El gobierno de Pedro Castillo oficializó este sábado 27 la salida y pase al retiro de Luis Alberto Vera en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), una responsabilidad que ocuba hace apenas tres meses.
En su lugar asumirá el teniente general Raúl Enrique Alfaro, que hasta ahora ocupaba el cargo de inspector general. Además, según la resolución divulgada en el diario oficial y que llleva las firmas de Castillo y el ministro del Interior, Willy Huerta, también se resolvió designar a Vicente Marcelo Álvarez en el cargo de jefe del Estado Mayor General de la PNP.
Estos movimientos en la cúpula policial se dan en medio de la polémica generada por la denuncia que presentó el gobierno de Castillo contra el coronel Harvey Colchado tras el allanamiento a Palacio de Gobierno.
Castillo había presentado este viernes 26 un oficio para solicitar el retiro del jefe del Equipo Especial de la PNP, coronel Harvey Colchado, por ejecutar la orden de allanamiento en el Palacio de Gobierno, que se llevó a cabo el 9 de agosto. La acusación apunta que el funcionario policial "vulneró la inmunidad del presidente".
El documento oficial señala que Colchado y otros cinco efectivos policiales del grupo de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder fueron a la residencia presidencial para ejecutar una orden de allanamiento y registro con fines de detención e incautación de bienes de la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes.
El abogado de Castillo, Eduardo Pachas, explicó que está solicitando que el general inspector de la Policía Nacional revise el procedimiento del coronel en actividad y determine “si puede detener a un general uniformado y si puede ir a la oficina o al dormitorio del presidente de la república a revisar sus documentos secretos, vulnerando el artículo 117”.
Además, pidió que se evalúe si el coronel puede dirigirse al lugar donde se encuentran las cámaras de seguridad y señalarle a los funcionarios que si no entregan voluntariamente los registros “lo va a procesar por obstrucción a la justicia”.
Pachas también presentó una queja contra el juez Raúl Justiniano, que ordenó el allanamiento, y el fiscal Hans Aguirre, quien lo ejecutó.
El abogado del presidente espera que el control interno del Ministerio Público y del Poder Judicial establezca si es correcta “la actitud del fiscal y del juez que no tienen competencia” para investigar a un presidente, lo cual "vulnera" la Constitución.
“Se han metido al dormitorio del presidente de la República a investigarlo sin tener las facultades y competencias, con un mandato judicial que no fue emitido ni por un juez supremo, ni por una fiscal suprema de la nación”, añade el documento.
Críticas a la decisión de Castillo
La presidenta del Congreso, Lady Camones, criticó que Castillo pida el retiro del coronel Colchado por el allanamiento en Palacio de Gobierno.
“Reprochable en todos sus extremos", expresó. "El presidente de la República tiene que dar muestras de transparencia, de acciones que estén sujetas a ley. No se pueden adoptar actos de amedrentamiento", advirtió.
Camones aseguró que solicitará la información para saber “cuáles son los motivos que están impulsando al presidente para que tome este tipo de decisiones”.
El exministro del Interior, Mariano González, también habló sobre el tema. "Ese rollo de que él es un ciudadano cualquiera es falso. No es un ciudadano cualquiera. Nos guste o no, él está sentado en la Presidencia de la República, por lo tanto, tiene toda la obligación de respetar a las instituciones, a los poderes del Estado y a los entes autónomos", dijo a RPP Noticias.
González aseguró que el mandatario peruano está realizando una “persecución política” contra Colchado, así como también contra la fiscal Patricia Benavides. "Persecución política es pretender armar un circo respecto a situaciones que debe ser entendidas de otra manera. Cada día me va quedando más claro que quien ejerce presión es Pedro Castillo", sentenció.
