Desde Lima

En medio de las protestas del gobierno por un allanamiento judicial a la residencia presidencial el pasado nueve de agosto y su demanda para que sea pasado a retiro el coronel de la policía que encabezó ese allanamiento, el presidente Pedro Castillo cambió este sábado a la cúpula de la policía. Los cambios se han dado en los tres cargos más altos de la institución policial: la Comandancia General y las jefaturas del Estado Mayor y de Inspectoría. Esta nueva cúpula policial deberá decidir sobre la procedencia o no de la acusación del gobierno contra el coronel de la policía que ingresó con una orden judicial a la residencia presidencial. Uno de los nuevos altos jefes de la policía que ha nombrado Castillo está acusado de haber pertenecido a un escuadrón de la muerte y por el robo de gasolina de la institución.

El allanamiento a la residencia presidencial tuvo como objetivo detener a la cuñada del mandatario, Yenifer Peredes, acusada por la fiscalía de estar involucrada en licitaciones corruptas. El fiscal ha pedido su prisión preventiva por tres años. Con información de Inteligencia de que estaba en la residencia presidencial, se le fue a detener con una orden judicial para ponerla bajo arresto preliminar hasta que se resuelva el pedido de prisión preventiva. Los fiscales y policías que allanaron la residencia presidencial, contigua a Palacio de Gobierno, cuyo ingreso fue demorado más de una hora por funcionarios de Palacio, no encontraron a la cuñada del presidente, quien se entregó al día siguiente. Este domingo se decidirá el pedido de prisión preventiva contra ella, luego de que el viernes el juez a cargo postergara sorpresivamente su fallo.

Imputaciones

La fiscalía le imputa a la cuñada del jefe de Estado los delitos de colusión agravada, lavado de activos y pertenencia a una organización criminal que actuaba “desde lo más alto del poder” para arreglar licitaciones de obras públicas a favor de empresarios amigos y beneficiarse con las ganancias obtenidas. El fiscal Jorge García asegura que el presidente Castillo encabezaba esa supuesta organización criminal. 

La fiscalía también acusa por este caso a la primera dama Lilia Paredes y a otros dos cuñados del presidente, Walter y David Paredes, para quienes ha pedido impedimento de salida del país. También está acusado el alcalde del distrito de Anguía, pequeño poblado rural andino de la provincia de Chota, en la región Cajamarca, donde la familia presidencial vivía hasta mudarse al Palacio de Gobierno. Al igual que la cuñada de Castillo, el alcalde José Medina, paisano y amigo del mandatario, está detenido a la espera de que este domingo se resuelva el pedido de prisión preventiva en su contra.

Por el allanamiento a la residencia presidencial para detener a la cuñada de Castillo, el abogado del presidente, Eduardo Pachas, ha denunciado ante Inspectoría de la policía al coronel Harvey Colchado, quien encabezó el equipo policial que participó en ese operativo, por “excesos” en esa intervención, que el abogado ha calificado como “ilegal”. Pide su pase a retiro, decisión que pasa por una previa investigación interna en la policía. El abogado señala que el coronel amenazó al personal de la residencia presidencial y que al término de la diligencia rompió el acta del allanamiento “porque lo que había hecho era ilegal”.

Cuestionamientos

Que los cambios en los altos mandos policiales se den en este momento, cuando en la cúpula policial se debe tomar una decisión sobre la denuncia del abogado del presidente contra el coronel que tuvo participación protagónica en el allanamiento a la residencia presidencial, ha gatillado duros cuestionamientos contra el gobierno. Se le acusa de hacer estos cambios para asegurar un fallo a su favor. El presidente, debilitado y jaqueado por las críticas y denuncias de corrupción, se ha abierto un nuevo flanco. El viceministro del Interior Abel Gamarra ha respondido a las críticas recordando que el presidente tiene la facultad legal de hacer estos cambios. Ha buscado restarle importancia a la remoción de la cúpula policial calificando los cambios como “normales cuando hay cambio de ministro”. Con esto alude al nombramiento de un nuevo ministro del Interior el pasado 19 de julio.

El destituido comandante general de la policía, general Luis Vera, quien había asumido hace solo tres meses, ha sido reemplazado por quien era el inspector general y número tres de la institución, general Raúl Alfaro, que así se convierte en el quinto jefe de la policía en los trece meses que lleva el gobierno de Castillo. Una inusual alta rotación en el cargo. El nuevo inspector general de la Policía, general Segundo Mejía, que decidirá sobre la denuncia del presidente contra el coronel Colchado, es nacido en Chota como Castillo. El nuevo jefe de Estado ayor, general Vicente Álvarez carga una acusación penal por asesinato por su participación en un escuadrón de la muerte policial que operó entre los años 2012 y 2016. Este grupo de policías asesinaba presuntos delincuentes y luego presentaba esas muertes como producto de un enfrentamiento que no había ocurrido.

Con eso buscaban ganar puntos para ascender. El escuadrón de la muerte fue desbaratado en agosto de 2016, al inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ese mes, el general Álvarez fue pasado a retiro y denunciado por la fiscalía por asesinato. Exjefe de la policía antiterrorista, Álvarez también está denunciado por el robo de gasolina destinada a esa dependencia policial. A pesar de estas graves acusaciones, Álvarez obtuvo en octubre de 2020 una orden judicial para ser repuesto en la policía en enero de este año. Ahora Castillo lo ha ascendido al segundo puesto más alto en la institución policial.