El gobierno de El Salvador registró 73 muertes de personas en las cárceles, detenidas durante el régimen de excepción que comenzó a regir en marzo de este año, según reconocieron autoridades a medios locales.
Funcionarios del Instituto de Medicina Legal (IML) dijeron al periódico salvadoreño La Prensa Gráfica que "tenían registradas 73 muertes en centros penitenciarios desde que se inició el régimen de excepción, el 27 de marzo".
Asimismo, organizaciones de derechos humanos denuncian la falta de información a las familias de los detenidos por parte del Estado. En este sentido, el medio subrayó que en varios de los casos los familiares desconocen la causa de muerte, mientras el Estado se limitó a entregarles los cuerpos sin comunicarles más información.
Esto "sugiere que incluso podría existir un subregistro con cifras más altas", denunció La Prensa Gráfica. Hasta el momento, el gobierno no ha informado de forma oficial la cifra de fallecidos y los registros de organizaciones sociales apuntaban a más de 60 muertos.
Un informe alerta de casos de tortura en El Salvador
A los 100 días del inicio del régimen de excepción en El Salvador, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) registró 306 casos de tortura, posibles desapariciones forzadas y tratos inhumanos por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele.
"Sumergían su cabeza en una pila con agua y le prensaban los dedos de las manos con pinzas. Mientras era torturado querían hacerle confesar que pertenecía a una pandilla. Lo colocaron en una celda donde había miembros de pandillas, ahí fue golpeado. Estuvo 12 días en esa celda. Mientras era golpeado por los pandilleros los policías también continuaron golpeándolo. Se realizó la audiencia, salió libre, y la madre lo encuentra en una condición que vomitaba sangre", relata el informe "100 Días de Régimen de Excepción en El Salvador" sobre el caso de un adolescente de 14 años.
Del total de denuncias, entre el 27 marzo y 24 de junio, en 231 casos las autoridades se negaron a dar la ubicación de personas detenidas a sus familiares. Asimismo, informaron de 28 registros de malos tratos, 12 de uso desproporcionado de la fuerza, 11 de omisión de traslado a un detenido enfermo al hospital, 11 por omisión de dotar de las medicinas, seis por intimidación y cuatro tratos crueles contra menores de edad y tres contra adultos.
La investigadora del Observatorio, Natalia Ponce señaló que "el 75,4 % son la evidencia de posibles desapariciones forzadas y la responsabilidad recaería sobre el Estado salvadoreño", indicó. Además, se repostaron 4.297 denuncias de detenciones arbitrarias, algunos incluso con múltiples víctimas.
"¿Por qué extiende el estado de excepción este gobierno? Primero porque tiene respaldo social. Cada vez son más las denuncias que recibe el IDHUCA donde se dice 'estamos de acuerdo con que se lleven a los que son (culpables), pero que no se lleven gente inocente'", señaló el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano durante la presentación del informe.
