el hecho denunciado es el acusador. Esto tiene una fuente normativa, relacionada con el principio de inocencia. Pero, hay, además, una razón práctica: es mucho más fácil probar que hicimos algo que probar que no lo hicimos. Un ejemplo: si tengo que probar que alguna vez fui a Madrid, me basta con mostrar un pasaje. Por el contrario, si me acusan de que alguna vez crucé a Chile sin pasar por la aduana, probarlo es mucho más difícil: tengo que repasar el pasado día por día y, seguramente, mi explicación no sea convincente.

Con algunos de los hechos denunciados por las Guerrero y Jaldin pasa esto. Acusan a Milagro de hacerles llevar diez mil dólares a cada una en viajes al Vaticano, que debían entregarle al llegar. La única prueba son sus testimonios. Vale la pena plantearse para qué Milagro Sala querría llevar dólares al exterior, dónde no tiene ninguna propiedad, ni negocio, ni cuenta bancaria.

Luego, está la alusión a que Sala tendría treinta y dos propiedades. Milagro tiene dos casas, una que heredó de su tía y otra que construyó con el producto de su trabajo. Nada fuera de lo común para alguien que trabajó toda su vida y que llegó a ser legisladora provincial. No sabemos a qué se refieren con las otras treinta propiedades, pero sí que califican como suyas casas de su familia, allegados y hasta propiedades de la organización social Tupac Amaru. Es evidente que si a una persona le computan como suyas las casas de las personas que la rodean parecerá que tiene un patrimonio mucho más grande que el real. Algo similar pasa con los vehículos, que suelen contar por dos. Por ejemplo, un auto del hijo de Milagro lo cuentan como de Milagro y del hijo: es decir, se convierte en dos en el relato acusatorio.

Otro eje del relato mediático y judicial es que circulaba mucho dinero en efectivo. Esto es verdad, pero no es delictivo. El dinero provenía de programas lícitos. Se retiraba legalmente del banco y luego se pagaban sueldos, materiales y todo lo que correspondiese. La prueba de que este dinero no se malversó está en las obras. Todo está hecho. La Justicia nunca permitió peritarlas, pero basta con verlas. Un desarrollo social modelo que el ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UBA identificó como un ejemplo de cumplimiento de los objetivos para el milenio de la UNESCO.

La Justicia que la juzga

El tercer eje que es necesario considerar es el juego entre el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación, quienes se encargan de la persecución de Milagro Sala.

Al asumir, Gerardo Morales amplió el Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve miembros, y logró una composición adicta al Ejecutivo. Esto no le alcanzó y, este año, se encargó de la renuncia de tres jueces y nombró a sus reemplazantes: el hasta entonces Fiscal de Estado encargado de perseguir a Milagro, una diputada radical provincial y el abogado de su aliado en el PJ, Rubén Rivarola.

El Ministerio Público de la Acusación también fue reformado por Morales, quien designó a Sergio Lello Sánchez como jefe de los fiscales. Su modalidad de trabajo fue revelada en dos ocasiones la semana pasada. Graciela López, también imputada en varias causas, contó que le habían ofrecido plata, trabajo y levantar las acusaciones en su contra si comprometía a Milagro Sala. Pero lo más espectacular ocurrió en el inicio del nuevo juicio contra Sala (la causa que se reabrió con el testimonio de Pilo Mancilla). Uno de los testigos llevados por la fiscalía, Jorge Ruiz, contó que había sido presionado por integrantes del Ministerio Público, mensajeros de Lello, que le transmitieron que si declaraba contra un ex abogado de la Tupac Amaru, imputado en la causa, le devolverían el trabajo del que lo habían echado. Además, contó que, en el último tiempo, sufrió seguimientos.

Todo dicho.

* Los autores conforman el equipo de abogados defensores de Milagro Sala.