El gobierno debería oficializar esta semana los nuevos cuadros tarifarios de la electricidad y el gas si quiere cumplir con su promesa de que los aumentos entren en vigencia a partir del jueves 1 de septiembre. Sin embargo, por ahora hay más dudas que certezas vinculadas a la implementación de la segmentación de tarifas. Un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), dependiente de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) precisó el impacto que podría tener en términos fiscales e identificó una serie de problemas de implementación de la iniciativa acordada con el Fondo Monetario Internacional.

El plan de ajuste

Según el escenario proyectado por Cifra, de sostenerse el actual nivel de precios energéticos, el ahorro fiscal resultante del conjunto de políticas tarifarias será este año aproximadamente de 195 mil millones, lo que representa una reducción de 0,25 por ciento del peso de los subsidios energéticos sobre el PIB.

El 51 por ciento del ahorro total surge de las subas ya implementadas en marzo y junio a todos los usuarios, mientras que los últimos anuncios de quita de subsidios explicarían el 49 por ciento.

La quita total de los subsidios, que inicialmente se estimó que afectaría al 10 por ciento de los usuarios, llegaría al 38 por ciento del total entre los usuarios de altos ingresos y no inscriptos al registro de subsidios por otras razones. Cifra advierte que para este universo que pasará a pagar la tarifa plena el aumento llegará al 200 por ciento en electricidad y 90 por ciento en el gas. 

A la vez, la nueva política de incentivo de consumo eficiente para usuarios de ingresos medios y la quita del 20 por ciento de subsidios a usuarios comerciales e industriales chicos de electricidad suponen un ahorro aún mayor.

Cifra sostiene que para los usuarios residenciales de electricidad del AMBA los topes de consumo subsidiado que fijó el ministro de Economía Sergio Massa (400 kwh por mes) supondrán un aumento promedio en la factura de entre 33 y 38 por ciento. No obstante, aclara que para las categorías de mayor consumo las subas serán mayores. Por ejemplo, un usuario R6 (542 kwh/mes promedio) pasará de pagar 4163 a 6288 pesos (+51 por ciento) en Edenor y de 4138 a 6311 pesos (+52 por ciento) en Edesur. A su vez, un usuario R9 (1915 kWh/mes promedio) pasará de pagar 16.348 a 39.003 pesos en Edenor (+139 por ciento) y de 18.965 a 44.542 pesos en Edesur (+135 por ciento).

En el caso del gas el bloque o volumen subsidiado será del 70 por ciento del promedio de cada categoría de cada subzona tarifaria. La diferencia entre ese volumen subsidiado y el tope máximo de su categoría residencial se pagará el precio pleno del gas. Con este esquema un usuario residencial de Metrogas-Buenos Aires (consumo promedio de 65m3/mes) pasará de pagar 1959 a 2360 pesos (+20 por ciento). El problema en este caso es que, a mayor consumo, crece la proporción del gas subsidiado. Por ejemplo, a un R1 que consume el máximo de su categoría se le subsidiará el 35 por ciento y a un R3-3 el 64 por ciento.

Por último, en el caso de los usuarios no residenciales de energía eléctrica se avanzará en una primera etapa con una quita de subsidios del 20 por ciento, que en el caso del AMBA, significará aumentos en las boletas de entre 20 y 25 por ciento de acuerdo al nivel de consumo.

Con este paquete de medidas, los subsidios energéticos totales sobre el PIB se ubicarían en torno al 1,95 por ciento del PIB, siendo mayores a los fijados en la meta acordada con el FMI de 1,6 por ciento sobre el PIB. No obstante, Cifra advierte que el ahorro podría terminar siendo menor por diversos factores que podrían obstaculizar la implementación de los recortes.

Los 5 problemas

a) identificación del universo de no registrados: Cifra sostiene que es preciso identificar con precisión las características del universo de usuarios que aún no se inscribieron en el registro de subsidios antes de avanzar con la quita de subsidios, dado que se corre el riesgo de afectar a un sector de la población que no necesariamente cuenta con la capacidad para asumir el pago del costo total de la energía. “Esto requiere la coordinación entre distintos organismos públicos para aportar los datos de estos usuarios (composición del hogar y nivel de ingresos/patrimonio de cada integrante). Esto requiere cruzar toda la información de casi 8 millones de usuarios, lo que reviste un alto grado de complejidad”, advierte.

b) Actualización de bases de usuarios de las distribuidoras: actualmente las bases de las distribuidoras presentan diversas inconsistencias (titulares fallecidos, la persona titular no es quien vive en ese domicilio, etc.). Cifra remarca que existen 8 distribuidoras de gas (con diversas jurisdicciones de operación) reguladas por el Enargas, mientras el ENRE sólo regula a Edenor y Edesur. El resto de las distribuidoras (y cooperativas) eléctricas se encuentran bajo jurisdicción provincial. “Esto implica un enorme grado de complejidad a la hora de actualizar los cuadros tarifarios y las bases de usuarios a nivel país”, remarca.

c) Usuarios generales y comercios e industrias: en el caso del gas de red la quita de subsidios no alcanza a los comercios y pequeñas industrias, pero sí se encuentra contemplado en el caso de la electricidad. “Es probable que esta medida tenga un efecto negativo sobre el nivel de precios y el nivel de actividad”, agrega Cifra.

d) Consorcios: Cifra remarca que el impacto de la quita de subsidios sobre el nivel de expensas de los edificios impactará sobre los gastos de los hogares que habitan este tipo de propiedades. “Esto complejizará aún más la situación de los inquilinos y los sectores de ingresos bajos/medios”, sostiene.

e) Alta complejidad en la coordinación de medidas: Cifra advierte que el conjunto de políticas anunciadas en relación a la quita de subsidios energéticos (al que se suma también el servicio de agua de redes) no se planificó de forma coordinada ni presenta criterios homogéneos, lo que impide evaluar su impacto total sobre el nivel de ingresos de los distintos tipos de usuarios. “Esto genera un alto nivel de incertidumbre, en un contexto ya de por sí crítico producto de la degradación de la capacidad adquisitiva de los hogares provocada por el alto nivel de inflación”, concluye el informe.