El delegado del asentamiento “La Fortaleza”, en tierras de La Moraleja, Elías Salcedo (30), se encuentra detenido en la comisaría de Las Lajitas desde el sábado 20 de agosto acusado por "usurpación". 

La policía también secuestró la documentación que tenía de las familias asentadas, que en estos momentos son 350. Además su pareja, Melisa Castillo, dijo que en la dependencia policial, se enteraron que hay otro vecino de la ciudad, que no estaba en la toma, pero está privado de la libertad por la misma causa desde el jueves 18. La mujer anunció que este lunes realizarán una marcha a las 9 de la mañana pidiendo la libertad de ambos. 

El pedido de detención fue realizado por el fiscal de Rosario de la Frontera que se encuentra de interino en Anta, Oscar López Ibarra, y la orden fue dada por el juez Héctor Sebastián Guzmán. 

La titular de aquella Fiscalía es María García Celeste Pisacic, quien en todo este tiempo no respondió a los pedidos de audiencia de conciliación que hicieron lxs asentadxs, incluso en carácter de "urgente" con una representación letrada el año pasado. Cuando comenzó la toma, la multinacional realizó la denuncia por usurpación. Sin embargo, la carátula de la causa ahora es por "usurpación en perjuicio de la administración pública", circunstancia que aún no fue explicada por los funcionarios intervinientes.

Los abogados Pedro Brizuela y Alejandro Achtar, quienes ejercen la defensa de Salcedo, realizaron ya un pedido de libertad. "En razón de que es totalmente ajeno a los hechos que se le imputan, no se vislumbran posibilidades de que el mismo pueda evadir la Justicia, además de que tiene su familia y trabajo en Las Lajitas", fundamentaron en el breve escrito.

“El sábado pasadas las 10 de la mañana, llegó la policía, con una orden de allanamiento y detención a mi marido, Elias Salcedo”, explicó su pareja, Melisa Castillo. La mujer indicó que la policía mediante engaños solicitó inspeccionar su vivienda, de plástico. “La hoja que nos leyeron los policías decía que tenían una orden porque habíamos comprado un teléfono robado”, indicó. 

Sin embargo, “me llamó la atención cuando los policías encontraron los cuadernos de la gente del loteo, donde teníamos anotado quiénes estaban, cuántas personas eran, los números de DNI y su documentación. Cuando encontraron esa documentación, ahí terminó la búsqueda de ellos”, relató Castillo. Esa documentación fue secuestrada. 

Castillo dijo que la policía en ese momento les dijo que no encontraron lo que fueron a buscar y les pidió que los acompañen hasta la comisaría para que firmaran una constancia de ello. "Cuando termina el allanamiento, nos dicen vamos a firmar un papel, que no encontramos lo que vinimos a buscar. Nosotros fuimos, porque nunca compramos un teléfono robado", relató Castillo. 

“Yo y mi marido nos subimos a la camioneta porque no tenemos nada que esconder. Nos fuimos a la policía. (…) (En la Comisaría) Le dijeron ‘Salcedo vos quedás detenido por el tema de los lotes’”, explicó Castillo. Al pedir explicaciones, en la comisaría les dijeron que “el fiscal hizo un cambio de circunstancia”.

"¿Por qué fueron con mentiras a la casa?", cuestionó Castillo a los efectivos. “Un policía me respondió, ¿sabes qué pasa?, que la policía no puede ir a enfrentar a la gente, no podían ir a sacarlo por usurpación porque la gente no los iba a dejar". Lo que confirma esa circunstancia es la propia orden firmada por el juez Guzmán que explicita "allanamiento, secuestro y detención", y autoriza al segundo jefe de la Comisaría 51, Ángel Maximiliano González a dar cumplimiento a la medida desde el viernes 19 de agosto a las 9, en el plazo de 72 horas. Además solicitó el secuestro de teléfonos celulares, "y/o elementos de interés". 

Recién cuando puse un abogado el domingo pasado a él le dieron la caratula de la causa que dice usurpación contra la administración pública. No sabemos si las tierras pasaron de la La Moraleja a la municipalidad", sostuvo Castillo. 

Cuando detuvieron a Salcedo, Castillo se enteró en la comisaría que hay otro hombre detenido desde el jueves 18. Dijo que este vecino no estaba en la toma de terrenos, pero está privado de su libertad "por la misma causa de usurpación"

“Encima sufrí amenazas cuando en un momento me quitan mi teléfono, Elías no tenía celular. La policía me dice ‘si usted no me da el teléfono, va ir directamente detenida a Metán. Yo la tengo que arrestar porque es entorpecer la investigación’. No quería tener más problemas, yo le entregué mi teléfono”, relató la mujer.

“Nos engañaron, nos mintieron. Cómo puede ser que mi marido esté detenido, cuando somos 350 familias viviendo en un loteo. Él forma parte de un grupo de delegados. Vino después de 5 o 6 meses que estuvo trabajando en el campo, de Tolvero como ayudante de maquinista, ahora lo inculpan. Me parece una injusticia lo que están haciendo”, señaló Castillo.

La mujer también destacó que dos legisladores por Anta, estaban imputados por instigación a la toma, pero que la Justicia no fue contra ellos, sino que detuvo a su marido, que es un humilde trabajador de campo que puede incluso perder su trabajo, única fuente de sustento de su familia, en caso de seguir detenido.  Castillo incluso contó que ella estudia y no pudo asistir a clases, porque en caso de seguir detenido Salcedo, deberá buscar trabajo ya que tiene una hija de 4 años que mantener.  

En marzo de este año, el intendente Fernando Alabi se reunió con el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo. Tras la reunión, ambos funcionarios expresaron su preocupación por “destrabar el conflicto” de la toma y éste último enfatizó su interés por la “inversión privada”.

“Vecinos de Las Lajitas usurparon tierras de La Moraleja, es un problema que lleva un año y no se puede resolver pero tenemos toda la confianza en que el ministro va a ayudar a destrabar esta situación”, sostuvo el intendente Alabi luego de aquella reunión con Cornejo.

Desde la multinacional La Moraleja, en un primer momento habían manifestado las intenciones de donar las 5 hectáreas en las que se asentó la gente al municipio. Sin embargo, pusieron como condición que las familias asentadas se retiraran del lugar. Algunas se fueron pero otras se quedaron y luego la empresa informó que ya no efectuaría la donación. Según lo que explicaron lxs asentadxs, la cantidad de personas en el lugar fue variando en base a las circunstancias, que tenía que ver con las amenazas de desalojo, y las promesas del intendente de darles una solución si se iban, pero hubo familias que regresaron a la toma al no obtener respuestas a su problemática habitacional.