A 8 años de la muerte de cuatro brigadistas ocurrida cuando fueron enviados a sofocar un incendio en el El Acheral, Guachipas, el padre de uno de ellos dijo que la provincia notificó que pagará una indemnización en septiembre con la condición de que desistan de proseguir con los reclamos en la causa penal. Desde 2019 hay una sentencia que obliga a indemnizar a la familia de dos víctimas que no estaban en planta permanente, no tenían obra social, ni ART.

En el incendio de 2014 fallecieron los brigadistas Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín, Mauricio Valdez y Matías Daniel Vilte. Los dos primeros estaban en planta permente y sus familiares fueron idemnizados, pero los dos últimos tenían un contrato por otras funciones.

La esposa de Valdez, Valeria Montenegro, y la madre de Vilte, Rossana del Valle Chávez, tuvieron que constituirse como actoras civiles en la causa contra funcionarios de Defensa Civil y  la provincia de Salta, lo hicieron con la representación letrada de los abogados Marcelo Arancibia y Fernando Teseyra.  En 2019 obtuvieron una sentencia del juez Diego Rodríguez Pipino que obligaba a la provincia a pagar 9 millones a la esposa de Valdez, monto refiere a que Rossana quedó a cargo de tres hijxs. En tanto, le corresponderían 6 millones a la madre de Vilte. Sin embargo, la provincia se negó a pagar y apeló la sentencia.

Omar Valdez, padre de Mauricio Valdez, explicó a Salta/12 que se enteraron por los medios de comunicación que la provincia se comprometió a pagar la indemnización. Él es solo querellante en la causa penal. 

"Hubo una notificación al abogado Arancibia, desde la provincia. Espero que en septiembre se haga efectivo el pago. Hay que ver que cuando vayan a cobrar el cheque que tenga fondos. Desconfío muchísimo de la provincia", dijo Valdez. 

Arancibia aseguró en el medio digital DNI Salta que ese pagó se efectuó el jueves último. Salta/12 intentó consultar al letrado pero no obtuvo respuesta; en tanto, Valdez aseguró que el pago todavía no se efectivizó, además explicó que se haría con intereses que suman 11 millones y que deberán dividirse entre las dos actoras civiles.

Valdez explicó que "a Valeria y a la madre de Vilte, les hicieron firmar un compromiso de que se retiraban del caso, quedaría nula la apelación". "Fue una lucha tener esta novedad del pago, con el sueldo que ganaba mi nuera no le alcanzaba para cubrir los gastos, tiene dos chicos en primaria y uno en la secundaria. A pesar de que recibia ayuda de los abuelos, no daba abasto", contó. 

Luego del fallecimiento de los brigadistas, la provincia dio un puesto de ordenanza a cada familia, de esto trabaja la esposa de Mauricio Valdez. Sin embargo, Omar señaló que esos empleos fueron por contrato, precarizados, y ya han pasado 7 años en esa condición.

Los familiares habían presentado una apelación al fallo de Rodríguez Pipino que absolvió por la duda a los funcionarios de Defensa Civil Víctor de Jesús Ola Castro, de 63 años, y Roberto Durnelli, de 60 años, y que condenó a Víctor Cesar Dagún, de 69 años, a un año de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el término de dos años. La defensa de Dagún también apeló y el Tribunal de Impugnación lo absolvió. Los familiares acudieron con sus reclamos a la Corte de Justicia de Salta, que todavía no resolvió sus planteos. 

"Lo único que quedó firme es la sentencia del pago de la indemnización. Lo penal no tiene resolución todavía", dijo Valdez, y explicó que espera hablar con su abogado Ricardo Anuch, para que le explique si en estas condiciones pueda continuar con el reclamo penal, ya que los otros familiares también desistieron de seguir en el proceso, tras tantos años de peregrinar por justicia.

"Nosotros anduvimos bastante para poder lograr algo. Ya que la causa se había archivado, a los pocos meses de las muertes, por el fiscal Gabriel Portal, quien decía que no había responsabilidad alguna de los funcionarios, que los chicos se fueron solos a apagar el incendio, que fue un accidente. Decía que los chicos eran tozudos, que se ordenaban solos. Archivó la causa porque decía que no tenía razón de ser", recordó Valdez. Dijo que después empezó el peregrinar, en esos momentos con Pedro Albarracín, padre de Martín, hasta reabrir la causa. "Tuvimos que ir a Guachipas, a Moldes, a buscar el expediente para poderla desarchivar". Pese a ello, no han conseguido las condenas que esperaban en el proceso penal.